La polémica ha retrasado durante varias semanas la aprobación del proyecto definitivo de ley sobre la lectura, el libro y las bibliotecas, pero finalmente ha pasado al Congreso, donde previsiblemente se aprobará sin dificultades.
La intención del gobierno era cambiar la situación creada en 2000, cuando un decreto del Partido Popular liberalizó el mercado de los libros de texto. Sin embargo, se ha optado por mantener esta regulación. Del mismo modo, no se introduce ninguna novedad con respecto a la ley de 1975, vigente precisamente en lo referente al precio fijo, y que, según un estudio de Elipsis Ediciones, el 64% de los libreros consideraba esencial.
De esta manera se prohíbe que los vendedores apliquen descuentos, salvo los previstos en la ley como mínimos -los que oscilen en torno al 5% sobre el precio total-. No obstante se contemplan excepciones para los días del libro o para fiestas culturales, en los que la rebaja podrá llegar al 10%. Cuando los compradores sean instituciones públicas, bibliotecas o centros dedicados a la enseñanza o la investigación, se permitirá un 15% de descuento.
Para el gremio de libreros, el proyecto no ha cambiado la situación. Unifica la legislación dispersa existente pero no recoge sus reivindicaciones en lo referente al precio fijo de los libros de texto. Según José Manuel Anta, presidente de la Federación de Asociaciones Nacionales de Distribuidores de Ediciones (FANDE), las quejas se encuentran justificadas si se tiene en cuenta que cerca del 60% de la facturación de las pequeñas librerías procede de la venta de libros escolares.
La discusión sobre el precio de los libros ha enfrentado a los comercios pequeños con los grandes establecimientos, una batalla que, por los argumentos de unos y otros, recuerda a la ocasionada con motivo de la liberalización de horarios comerciales. Los libreros creen que les perjudica el mercado libre porque no cuentan con tanto poder como las grandes superficies para negociar con distribuidores y editores, de modo que los precios de las pequeñas librerías dejarían de ser competitivos.
No todos los motivos que aducen son económicos: también apelan a razones de índole cultural. Piensan que es contraproducente asimilar el libro a cualquier otro producto de consumo, ya que iría en perjuicio de la calidad literaria e inundaría el mercado de «best-sellers». Propone aplicar la excepción cultural para favorecer la diversidad de títulos y temas. De hecho, una de las finalidades de la nueva ley será garantizar una oferta plural.
Los partidarios del precio libre del libro señalan que, en última instancia, quienes salen favorecidos con la competencia son los compradores, gracias al abaratamiento. En un comunicado reciente, la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) ha lamentado que el gobierno beneficie a los libreros, editores y distribuidores, pero perjudique a los consumidores.
La experiencia en Gran Bretaña -donde en 1995 se rompió el Net Book Agreement y se liberalizó el mercado- demuestra que a la larga el precio de los libros sube porque lo perdido en las rebajas aplicadas a los títulos más vendidos se añade como suplemento a las otras obras. Esto, sin embargo, no ha hecho descender las ventas ni ha mermado el número de libros editados al año. Al contrario, es posible percibir un aumento de la variedad. Y aunque ha descendido la cuota de mercado de las pequeñas librerías, esto se debe no sólo al mercado libre sino también a otros factores (ver Aceprensa 142/00).
Italia y Bélgica, como Gran Bretaña, tampoco han regulado el mercado de los libros, aunque en los últimos años el precio fijo constituye un tendencia visible en Europa, favorecida en el último año por la aprobación de la Declaración sobre la Diversidad Cultural de la UNESCO (ver Aceprensa 121/05). Al coexistir países de precio libre y fijo, se viene solicitando desde hace unos años a los órganos comunitarios que aprueben una directiva con el fin de garantizar el respeto a las decisiones de cada Estado miembro.
En espera de la gratuidad
El PSOE incluyó en su programa electoral un punto que hacía referencia a la gratuidad de los libros de texto. Esto explica que la ministra de Cultura, Carmen Calvo, señalara durante la presentación de este proyecto que el descuento aplicable a los libros de textos constituía una medida transitoria hasta que finalmente se consiguiera la gratuidad total de los manuales, pero no precisó para cuándo está prevista.
Algunas comunidades autónomas españolas cuentan ya con medidas para facilitar el material escolar a los alumnos. Madrid y Asturias lo hacen a través de los denominados «cheques libro» canjeables en las librerías. Por otro lado, Andalucía, Extremadura, Aragón y Galicia lo hacen a través de los propios colegios, que mantienen los libros en propiedad y los prestan a los alumnos. El problema es que se deterioran con facilidad.
El proyecto de ley contiene también una parte dedicada a regular los planes de fomento de la lectura, que serán, como hasta ahora anuales e irán especialmente dirigidos a los jóvenes. La idea es aumentar el número de lectores, aunque no se sabe hasta qué punto la promoción pública influirá en las costumbres de la población adolescente.
Por último, se establece el Observatorio de la Lectura y del Libro. Este nuevo organismo tiene como objetivo, según el proyecto, «el análisis permanente de la situación del libro, la lectura y las bibliotecas» a través de informes y estudios. Algunos creen que no era necesario y que aumentará el gasto público en burocracia, sin finalidad práctica alguna.
ACEPRENSA