Holanda. Por fin, un país donde sobran cárceles

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Amsterdam. El descenso de la delincuencia en Holanda es una buena noticia, excepto para los funcionarios de prisiones, que temen perder su puesto. Por eso la Secretaria de Estado del Ministerio de Justicia, Nebahat Albayrak, ha anunciado una serie de medidas para solucionar los problemas laborales que trae consigo el cierre de 8 prisiones. Habrá que reciclar los edificios para otro fin y evitar que el personal empleado en estas instituciones penitenciarias vaya al paro. De momento se han ofrecido 500 celdas en Tilburg al gobierno belga, al que le faltan cárceles y que envía delincuentes a casa por falta de espacio en las prisiones.

El actual sistema penitenciario holandés dispone de 14.000 celdas, de las que sobran 2.000. El problema del excedente de celdas tiene su “prehistoria”. En los años 70 creció la criminalidad en el país, por lo que de 1985 al 1995 se dobló el número de celdas y aún no eran suficientes.

En 1989 se introdujo un cambio en el Código Penal por el que el juez podía imponer como sanción un número de horas de trabajo en servicio de la comunidad, en vez de la pena de prisión. Por ejemplo, 240 horas de servicio en lugar de 6 meses de cárcel. Estas nuevas sanciones no se pusieron en práctica hasta 1997, y el número de encarcelados con pena de más de 6 meses bajó de 23.500 a 18.000.

Las protestas que habían surgido en décadas anteriores sobre la desproporción entre delito y pena y las críticas sobre lo inhumanos que resultaban los castigos también aceleraron el cambio de sanciones.

Sus defensores argumentaban que los trabajos a favor de la sociedad favorecerían la reinserción social del trasgresor, no se le estigmatizaba como criminal por la pérdida de libertad y, en el caso de jóvenes, se involucraba a los padres en el seguimiento de la evolución de la conducta del delincuente.

Y, en efecto, se demostró que el tanto por ciento de reincidentes entre los que habían sido condenados a trabajos sociales era un 20% inferior al de los que habían estado en prisión.

También hay argumentos económicos que abogan a favor de sistema. Un delincuente castigado a trabajos sociales sigue con su empleo y realiza las tareas en tiempo libre, su trabajo genera algún bien a la sociedad, mientras que un preso cuesta al Estado 100.000 euros por año.

Según apunta el Ministerio Fiscal, el excedente de celdas se debe también al descenso de la delincuencia en los Países Bajos. Aunque los políticos de partidos de la derecha atribuyen este descenso a que los jueces imponen penas menos severas en delitos como atracos con violencia, crimen, homicidio y delitos relacionados con drogas.

Esto último ha originado discusiones en la Segunda Cámara. Los partidos de la oposición, Liberales VVD y Populistas, PVV, han pedido un debate sobre la situación. El Ministro de Justicia, Enrst Hirsch Ballin, democristiano, ha tenido que enviar una carta a los diputados puntualizando qué tipo de faltas se pueden sancionar con trabajos sociales y qué delitos son suficientemente graves como para merecer prisión.


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