¿Cómo conciliar la protección del subsidio de desempleo y el estímulo para que el parado busque y acepte un trabajo? Este problema, común a tantos países, empieza a suscitar iniciativas para que las ayudas públicas sirvan para crear empleo, en vez de perpetuar la exclusión. En Francia, acaba de lanzarse la idea de un contrato iniciativa-empleo.
Actualmente, a ciertos niveles de sueldo, pasar del paro al empleo puede suponer una pérdida de ingresos. Con el subsidio de paro, complementado a menudo con esporádicos trabajos informales, puede suceder que el desempleado gane más que con un sueldo por el que tendría que pagar impuestos. Por lo tanto, en esos casos se tiende a prolongar hasta el límite el cobro del subsidio del paro.
Para combatir esa tendencia, algunos países obligan a los parados que han rechazado varias ofertas durante cierto tiempo, a aceptar un empleo o perder el subsidio. Pero puede haber otros métodos, como el que ha propuesto en Francia el candidato a la presidencia Jacques Chirac.
La fórmula del contrato iniciativa-empleo admitiría que el parado que encuentra empleo siga percibiendo una parte del subsidio de paro, fijada en 2.000 francos al mes durante dos años. Esta prima más el sueldo de la empresa le supondría unos ingresos mayores de los que obtiene en el paro, y si es el caso le permitiría aceptar un salario más bajo sin mengua de su poder adquisitivo.
Para estimular a las empresas a que no bajen los salarios, en estos casos el Estado se haría cargo de una parte de las cotizaciones sociales: las que conciernen a la fracción del salario que va hasta el nivel del salario mínimo.
También el erario público saldría ganando: se ha calculado que el coste de la prima de 2.000 francos mensuales durante dos años y de la asunción de parte de las cargas sociales por el Estado supone un gasto anual inferior en 7.000 francos a lo que supondría el promedio del subsidio de paro.
El proyecto prevé que un contrato de este tipo sólo pueda aplicarse a actividades nuevas, ya sea de empresas establecidas o de empresas de nueva creación. Pues se trata de evitar que estos nuevos contratos sustituyan a los contratos clásicos de trabajo, sin que crezca el número total de empleos de la economía.
No es ésta la única idea para lograr que los parados de larga duración vuelvan a poner pie en el mercado de trabajo. Otra experiencia limitada va a permitir que la empresa que da trabajo a un desempleado que lleva más de ocho meses en el paro, perciba en su lugar el subsidio de paro y le pague el salario previsto en los convenios. Esta ayuda se mantendrá durante seis meses. Si al cabo de este plazo el trabajador no es contratado, podrá volver a inscribirse en el paro con todos sus derechos.
Otra medida concierne a las personas que viven desde hace dos años y medio gracias al «ingreso mínimo de inserción» (RMI), un subsidio de supervivencia. Una ley reciente autoriza a las empre-sas que las empleen a percibir como subvención el promedio del RMI (1.850 francos mensuales). Como siempre, existe el riesgo de que los empleado-res recurran sistemáticamente a los trabajadores «subvencionados» durante el tiempo que dure la ayuda, sin contratarlos al final. Pero estos efectos perversos parecen menos graves que la persistencia del paro de larga duración.
En Alemania se acaban de reunir gobierno, sindicatos y empresarios para diseñar una estrategia de cuatro años contra el paro de larga duración. Con la idea de crear 180.000 puestos de trabajo, se ha pactado un programa -similar al del año pasado- que prevé subvenciones estatales a las empresas que contraten a personas que lleven más de un año desempleadas. La subvención podría llegar a ser el 80% del salario, durante un año, para nuevos empleados que lleven más de tres años en paro. Y sería del 60% para las contrataciones de personas paradas durante un año. El gobierno invertirá en este programa 3.000 millones de marcos en los próximos tres años.
Por otra parte, los principales sindicatos alemanes aceptaron la semana pasada apoyar la reduc-ción de jornada laboral, con los consiguientes re-cortes salariales, para facilitar la contratación de nuevos empleados. Hasta ahora los sindicatos aceptaban las reducciones de jornada sin reducción de salarios.