Vejez, longevidad y seguros médicos

Japón experimenta el seguro para la asistencia domiciliaria a ancianos

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Ashiya. Ante la necesidad de atender a personas mayores que necesitan ayuda a domicilio por tiempo indeterminado, el gobierno japonés lanzó en abril de 2000 un plan de seguros municipales para ancianos (ver servicio 40/00). Se pensaba que el "Long-Term Care Insurance System" sería una mina de oro para las empresas dedicadas a la asistencia a personas de edad avanzada. Un año más tarde ese exagerado optimismo ha sido sustituido por una visión más realista.

Muchas empresas grandes que ya se dedicaban de alguna manera al cuidado de ancianos expandieron sus servicios y cientos de nuevas empresas más pequeñas nacieron convencidas de que con el creciente envejecimiento de la población japonesa había grandes posibilidades de ganancia en este sector.

El nuevo sistema de seguros de asistencia para mayores incapacitados se financia en un 50% con fondos del gobierno central y de los municipios, y el otro 50% con primas que pagan obligatoriamente todos los que hayan cumplido 40 años. Las sumas con que contribuyen dependen de la edad y del nivel de ingresos. Las pólizas cubren hasta el 90% del importe de los servicios prestados por los proveedores, mientras que el restante 10% corre a cargo de los beneficiarios. Pueden solicitar la ayuda a domicilio los mayores de 65 años afectados por alguna invalidez. En cada caso son los municipios los que deciden si los solicitantes tienen una incapacidad que justifique los servicios a domicilio y qué nivel de cuidados necesitan.

Elegir al proveedor

Antes de abril de 2000, normalmente los municipios ofrecían gratis una serie de cuidados a personas mayores. Organizaciones de asistencia social y empresas contratadas por los municipios llevaban a cabo el trabajo. La nueva ley permite la competencia libre y muchas empresas entraron en el mercado, especialmente en la categoría de ayuda doméstica. Los ancianos que necesitan este tipo de servicios pueden ahora elegir entre organizaciones semipúblicas, privadas o bien entidades sin fin de lucro.

Normalmente los que ya antes recibían cuidados gratuitos, tienden a contratar a los mismos proveedores, en particular a los concertados con los municipios. Esto ha limitado al principio las oportunidades de negocio para el sector privado. Algunas empresas que habían apostado muy fuerte en este sector abriendo residencias para ancianos, han tenido que reducir su actividad por falta de demanda.

Comsn Inc. -uno de los líderes del sector- abrió 1.200 establecimientos en abril del año pasado. Pero en muchos de ellos no consiguió suficientes clientes, entre otras cosas por no estar en los lugares adecuados, lo que le costó unas pérdidas de 37 millones de dólares. Ahora ha reducido el número de centros a 300. Este fracaso no ha conseguido desalentar a Masahiro Origuchi, presidente de la compañía: "Pienso que abrir el mayor número posible de centros asistenciales fue la mejor estrategia en ese momento. Al principio no fue sencillo elegir los lugares más apropiados, porque era difícil saber cómo iba a ser la competencia de los servicios prestados por las organizaciones semipúblicas de beneficencia social en cada región. Si hubiéramos empezado con solo 300 ahora tendríamos menos de 100".

Hay que tener en cuenta que el seguro no cubre los gastos de estancia en las residencias, y algunas son caras.

Tres millones de beneficiarios

Nichii Gakkan, la empresa más importante en este tipo de servicios, ha cerrado también 150 centros, reduciendo a 630 el número que mantiene en la actualidad. "Se vislumbran signos alentadores para el futuro", dice Kazuyoshi Yaji, vicepresidente de la compañía. Alrededor de diez mil personas son elegidas cada mes como beneficiarios de las pólizas para ayuda doméstica o servicios asistenciales a domicilio, y Nichii Gakkan consigue alrededor del 25% de ellos como clientes. "Al principio fue difícil ofrecer nuestros servicios, porque la mayoría de los ancianos los recibían ya antes de organizaciones semipúblicas. Pero ahora podemos llegar a personas que empiezan a disfrutar de estos servicios por primera vez".

Antes de empezar este sistema de seguros, alrededor de un millón de ancianos utilizaban los servicios que prestaban los municipios. En la actualidad los que han sido reconocidos con derecho a disfrutar del nuevo sistema superan ya los tres millones.

Antes de introducir el nuevo sistema, el gobierno estimó en 4,3 billones de yenes los gastos en el primer año fiscal, que terminó en marzo pasado. Pero a mediados del verano de 2000 las dificultades de los proveedores principales empezaron a hacerse patentes, a pesar del prometedor pronóstico de mercado.

De todos modos, un examen detallado de la cuestión muestra que no todo han sido pérdidas en este año y medio de funcionamiento del nuevo sistema. Mientras las grandes compañías con sucursales en todo el país han tenido problemas, las de tamaño medio o pequeño están sacando buen partido de estos negocios.

Intensa competencia

La competencia entre las empresas privadas es intensa, especialmente en lo que se refiere a la asistencia doméstica y al alquiler de equipo (camas mecánicas, aparatos que estimulan la movilidad de los ancianos...).

