Ante la proliferación de los reality shows, también en España, ha surgido un clima de opinión adverso hacia lo que está más cerca de la curiosidad morbosa que del interés informativo. En esta línea, la Justicia española ha impedido la emisión de algunos de estos programas, se han publicado muchas críticas en los medios de comunicación, y se plantea con fuerza una legislación que proteja a los menores.
Desde el pasado mes de octubre, algunos reality shows no han podido emitirse en virtud de resoluciones judiciales tomadas para proteger el derecho de las personas afectadas. En uno de estos casos, el juez fundó su auto en «el temor de que durante el programa se pudiese violar la intimidad y el honor» de un menor sobre el que iba a versar la emisión.
En otro caso, el interdicto se aplicó a un programa que pretendía ventilar la vida privada de una actriz. El juez consideró que el valor preponderante de la libertad de comunicar información veraz sólo puede ser invocado cuando se ejercita con respecto a asuntos de interés general. No debe confundirse, según el auto, lo público con lo que suscita curiosidad. Y la búsqueda del morbo empieza a tener consecuencias inesperadas: según ha revelado el fiscal de menores, ya se han dado casos de adolescentes que han denunciado falsos abusos sexuales o han huido de casa sólo para salir en televisión.
También ha reaccionado la Asamblea de Decanos del Consejo General de la Abogacía, ante la frecuencia con que vienen apareciendo abogados en los reality shows, para hablar de procesos judiciales en los que intervienen. La Asamblea ha exhortado a los abogados a abstenerse de participar en tales programas cuando haya riesgo de juicio paralelo o de lesionar la presunción de inocencia. La revelación de secretos profesionales provocará la apertura de expediente disciplinario, que puede concluir en la expulsión del colegio de abogados. De hecho, el de Barcelona ha abierto ya expediente a dos letrados por este motivo, y el de Valencia ha advertido que hará lo mismo.
Ante la suspensión de estos programas, algunos medios de comunicación han hablado de censura previa inconstitucional. Sin embargo, prevalecen las opiniones favorables a prevenir tal telebasura.