Primeros efectos de la sentencia del Tribunal Supremo de EE.UU. sobre el matrimonio homosexual

El estado de Utah, obligado a casar parejas homosexuales durante 17 días

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Utah, que en 2004 aprobó en referéndum, por mayoría del 66%, una enmienda constitucional que solo reconoce el matrimonio de hombre y mujer, ha sido obligado por un tribunal federal a casar parejas homosexuales durante 17 días. El 6 de enero, la orden fue dejada en suspenso por el Tribunal Supremo de la nación hasta que se resuelva el recurso interpuesto por el estado. La confusión creada tiene su origen en la ambigua sentencia dictada por el propio Supremo a finales de junio pasado (ver artículos relacionados).

Aquel fallo anuló parte de la Ley de Defensa del Matrimonio (DOMA), aprobada por el Congreso nacional en 1996. En concreto, declaró inconstitucional el art. 3, donde se decía que, a efectos de las leyes federales (por ejemplo, pensiones de viudedad para empleados públicos), solo es válido el matrimonio entre una mujer y un hombre. La mayoría del Supremo lo consideró una intromisión en los poderes de los estados, que son los competentes para dar las licencias de matrimonio. Pero la invocación del federalismo era lo de menos en la sentencia.

Los jueces de la mayoría abundaron mucho más en la igualdad. Según ellos, el Congreso no tiene interés legítimo para tratar de manera distinta a las parejas homosexuales. La sentencia advierte al final que solo se aplica a las que hayan contraído matrimonio válido en un estado que lo admita. Pero, según anotó el magistrado Antonin Scalia en su voto particular, el argumento de la igualdad contradice el del federalismo, y la advertencia sobre el limitado ámbito de aplicación queda en papel mojado. Pues si el gobierno federal incurre en discriminación injusta al no tratar igual a las parejas homosexuales, lo mismo se puede decir de un estado.

En Utah, los jueces anularon la enmienda constitucional que se había aprobado por referéndum en 2004

De hecho, así han interpretado la sentencia tres tribunales que han obligado a sendos estados a autorizar casamientos homosexuales. El caso de Utah es el de mayor relevancia, pues cumple a la letra la previsión de Scalia. Concretamente, un juez federal, y en segunda instancia un tribunal federal de apelaciones, dictaminaron que la enmienda constitucional de Utah es contraria a la Constitución de Estados Unidos, por las mismas razones que el Supremo aplicó a la DOMA. Si tal criterio se ratifica, fácilmente se revocarán las enmiendas de los otros 28 estados que las tienen cuando se presenten recursos contra ellas.

La decisión del Supremo de suspender la sentencia contra Utah no está motivada, y por tanto los magistrados no dan pista alguna sobre su postura con respecto al fondo del asunto. Solo muestran su interés en que el caso complete su recorrido en las instancias inferiores y hasta entonces se mantenga la ley vigente. Si hubieran denegado la suspensión, se podría haber interpretado que son favorables a la revocación de la enmienda.

El procurador general de Utah, Sean Reyes, ha lamentado que los jueces federales no hubieran querido hacer lo que finalmente les ha ordenado el Supremo, pues así las parejas homosexuales casadas en el tiempo en que estuvo levantada la prohibición –unas mil– han quedado en un “limbo legal”. No está claro si esos matrimonios son válidos, y si prospera el recurso del estado, podrían ser anulados.

Cualquiera que sea el resultado del recurso de Utah ante el tribunal de apelación, casi seguro el caso llegará al Supremo en el próximo año judicial 2014-2015. Los magistrados tendrán entonces la oportunidad de eliminar la ambigüedad de su sentencia sobre la DOMA.

Dos casos más
Los otros dos casos en que los jueces han ordenado admitir matrimonios homosexuales apoyándose en la sentencia del Supremo sobre la DOMA no son tan significativos. Por una parte, los estados en cuestión –Nueva Jersey y Nuevo México– no tenían enmienda constitucional, y por otra, las sentencias fueron de tribunales estatales, de modo que no sientan precedente nacional.

En Nueva Jersey, el parlamento estatal aprobó en 2012, al segundo intento, una ley para autorizar matrimonios homosexuales, pero el gobernador, Chris Christie, la vetó. El argumento de Christie es que redefinir el matrimonio es un asunto demasiado importante para decidirlo por ley ordinaria, y por tanto debería someterse a referéndum. Sin embargo, en septiembre pasado un tribunal de Nueva Jersey ordenó, en respuesta a una demanda, que se pudiesen casar parejas homosexuales. El gobierno recurrió al Tribunal Supremo del estado, que no accedió a dejar en suspenso la sentencia mientras tanto, y lo justificó con unos razonamientos que ponían en duda la fuerza del recurso. Entonces Christie, viendo de que la apelación no tenía posibilidades de ganar, la retiró.

Nuevo México no permitía ni prohibía el matrimonio homosexual. Se podía celebrar en unos condados pero no en otros, en cada caso según el criterio del responsable del registro civil. Hubo algunos pleitos. Finalmente, en diciembre pasado, el Tribunal Supremo de Nuevo México declaró que la ley estatal de matrimonio se aplica por igual a las parejas heterosexuales y a las homosexuales.

Con estos dos, son ya 17 los estados (más el Distrito de Columbia) donde hay matrimonio homosexual. Lo excluyen los otros 33.


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