La epidemia de invalidez en el Estado del bienestar

En varios países europeos, un increíble número de personas tienen incapacidad laboral

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En los países de Europa occidental, todos los indicadores sanitarios -morbilidad, esperanza de vida...- reflejan la buena salud de la población. Es decir, todos menos uno: si se da crédito a las cifras oficiales, hay cada vez más personas menores de 65 años afectadas de enfermedades o accidentes invalidantes. Esta inverosímil epidemia cuesta al Estado una fortuna en pensiones, por lo que en Gran Bretaña, el gobierno laborista ha aprobado unas medidas para poner coto a la picaresca.

El virus de la incapacidad laboral se ha difundido ampliamente en los países europeos donde el Estado del bienestar es generoso. En Holanda, los inválidos son el 13% de la población en edad laboral. Los porcentajes más altos se dan entre la gente de 55 a 64 años: 22% en Holanda, casi el 20% en Austria, el 57% en Noruega. En este último país el crecimiento ha sido rápido, pues la proporción estaba por debajo del 40% en 1985.

En Gran Bretaña, uno de cada cuatro hombres de 60-64 años sufre, oficialmente, incapacidad laboral. En total, el 8% de los británicos en edad de trabajar reciben pensiones por invalidez o enfermedad, que se han convertido en la mayor partida dentro de los pagos de la Seguridad Social. El gasto en este capítulo se ha cuadriplicado desde los años 70, hasta alcanzar en la actualidad 25.000 millones de libras anuales, un cuarto del presupuesto de la Seguridad Social. En tres años (1995-98), las pensiones por invalidez aumentaron en cerca de 300.000, mientras los subsidios de paro bajaban un 40%, de 2,2 millones a 1,3 millones. La mayor parte del ahorro en los parados ha sido consumido en pensiones de invalidez, que son mucho más altas -el doble- que el seguro de desempleo.

Si se suman todas las pensiones y subsidios sociales, unos 30 millones de personas en Gran Bretaña -la mitad de la población- reciben algún tipo de ayuda estatal. El gobierno laborista, que desea recortar los gastos de la Seguridad Social para destinarlos a educación y sanidad, presentó un proyecto de ley que prevé controles más rigurosos para comprobar si la invalidez es real. Además, exige que los beneficiarios hayan cotizado a la Seguridad Social durante al menos dos años antes de pedir la pensión. Los nuevos requisitos no se aplicarán a los que ya tienen declarada la incapacidad laboral. Pese a la relativa suavidad de la reforma, se aprobó por mayoría de sólo 40 votos, pues uno de cada cuatro diputados laboristas votó en contra o se abstuvo. El gabinete de Blair sólo había sufrido una rebelión semejante -aunque menos numerosa- de parlamentarios de su propio partido con ocasión de otro recorte de subsidios sociales, en aquella ocasión los destinados a madres solteras.

Gran parte de los inválidos -en Gran Bretaña y en otros países-, en realidad son parados, comenta The Economist (22-V-99). Así hace sospechar la exagerada aparición de incapacidades en los diez últimos años de vida laboral. Los que a esa edad pierden el empleo suelen tener difícil encontrar otro, porque son poco competitivos. Por eso muchos recurren a pedir la declaración de invalidez, cosa que hacen con la complicidad de los gobiernos, deseosos de que no suba la tasa de paro. Las pensiones de invalidez sirven así como regímenes de jubilación anticipada. El gobierno británico calcula que más de un millón de "inválidos" están en condiciones de trabajar; de ahí que otro de los puntos de la reforma aprobada sea prestarles asistencia para encontrar empleo.


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