La Comisión Europea quiere que los ciudadanos puedan exigir, en cualquier momento, que sus datos personales sean borrados de Internet. Aunque la idea suena bien, L. Gordon Crovitz plantea algunas dificultades prácticas y de principio en su columna del Wall Street Journal.
A principios de noviembre, la Comisión Europea abrió una consulta pública para recabar las ideas de los ciudadanos de la UE antes de adaptar la Directiva de protección de datos, de 1995, a los cambios que ha traído el boom de las nuevas tecnologías. Su objetivo es sacar una propuesta legislativa en 2011.
“El control de su información, el acceso a sus datos, la posibilidad de modificarlos o borrarlos, son todos ellos derechos fundamentales que deben ser garantizados en el actual mundo digital”, dice la convocatoria de la consulta.
La nueva regulación permitiría a los internautas borrar permanentemente información de su perfil en las redes sociales o en cualquier otro sitio de Internet. Sin embargo, como objeta Gordon Crovitz, la Comisión no explica cómo podría llevarse esto a la práctica ni cómo se resolverían los conflictos entre el derecho a la intimidad y el derecho a la libertad de información de los demás.
En el ámbito de la justicia penal, se ve como algo normal que el derecho a la intimidad esté restringido frente al de información. Pero ni siquiera en estos casos, los delincuentes están completamente desprotegidos. La legislación penal alemana, por ejemplo, exige excluir las referencias a los delitos de los criminales cuando éstos han cumplido condena. En tales ocasiones, el gobierno impone límites a la libertad de expresión de los demás para facilitar la rehabilitación de los delincuentes.
Ahora bien, comenta Crovitz, “si alguien comunica datos personales en Facebook y luego se lamenta y quiere borrarlos, ¿realmente nos gustaría que el gobierno castigara a quien utiliza esa información?”.
Para Adam Thierer, presidente de Progress and Freedom Foundation, “el derecho al olvido no es realmente un derecho a la privacidad. El derecho a la privacidad solo concierne a la información que es realmente privada. Lo que pretende el ‘derecho al olvido’ es retirar información que, por defecto, es pública, fingiendo que es privada”.
A juzgar por lo que se ve en las redes sociales, dice Gordon Crovitz, da la impresión de que a la mayoría de la gente le parece bien sacrificar su derecho a la intimidad por razones de conveniencia. Por eso, a su juicio, no tiene sentido que el gobierno imponga luego la censura a los demás.