Londres. Los periódicos londinenses informaron a finales de agosto de que la reina Isabel II se reunió con sus consejeros más próximos para discutir el futuro de una monarquía que tiene 1.200 años de antigüedad. El palacio de Buckingham confirmó que la reina, su marido -el príncipe Felipe-, y el heredero al trono, el príncipe Carlos, así como varios asesores, habían comenzado conversaciones para tratar cuestiones importantes sobre la monarquía británica.
El periódico popular The Sun anunció que los cambios estudiados incluyen acabar con la financiación pública de la familia real (desde 1760 el Parlamento concede un «sueldo» a los monarcas británicos), modernizar las normas sucesorias, y dar cabida a que los reyes se casen con personas católicas. El artículo afirmaba también que la familia real estudia algunas propuestas para que el monarca deje de ser también el «defensor de la fe» y cabeza de la Iglesia de Inglaterra.
Uno de los puntos más polémicos es la posibilidad de permitir las bodas reales con católicos. Pues, según una ley de 1701, los miembros de la familia real que se casan con católicos pierden su puesto en la línea de sucesión al trono. El experto jurista Lord Blake advirtió en la BBC que esa decisión «significa que el próximo monarca de Inglaterra podría ser educado como católico». «Eso creará un problema», dijo, porque el monarca británico es, por virtud de su cargo, cabeza de la Iglesia anglicana. Para cambiar esta norma se requiere la aprobación de la reina y del Parlamento. El principal promotor de las reformas es el príncipe Carlos, y la reina es la principal opositora. Así que es poco probable que haya reformas efectivas antes de que Carlos herede el trono.
Ben Kobus