La agencia estatal de protección a la infancia de Arizona (Child Protective Services, CPS) funciona increíblemente mal. El mes pasado se descubrió que había archivado sin hacer pesquisa alguna más de seis mil denuncias de malos tratos, abusos sexuales o abandono de menores. Ha habido que ordenar una revisión completa y formar unos equipos de policías y otros agentes públicos para averiguar qué ha sido de esos niños.
Por fortuna, hasta ahora no se ha encontrado ninguna desgracia entre 367 niños que han sido visitados por los agentes a fecha de hoy. Los casos sin resolver son 6.554 desde 2008, de los que unos quinientos fueron asignados a empleados de los CPS pero siguen pendientes. La gran mayoría, unos cinco mil, corresponden a llamadas hechas al teléfono de emergencia de los CPS en los últimos veinte meses. El 19% del total, 1.262, han sido seleccionados para investigación inmediata por los equipos especiales, que al paso actual terminarán antes de que pase una semana.
Además, los CPS tienen un atasco de unos diez mil casos pendientes de investigación y otros doce mil iniciados pero sin terminar. La razón de tamaña negligencia no puede ser solo los recortes de presupuesto que ha sufrido la agencia, que dice tener 600 empleados menos de los necesarios para llevar al día los casos.
Según la senadora estatal Nancy Barto, el problema es también que los CPS forman parte del mayor departamento del gobierno estatal, una inmensa burocracia que se ocupa de todos los programas de asistencia y política social, y se había creado un ambiente en que nadie se sentía obligado a dar cuentas (cfr. The New York Times, 11-12-2013). Esto contribuye a explicar cómo se ha podido archivar casos durante tanto tiempo sin que saltaran las alarmas, pese a la viva sensibilidad social con los abusos y malos tratos a menores. La conclusión es que los CPS necesitan una reforma de arriba abajo.