Todas las propuestas de legalizar la eutanasia pretenden extremar las cautelas para asegurar que la decisión del enfermo es libre y consciente. En la práctica, las circunstancias que rodean el final de la vida son demasiado complejas para que una regulación general evite errores y abusos. Así lo muestra un estudio recién publicado en la revista médica The Lancet (3-X-98) sobre la aplicación de la ley de eutanasia que estuvo vigente por breve tiempo en un territorio australiano: las garantías previstas no funcionaron como se esperaba.
Durante nueve meses, la eutanasia fue legal en el Territorio del Norte (Australia) para los enfermos terminales que la pidieran por padecer sufrimientos insoportables (ver servicios 100/96 y 59/ 97). Según la ley, al menos dos médicos debían dictaminar que no había posibilidad de curación y que la decisión del paciente era libre. Además, un psiquiatra debía examinar al enfermo para comprobar que no padecía depresión.
Siete enfermos de cáncer solicitaron acogerse a la ley. Dos de ellos murieron antes de que entrase en vigor: uno por suicidio y otro de forma natural. Un tercero, que cumplía las condiciones, difirió la decisión, y entretanto la ley fue revocada; falleció después, en parte a causa de los sedantes. A los otros cuatro enfermos se les aplicó la eutanasia por medio de drogas administradas por un médico llamado Philip Nitschke.
El estudio publicado en The Lancet examina esos siete casos, a partir de los documentos y relatos de los médicos que intervinieron, las historias clínicas de los pacientes y declaraciones de los interesados y sus familiares. Buena parte de los datos proceden de largas entrevistas -18 horas en total- con Nitschke.
El estudio, dirigido por David Kissane, del Centro de Cuidados Paliativos de la Universidad de Melbourne, muestra que en todos los pacientes el dolor no era importante o estaba controlado. Las razones por las que pidieron la eutanasia fueron más bien miedo, desesperación, sensación de aislamiento o la creencia de que eran una carga para la familia.
Cuatro de los pacientes presentaban síntomas claros de depresión, entre ellos dos de los que murieron por eutanasia; pero sólo uno estaba en tratamiento por ese motivo. La prevista intervención del psiquiatra no tuvo efecto, a causa de la desconfianza de los pacientes. «La ley -señala Kissane- reducía la función del psiquiatra a la de un filtro, y todos los pacientes lo veían como un enemigo, de modo que no se llevó a cabo el asesoramiento».
El estudio revela también la influencia del lenguaje usado con los pacientes. Como se observa en los informes, los médicos les provocaron desesperanza diciéndoles que «no había nada que hacer», pero la revisión de los casos muestra que para cada uno había otros tratamientos disponibles, que no se tuvieron en cuenta. Tampoco -contra lo previsto en la ley- se explicó a los enfermos las posibilidades de los cuidados paliativos, que fueron infrautilizados o no se usaron en absoluto.
Por otra parte, no es fácil determinar cuándo un paciente se encuentra en estado terminal y cuánta vida le queda. En varios de los casos examinados en el estudio los médicos no se pusieron de acuerdo, y la ley no decía qué hacer si había divergencia. Parece que la posibilidad legal de la eutanasia hizo que se abandonaran los esfuerzos por elevar la calidad de los tratamientos y explorar otras opciones. En cualquier caso, dice Kissane, resulta evidente la falta de formación de los médicos en cuidados paliativos.
Kissane concluye que las precauciones estipuladas por la ley no cumplieron la finalidad prevista. «Esto -dice- hace dudar seriamente de que una ley pueda establecer medidas para asegurar la protección de los vulnerables y de los incapaces».