Análisis
La importación de líneas celulares procedentes de embriones que el Instituto Karolinska de Suecia ha cedido al Banco Nacional de Líneas Celulares de Granada, ha sido recibida como el pistoletazo de salida a la investigación con células madre embrionarias. Lo importante es transmitir a la sociedad el mensaje de que gracias al gobierno socialista ya se puede investigar con células madre embrionarias en España. El problema es que el mensaje no se ajusta del todo a la legalidad.
En los últimos meses se han aprobado dos Reales Decretos que desarrollan la ley 45/2003 por la que se modificó la ley de 1988 sobre Técnicas de Reproducción Asistida. La reforma tenía como objetivo evitar que se siguiera produciendo la acumulación de embriones procedentes de la fecundación «in vitro» ( más de 100.000 embriones en los congeladores), reducir el riesgo de partos múltiples, y la aplicación de la reducción embrionaria.
En el primer Real Decreto, aprobado el 23 de julio, el Gobierno ha establecido 25 excepciones en las que estaría justificado fecundar un número mayor de ovocitos que los tres establecidos por la ley, dejando en manos de los médicos la determinación del número de ovocitos que haya de ser fecundado en cada caso.
Lo que se consigue de hecho es «liberalizar» el número de ovocitos a fecundar, mientras el número de embriones que se pueden implantar sigue siendo tres. Y según han declarado expertos como Alberto Romeu, presidente de la Federación de Asociaciones para el Estudio de la Reproducción, resulta «ilógico» que las excepciones sean más amplias que la propia ley. Podríamos decir que el gobierno, por motivos de comodidad, considera que debe saltarse el contenido de la ley, respetando su formalidad y legislando a través de un Real Decreto en contra de la misma.
Sin embargo, avances científicos, de los que nos informa la revista «Nature» de este mismo mes, se encaminan hacia la implantación de un solo embrión, lo que, además de solucionar los embarazos múltiples, ha demostrado un porcentaje de éxitos muy superior al de la implantación de dos o más embriones. Esto ya está siendo recogido por países como Suecia, que en enero de 2003 prohibió transferir más de un embrión salvo casos realmente excepcionales.
El Real Decreto destruye la ley que desarrolla al dinamitar uno de sus objetivos principales, que respondía a las recomendaciones del Comité Asesor de Ética, de evitar la acumulación de los embriones congelados. Frente a esta intención deseada por todos, el Real Decreto provoca conscientemente una nueva acumulación de embriones en el congelador, sin dar una solución y haciendo mayor el problema.
Más embriones congelados
Precisamente el segundo Real Decreto, aprobado el pasado 29 de octubre, estaba destinado a poner «solución» a este problema de la acumulación de embriones congelados, desarrollando los procedimientos por los que los progenitores deberían decidir el futuro de sus embriones congelados entre las cuatro opciones ofrecidas por la ley: el mantenimiento de la crioconservación hasta que sean transferidos a la propia madre; la donación, sin ánimo de lucro, con fines reproductivos a otras parejas que lo soliciten; el consentimiento para que las estructuras biológicas obtenidas en el momento de la descongelación puedan ser utilizadas con fines de investigación; o proceder a su descongelación sin otros fines.
El Ministerio de Sanidad se limita a regular el consentimiento de los progenitores para la investigación con embriones y renuncia a regular otras opciones a las que la ley otorga la misma validez. Además el Ministerio se olvida también de desarrollar, como le sugería la ley, la crioconservación de óvulos, que plantea muchos menos problemas éticos y tan buenos resultados está produciendo en los procesos de fecundación «in vitro» (un 42,6% de éxito frente al 34,7% de los embriones congelados). Y deja a un lado también la potenciación de la investigación con células madre adultas, las únicas que a día de hoy están produciendo resultados médicos contrastados.
Desgraciadamente el Ministerio ha decidido vaciar la ley de contenido y convertirla en un instrumento para facilitar la investigación con embriones, algo que ni siquiera se ha molestado en ocultar. Así, a través de un fraude de ley, se consigue la creación de nuevos embriones congelados, que irán acumulándose hasta convertirse en problema y terminarán siendo materia prima de futuras investigaciones, en flagrante contradicción con la legislación española vigente, en la que crear embriones para la investigación es un delito castigado en el Código Penal.
Rafael Rubio___________________Rafael Rubio es Profesor de Derecho Constitucional (Universidad Complutense).