Holanda privatiza el correo

El Estado conserva el derecho de veto en cuestiones fundamentales

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Tradicionales servicios públicos empiezan a abrirse a la iniciativa privada. Siguiendo esta tendencia, el servicio postal holandés (KPN) es desde finales de octubre mayoritariamente privado. El Estado había vendido el año pasado el 30% del capital, lo que le reportó unos 4.350 millones de dólares. Ahora, terminada la segunda fase de la privatización, se ha quedado con el 48%. Las acciones de KPN, que ya se cotizaban en la bolsa de Amsterdam, se cotizarán también en la de Nueva York.

Los accionistas privados son en gran parte extranjeros. A su vez, KPN se ha abierto al mercado exterior, mediante participaciones y alianzas. Ha adquirido, junto con un socio suizo, el 27% del servicio de correos y telecomunicaciones checo, y actualmente puja por una participación en Belgacom, de Bélgica.

El Estado holandés retiene importantes poderes en KPN. En virtud de una cláusula especial, conserva el derecho de veto sobre las decisiones que supongan cambios fundamentales en la estructura del grupo. También puede aumentar su participación al 51%, mediante una opción preferente a la compra de acciones, para contrarrestar una posible OPA hostil. Por lo demás, no es distinto de los restantes copropietarios.

KPN es un negocio saneado, uno de los pocos servicios postales europeos con superávit en la división de cartería. Ésta, que constituye el 30% de la facturación, es la que más contribuye a los buenos resultados de KPN. En el primer semestre de 1995, el volumen de negocios del grupo aumentó un 7,2%, y el beneficio neto, un 10%.

Privatizar el correo es una posibilidad que ahora se considera como respuesta a la creciente competencia privada. Es una manera de dar a los servicios postales públicos autonomía en la gestión y nuevas fuentes de recursos, y de permitirles abrirse a otros mercados. Por eso, el gobierno británico propuso el año pasado privatizar Correos. Pero tuvo que abandonar el plan al encontrar fuerte oposición, aun entre los propios parlamentarios conservadores. Los críticos no veían necesario privatizar un servicio que funciona bien y no está en mala situación económica (la división de cartas obtiene beneficios, aunque la de paquetería es deficitaria).


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