Terapias y homosexualidad

La ciencia por decreto

Página 1

El pasado 29 de septiembre, Jerry Brown, gobernador de California y miembro del partido demócrata, sancionó la ley que prohíbe las terapias reparativas para homosexuales (terapias que ofrecen ayuda para superar esas tendencias). La prohibición –que entrará en vigor en enero de 2013– afecta solo al tratamiento a menores de 18 años.

Sin embargo, varias organizaciones han expresado su temor a que este pronunciamiento termine por sancionar un estado de opinión según el cual todas las orientaciones sexuales son igualmente naturales y no pueden ser modificadas (al menos no la de los homosexuales), independientemente de la edad del individuo.

El temor a que la prohibición concreta degenere en un tabú sobre la posibilidad de revertir la tendencia homosexual está justificado: el propio Brown manifestó, poco después de sancionar la norma, que los esfuerzos por cambiar la orientación sexual “quedarán ahora relegados a la papelera del curanderismo”. Los argumentos aducidos por los defensores de la ley son que estas terapias provocan frecuentemente daños psicológicos (depresión, ansiedad, etc.), y que fomentan la idea de que la homosexualidad es una enfermedad.

Ningún adolescente es suficientemente maduro para poder definirse a sí mismo como gay, dice Nicolosi

Un artículo del 30 de agosto en The Christian Science Monitor recogía las opiniones de varios psicólogos o activistas ante la (entonces) probable firma de Jerry Brown. Entre los partidarios de las terapias, Joseph Nicolosi –psicólogo y fundador de la National Association for Research and Therapy of Homosexuality (NARTH)– señalaba que la prohibición nacía de un malentendido: “No creemos que existan en realidad adolescentes gays, porque ningún adolescente es suficientemente maduro para poder definirse a sí mismo como tal. Por tanto, nuestro propósito no es tanto ‘convertirlos’ en heterosexuales como investigar esas tendencias y ayudarles en su confusión”.

En el mismo artículo se recoge la opinión de James Kushner, un abogado constitucionalista de Los Ángeles. Para Kushner, el único reparo que cabe poner a la ley es que puede provocar que los menores que admiten su desorientación afectivo-sexual dejen de acudir a un especialista. Por su parte, advierte Kushner, los especialistas probablemente dejarán de ofrecer algunos consejos por temor a violar la ley, aunque piensen que esos consejos son acertados.

Prohibición: más problemas que ventajas

Christopher J. Ferguson, psicólogo y profesor universitario, es un colaborador habitual de la revista Time para temas relacionados con la psicología. También ha participado en algunas comisiones de la American Psychological Association (APA). En un artículo del 9 de octubre sopesa los pros y los contras de la decisión de Jerry Brown. Aunque se muestra crítico con las terapias reparativas en general, admite que los posibles efectos negativos de la prohibición son de más envergadura que sus eventuales beneficios.

La labor del psicólogo es juzgada por sus ideas sobre un aspecto de la salud y no por el efecto real que pueda tener sobre la salud del paciente

Ferguson piensa que la evidencia científica para respaldar estas terapìas es muy débil. Además, considera que el riesgo de que estas terapias produzcan daños psicológicos en menores es real. Sin embargo, argumenta que hay razones que desaconsejan la prohibición.

En primer lugar, se plantea por qué no se prohíben otro tipo de terapias, también “agresivas”, como las llamadas scared straight (concienciar a jóvenes delincuentes acercándoles de primera mano a la vida en prisión, para que escarmienten), los campamentos semi-militares para inculcar disciplina a niños con dificultades sociales, o las campañas antidroga DARE. Ninguna de estas iniciativas han demostrado científicamente su eficacia, pero eso no ha conllevado su prohibición.

En segundo lugar, Ferguson teme que la prohibición de estas terapias provoque que se lleven a cabo de modo no oficial, lo que supondría un menor control por parte de las autoridades sobre qué especialistas las están practicando, y si están cualificados o no.

Sin embargo, la principal objeción de Ferguson tiene que ver con el mismo fundamento de la ley: “el verdadero problema es que las conclusiones de la psicología son aún demasiado vagas e incontrastables como para ser la base de decisiones políticas o de leyes”. Esto debería aconsejar no prohibir algo hasta que no se tenga una evidencia del daño que provoca; o en todo caso prohibir determinadas terapias por sus métodos y no cualquiera que comparta el objetivo de revertir una tendencia homosexual.

Del terreno clínico al ideológico

Precisamente esto es lo más llamativo del texto de la ley recién aprobada. En él se excluye de la prohibición cualquier tratamiento de salud mental o consejo psicológico “salvo los encaminados a modificar la orientación sexual del paciente”.

Un poco más abajo, el texto precisa qué tipo de terapias no están incluidas dentro de la prohibición: facilitar al paciente la aceptación de su condición homosexual, explorar y desarrollar esta identidad, “incluyendo intervenciones neutrales para prevenir prácticas sexuales de riesgo”. Es decir, el psicólogo se debe limitar a fortalecer la orientación sexual de sus pacientes, o como mucho a sugerirle consejos “neutrales”.

Este tipo de lenguaje esconde una concepción realmente original de la legalidad o ilegalidad de las prácticas médicas. La labor del psicólogo es juzgada por sus ideas sobre un aspecto de la salud y no por el efecto real que pueda tener sobre la salud del paciente, desplazando la discusión del terreno clínico al ideológico. Y eso que son los defensores de la ley los que acusan a sus detractores de basarse en argumentos pseudocientíficos.

Salta a la vista que la ley busca algo más que proteger la salud de los ciudadanos. Si así fuera, sería más útil concretar qué tipo de prácticas son dañinas, y prohibirlas. Sin embargo, el texto abunda en citas de informes, artículos o ensayos que concluyen que la homosexualidad no es un desorden, como si la finalidad de la ley fuera aclarar este punto, y lo prohibido fuera opinar lo contrario.

Los que sí se pueden sentir discriminados, después de leer la ley, son los que quieren cambiar su orientación sexual, pero hacia la heterosexualidad. Ellos no suelen gozar de personajes que les representen en las series de televisión, mientras que son numerosos los que “salen del armario” entre aplausos y felicitaciones por su valentía. Ahora, a la discriminación mediática se une la legal. Demasiado castigo por no ser felices.

Así lo entienden también los miembros de la asociación Wuestenstrom, dedicada a atender a personas que no se sienten a gusto con su orientación sexual. En una carta dirigida a la OSCE con ocasión de un encuentro internacional sobre estos temas, dicen representar a una minoría “ignorada” por el discurso oficial: personas que “cuando buscan ayuda para sus esfuerzos de cambio, experimentan que sus intereses, su desarrollo personal y su sufrimiento son menospreciados”.


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