¿Es sostenible el sistema público de pensiones en España en su formulación actual? Mientras el Banco de España considera inaplazable la reforma, el gobierno tilda de “alarmista” ese diagnóstico y asegura que aunque disminuya el superávit de la Seguridad Social por la crisis, en ningún caso habrá déficit. Pero los informes de organismos internacionales ya venían diciendo, incluso antes de la crisis, que España no estaba haciendo los deberes de las reformas de las pensiones.
En el prólogo del informe de la OCDE La reforma de las pensiones: una tarea inacabada (2007), John P. Martin, director de la Dirección de Empleo, escribía que “algunos países necesitan revisar completamente sus regímenes públicos de pensiones”, y citaba, en concreto, a Grecia y España. Advertía que “el envejecimiento de la población va a aumentar la presión financiera sobre esos regímenes de pensiones: por lo tanto, es urgente reformarlos”.
En el capítulo dedicado a analizar las reformas, el informe dice que casi todos los países de la OCDE han introducido cambios en las pensiones desde 1990. Pero no de la misma envergadura. Seis de los diez países que tenían un gasto público en pensiones más elevado en 1990 -Austria, Francia, Alemania, Italia, Suecia y Finlandia- han hecho reformas importantes de sus sistemas. Por el contrario, en el mismo período, cuatro países apenas han modificado sus sistemas: Grecia, Luxemburgo, Bélgica y España, aunque su gasto público en pensiones como porcentaje del PIB estaba por encima de la media de la OCDE. En España, es ahora un 8,8%.
Entre los ocho tipos de cambios introducidos en los sistemas de pensiones que analiza el informe, España solo parece en uno: introducción de un ligero incentivo para el retraso en la jubilación.
Algunos países han elevado la edad de jubilación, aunque la mayoría lo ha hecho para subirla a los 65 años, que es la vigente en España. Pero Dinamarca y EE.UU. la han extendido hasta los 67 años para tener derecho a una pensión íntegra. Independientemente de la edad legal de jubilación, lo importante es la edad real en que la gente se jubila: en España está en los 63,7 años.
Numerosos países han alargado el número de años que se toman como referencia para el cálculo de la pensión, ampliándolos hasta 25 ó 40 años, o bien toda la vida laboral. En España se toma como referencia los salarios de los 15 últimos años, y hay voces que reclaman tener en cuenta toda la vida laboral.
Otros cambios tienen que ver con los sistemas de revalorización de las pensiones (basados en el nivel de aumentos salariales o en el alza de precios). En España se revalorizan conforme al aumento de los precios.
En casi la mitad de los países hay mecanismos que de un modo u otro ligan la cuantía de la pensión al aumento de la esperanza de vida, cosa que no ocurre en España.
El problema del envejecimiento
También el Fondo Monetario Internacional hace una breve referencia a las pensiones en el apartado dedicado a España dentro del informe Perspectivas Económicas Mundiales que acaba de publicar. Considera “altamente necesaria” una reforma de las pensiones, aunque no menciona ninguna medida concreta. Pero sí advierte que España se enfrenta a uno de los costes más altos de la UE derivados del envejecimiento de la población.
En este diagnóstico coincide la Comisión Europea, en un documento sobre el impacto del envejecimiento de la población, cuya próxima publicación ha sido anunciada. El estudio hace proyecciones hasta el 2060 sobre las consecuencias que tendrá el envejecimiento en las pensiones y demás gastos sociales. España será uno de los países donde más aumentarán estos gastos. En concreto, el gasto por pensiones en España crecería 6,7 puntos porcentuales del PIB de aquí al 2060. También aumentará la tasa de dependencia, es decir, la relación entre los mayores de 65 años y los activos entre 15 y 64 años. Aunque las estimaciones a largo plazo siempre son aventuradas, el proceso de envejecimiento de la población no admite dudas. De ahí que la reforma del sistema de pensiones sea un factor decisivo para la sostenibilidad de las finanzas públicas.