Las escuelas católicas francesas terminan el siglo con menos dificultades externas -por parte del Estado- que en la década anterior. A la vez, la pérdida de alumnos y la falta de profesores con formación religiosa son los principales problemas a los que ahora se enfrenta. Tal es el balance que hace Martine de Sauto en La Croix (10-VI-99), con ocasión del nombramiento de nuevo secretario general de la enseñanza católica.
El secretario saliente, Pierre Daniel, de 68 años, es una personalidad destacada en la enseñanza católica francesa. Era presidente de la Unión Nacional de Padres de alumnos católicos (Unapel) en 1984, y como tal encabezó la lucha contra la ley Savary, de corte estatista y discriminatoria para la enseñanza privada.
La Unapel mostró entonces su fuerza con una masiva manifestación popular que persuadió al gobierno a retirar el proyecto. Más tarde, a partir de 1993, la escuela católica francesa tuvo que resistir la reforma de la ley Falloux, que la amenazaba con nuevas desigualdades en la adjudicación de subvenciones públicas para mantenimiento de instalaciones.
Paul Malartre, de 53 años, que relevará a Daniel en noviembre próximo, encuentra un panorama más apaciguado. La enseñanza católica ha llegado a acuerdos con el Estado que la aproximan a la paridad con la escuela pública, en materia de subvenciones por gastos de funcionamiento y de salarios del personal docente. Pues las escuelas católicas francesas no son estrictamente privadas: en virtud de su «contrato de asociación» con el Estado, prestan el mismo servicio público gratuito que los centros estatales, y con las mismas exigencias legales.
Pero aún subsisten desigualdades, que el nuevo secretario tendrá que afrontar. Los profesores de la enseñanza católica no reciben la misma pensión, al jubilarse, que los de la red estatal. Además, las escuelas católicas han de costear a sus profesores unos suplementos de previsión social y unos pagos en el momento del retiro que el Estado no tiene que dar a los suyos. Estas cargas adicionales se acaban traspasando a las familias, lo que pone en peligro la gratuidad de la enseñanza en los centros católicos y, por tanto, la capacidad de estos para acoger alumnos de extracción social modesta. De hecho, ya es relativamente escasa la implantación de la enseñanza católica entre la población menos acomodada.
La cuestión se pone más difícil porque se reduce la clientela. A causa del descenso de la natalidad, en lo últimos cinco años la enseñanza católica ha perdido 60.000 alumnos, y perderá otros tantos en el próximo quinquenio. Este descenso es, en proporción, menor que el experimentado por las escuelas estatales, pero amenaza más la supervivencia económica de las católicas.
De todas formas, quizá la cuestión más básica es la de cómo preservar la identidad católica de las escuelas con falta de personal que la garantice. La mayor parte de los centros católicos fueron fundados por congregaciones religiosas; pero ahora, pocas de ellas disponen de suficientes miembros para mantener comunidades al frente de sus colegios. Desde hace quince años, se emplea la fórmula de la «tutela»: las congregaciones mantienen la responsabilidad de los centros, pero la gestión está confiada a laicos. El problema adicional es que numerosos profesores carecen de formación religiosa, lo que deja las escuelas católicas, en buena parte, al cuidado de personal poco identificado con el ideario propio.
Pese a todo, la enseñanza católica sigue teniendo peso en Francia. Comprende 9.500 centros donde estudian dos millones de alumnos no universitarios, el 20% del total. Está muy bien implantada en la enseñanza agraria, con el 30,5% de los alumnos. Y tampoco es despreciable en la educación secundaria no agrícola (19,5%) y en la primaria (15,3%). Cuenta con 800.000 padres de alumnos y 120.000 profesores.