Aestas alturas ya nadie niega que la evolución de la población en España es alarmante. Con la tasa de fecundidad más baja del mundo (1,07 hijos por mujer en edad fértil) y un preocupante desequilibrio entre jubilados y trabajadores en activo, se comprende que es preciso intentar cambiar la tendencia. En este clima, la Federación de Familias Numerosas acaba de celebrar en Madrid su congreso con la sensación de que, por primera vez en muchos años, los vientos de la opinión pública empiezan a soplar a su favor.
Según la Federación, las familias numerosas -legalmente, las que tienen al menos tres hijos- son un millón y medio, un colectivo que no puede ser ignorado.
José Ramón Losana, presidente de la Federación de Familias Numerosas, aludió a que no existe todavía una eficaz política familiar en España. Las medidas que se ha comenzado a adoptar fundamentalmente se apoyan en los cambios en el impuesto sobre la renta, que han mejorado un poco la capacidad adquisitiva de las familias, aunque no afectan a la mayoría; también es un signo positivo las medidas para conciliar la vida familiar y laboral. Pero, en general, suelen ser medidas de política asistencial para familias más desfavorecidas, en vez de una política para el conjunto de las familias con hijos.
Esta falta de una adecuada política familiar afecta a la precaria situación de la natalidad en España. Dentro de la baja fecundidad general, lo que más se nota es la falta del tercer hijo. Desde principios de los años 80, los nacimientos del primero y del segundo hijo han disminuido en torno al 20%, mientras que los terceros nacimientos han bajado un 42% (cfr. servicio 185/99).
Pero no es solo esta la causa de que España esté en la cola en cuanto al índice de fecundidad. En España no se valora la aportación que hace la familia a la cohesión social y al ahorro público, así como a las pensiones futuras. Para paliar esto, las medidas que la sociedad debería tomar serían, en primer lugar, de tipo económico. Aquí entraría todo un abanico de posibilidades como el aumento de las prestaciones por hijo, las medidas fiscales y otro tipo de prestaciones económicas.
Dentro de este tipo de ayudas parece clave que se acabe con la práctica de poner topes de renta para acceder a las prestaciones. Por ejemplo, actualmente las prestaciones por hijo son 4.000 pesetas mensuales, pero solo para las familias con rentas inferiores a 1.200.000 pesetas al año. Es una renta tan baja que las familias numerosas están excluidas, pues si accedieran a la ayuda significaría que no tienen qué comer. En cuanto a los servicios, podrían incluirse cuestiones como las disponibilidad de guarderías, las facilidades en el transporte o en la adquisición de las viviendas.
Mª Teresa López, decana de la Facultad de Ciencias económicas y empresariales de la Universidad Complutense de Madrid, hizo ver en el congreso que las medidas de protección a la familia en España son aisladas y muy pobres. El gasto social en protección a la familia es tan solo un 0,4% del PIB, mientras que en otros países europeos asciende al 7%. En cuanto a la prestación por hijos a cargo, también España se sitúa a la cola de los países del entorno. Aunque la mayoría de los países europeos establecen una asignación que va en aumento en función del número de hijos o de la edad de los mismos, en España esta cuantía es fija.
Según datos de Eurostat, una familia española recibe, de manera directa, indirecta, o mediante deducciones de impuestos, 3 pesetas de cada 100 de su salario neto en prestaciones familiares, cuando otra de las mismas características en Francia percibe 22; en Luxemburgo, 28, y en Italia, 6.
En sus conclusiones, el congreso pidió la elaboración de una nueva ley de protección de las familias numerosas, ya que la actual es de 1971, es decir, anterior a la Constitución, y ha quedado desfasada.
También se reclamó una redistribución del gasto público de manera que se pueda llegar a un mínimo del 2% del PIB dedicado a gasto en protección social a la familia. Un índice de esta mayor sensibilidad sería asimismo la creación de una Secretaría de Estado de la Familia, existente ya en otros países del entorno.