Por otra parte, los mayores con derecho a recibir ayuda domiciliaria se muestran cautelosos a la hora de contratar los servicios. El hecho de tener que pagar el 10% del costo contribuye a moderar el gasto. Otra de las causas es que bastantes ancianos, que necesitan tratamiento médico, prefieren todavía ir al hospital. También se ha notado la falta de información acerca del uso de estos nuevos servicios.

Uno de los principales asuntos todavía sin resolver es la política de precios fijados por el gobierno. El precio normal por hora es de 1.500 yenes (12 dólares) para los asistentes domésticos (ayuda en las tareas de la casa); de 4.020 yenes (32 dólares) por asistencia física (incluida higiene personal, etc.); y 2.780 yenes (22 dólares) por la combinación de estos dos servicios, más económico quizá porque las mismas personas pueden prestar varios servicios.

Para muchos proveedores la tarifa de la ayuda doméstica resulta demasiado baja para cubrir sus costos. Por otra parte, los beneficiarios tienden a pedir los servicios más baratos, ya que han de pagar el 10%. Para subsanar las dificultades, algunas empresas se concentran en los servicios de asistencia física y, cuando los clientes piden ayuda doméstica, los remiten a organizaciones sin fin de lucro o a otros proveedores más pequeños.

Al parecer, el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar está considerando la posibilidad de aumentar los precios fijados para cada servicio. Pero este posible cambio no se dará hasta abril de 2003, cuando está prevista una primera revisión del sistema.

Otro problema suscitado tiene que ver con el respeto de la privacidad. Muchos japoneses defienden todavía la idea de que los miembros de la familia, en especial las amas de casa, son los que deben proporcionar la ayuda necesaria a los mayores, evitando "meter en casa" a extraños. Pero este punto de vista está destinado a cambiar, ya que cada vez son más los ancianos que viven solos, o que no pueden ser atendidos por familiares.

Uno de los objetivos del nuevo sistema es, precisamente, aliviar el peso que supone para los familiares tener que hacerse cargo de padres o abuelos incapacitados, un peso que, en esta sociedad longeva, suele recaer además en parientes ya bastante entrados en años.

Cuando los familiares no pueden

A partir de ahora los gastos en asistencia social a los mayores aumentarán, porque la población de jubilados crece sin parar. Los datos más recientes señalan una esperanza de vida de 84,6 años para la mujer y 77,6 para el hombre.

Otra de las razones por las que se aceleró la puesta en marcha del Long-Term Care Insurance está todavía lejos de lograr su objetivo: reducir la enorme carga que pesa sobre el seguro nacional de enfermedad. Este seguro, que ha venido facilitando servicios médicos relativamente baratos desde su establecimiento en 1961, se ve hoy en peligro de bancarrota.

Según el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, los gastos médicos crecen a un ritmo anual de entre el 4% y el 5%. Actualmente representan un promedio de 240.000 yenes por persona (1.930 dólares). Y los gastos médicos correspondientes a los mayores de 70 años han registrado un 8% de incremento anual en los últimos diez años y suponen un 36% del total de gastos en 2001.

Mejor en residencias que en hospitales

Con el acelerado ritmo de envejecimiento de la población japonesa y el mal estado actual de la economía, la cuestión de quién debe cargar con los crecientes costos médicos se ha convertido en la manzana de la discordia. "La precaria situación fiscal del seguro de enfermedad no permite aplazar la reforma", ha dicho recientemente el ministro de Sanidad, Chikara Sakaguchi.

Espoleado por el afán de reformas del primer ministro Junichiro Koizumi, el Ministerio hizo público un anteproyecto de reforma del seguro de enfermedad. En esencia, lo que se pretende es que la gente pague más y que las instituciones médicas gasten menos.

El Ministerio dice que el futuro del seguro de enfermedad depende de una revisión a fondo de los gastos médicos para los viejos. Las compañías de seguros piden que las personas de edad avanzada paguen una parte mayor para que se responsabilicen de sus gastos médicos.

El desbocado aumento de los gastos médicos se atribuye en parte a que personas de edad avanzada que necesitan cuidados de ayuda pero no tratamiento médico, están hospitalizadas debido a la escasez de residencias para ancianos. Dice Sajiro Takine, director de una residencia de ancianos y conocido comentarista en este campo: "Proporcionar cuidados en hospitales es mucho más costoso que en residencias de ancianos. Es natural, por lo tanto, que el seguro de enfermedad esté en quiebra".

Según el Ministerio, el nuevo seguro de asistencia a ancianos ha financiado servicios por un valor de 1,7 billones de yenes que de otro modo habrían recaído sobre el seguro de enfermedad. Sin embargo, un gran número de ancianos no pueden encontrar sitio en residencias. El Ministerio propuso alcanzar el objetivo de 178.735 camas en el año 2000 en instituciones para ancianos, pero en abril de este año ese número era de 118.598.

¿Bajará la calidad del servicio?

Todo esto está produciendo un descontento general, tanto por parte del público como entre la industria médica, que es uno de los grupos de presión más influyentes del país, con fuertes conexiones con el Partido Liberal Democrático (el de la mayoría de la coalición del gobierno). "El proyecto de reforma mira solo a apoyar los esfuerzos del gobierno para conseguir la reforma fiscal", dice Eiko Tsuboi, presidente de la Japan Medical Association. "Los pasos propuestos producirán un bajón en la calidad de los servicios médicos prestados al público".

Con fuertes presiones que pueden hacer descarrilar el proyecto de reforma, está claro que la decisión final requerirá mucha voluntad política. Por su parte, el Ministerio de Finanzas apoya la propuesta de que los mayores de edad arrimen más el hombro a la hora de pagar la factura médica. "Ha llegado ya el momento de superar la idea de que los viejos son pobres y débiles", dice un funcionario del Ministerio. "Al fin y al cabo, ¿quienes sino los viejos tienen en sus manos la mayor parte de los 1.400 billones de yenes en bienes económicos y fondos de pensiones del Japón?".

Propuestas para la reforma del seguro de enfermedad

- A partir del año fiscal 2002, el gobierno cubre el 70% de los gastos médicos de los ciudadanos de 3 a 69 años, que deben pagar el restante 30%. Los de 70 a 74 años pagarán el 20% de sus gastos médicos. Y los mayores de 75 años, el 10%. En el caso de los niños de menos de 3 años, el gobierno cubre el 80%.

- A partir de año fiscal 2002 se introducirán topes en el aumento de los gastos médicos destinados a los ancianos.

- A partir de 2003, las pólizas de seguros se basarán en los ingresos anuales totales, incluyendo las primas (bonos), y no solo el salario base como hasta el momento.

- Se revisarán los precios oficiales de las medicinas cubiertas por el seguro de enfermedad.

- Se revisarán los honorarios por servicios sanitarios pagados por los seguros a las instituciones médicas.

- Los proveedores de los cuidados médicos compartirán on line el historial clínico de los enfermos.

- Se normalizará el tratamiento para varias enfermedades, evitando pruebas innecesarias.

- Desaparecerán las restricciones a la publicidad de instituciones médicas.

Antonio Mélich

La asistencia a los mayores en España

La asistencia a los mayores es una de las necesidades sociales más claras que tendrá que afrontar España en el futuro próximo. Actualmente, los españoles que han alcanzado los 65 años son algo más de seis millones y medio, cifra que representa el 16,2% de la población. Según los datos de la esperanza de vida, quien alcanza los 65 años tiene por vivir 16 y 19,8 años más, para hombres y mujeres, respectivamente. De los mayores de 65 años, 1,4 millones sufren algún tipo de dependencia, de los cuales 825.000 tienen dependencia grave.

Este aumento de la longevidad permite que vivan al mismo tiempo más generaciones de una familia. Tradicionalmente, han sido las mujeres, y sobre todo las hijas, las que han realizado las tareas de cuidado de los mayores dependientes. El perfil de la cuidadora (82%) es una mujer adulta (de 45 a 64 años), dedicada a las tareas domésticas. La situación cambiará en los próximos años de forma radical, tanto por el menor número de hijos que puedan cuidar a los padres como por el hecho de que ahora la mayoría de las mujeres trabajan fuera de casa.

Además, como señalan algunas predicciones, el año 2020 será el punto de máxima presión sobre los sistemas de protección social en España, en especial sobre las pensiones. Para entonces, unos dos millones de personas tendrán más de 80 años.

Ante la situación, se ve la necesidad de desarrollar servicios sociales de proximidad para los mayores. En esta línea, el gobierno está preparando una ley de protección económica a la dependencia, una de cuyas medidas será crear un seguro público de dependencia. Seguro que ha sido visto con buenos ojos por el vicepresidente del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO), Alberto Galerón, y que podría ser complementario con seguros privados. Las compañías aseguradoras están a la espera de la decisión. Pero tienen una cosa clara: si el seguro es obligatorio, tendrá que ser barato, vista la experiencia estadounidense. En Estados Unidos las elevadas primas y el carácter restrictivo de las necesidades que cubren ha provocado que solo un 10% de personas mayores con elevados niveles de renta se hayan decidido a contratar alguna póliza.

Junto al seguro, hoy en día hay ya otros recursos asistenciales en funcionamiento. Residencias, Servicio Público de Ayuda a Domicilio, Centros de Día y Teleasistencia son algunos de los más significativos.

Según datos del Informe 2000 del IMSERSO, en España hay 3.720 residencias, que ofrecen unas 200.000 plazas, de las que aproximadamente el 65% corresponden a centros privados. Se considera que hacen falta muchas más plazas, como se observa por las listas de espera en las residencias públicas, más económicas. El Servicio Público de Ayuda a Domicilio presta asistencia a unos 113.000 usuarios. Los Centros de Día tienen cerca de 7.000 plazas y hay 50.000 usuarios de Teleasistencia. ACEPRENSA.


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