Encuentro sobre la protección de menores en la Iglesia: algunas claves

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Del 21 al 24 de febrero, los presidentes de todas las conferencias episcopales, las cabezas de las Iglesias orientales y los representantes de los superiores religiosos están convocados por el Papa Francisco en Roma para avanzar en la protección de los menores en el seno de la Iglesia católica.

El encuentro, según Hans Zollner, miembro del comité organizador y de la Comisión Pontificia para la Tutela del Menor, alrededor de tres ejes: las responsabilidades pastorales y jurídicas del obispo, las herramientas de que dispone para actuar, y la transparencia, tanto interna como ante la sociedad civil. No se trata solo de clarificar los procedimientos para la Iglesia universal, explica Zollner, sino de ayudar a cambiar de actitud y aceptar la rendición de cuentas.

Los ejes del encuentro en el Vaticano son las responsabilidades de los obispos, las herramientas de que dispone para actuar y la transparencia, tanto interna como ante la sociedad civil

La web del Vaticano ha agrupado en una sección todos los documentos sobre la materia, a los que hace referencia el Padre Federico Lombardi, relator del encuentro, en un reciente artículo. La Iglesia ha ido cobrando conciencia de estos delitos, especialmente a raíz de los escándalos en Estados Unidos e Irlanda, del caso Maciel y otros, que empujaron cambios normativos en Roma (en 2001 y 2010). El simposio “Hacia la Curación y la Renovación”, celebrado en la Pontificia Universidad Gregoriana en 2012, marcó otro punto de inflexión.

Sin embargo, aunque se han producido avances, sigue habiendo muchas zonas grises. Las víctimas deben ser prioritarias y estar en el centro de todas las medidas. Los pastores deben velar por ellas, sus familias, los agresores, las comunidades heridas y los inocentes. Hay aspectos pastorales, legales, psicológicos, canónicos y comunicativos. Confluyen sexo, poder, educación, dinero, autoridad y leyes. Laicos, clero y religiosos interaccionan. Algunos episcopados han empezado a hacer los deberes en 2018. Se mezclan las jurisdicciones del obispo, las conferencias episcopales, las órdenes y congregaciones religiosas y los dicasterios de la Santa Sede.

Nadie espera soluciones fáciles o normativas nuevas. No todos ven claro cómo aplicar algunas medidas. Pero de la experiencia de los años recientes se pueden extraer algunas claves.

Soluciones globales

El problema de los abusos sexuales a menores ha aflorado en sucesivas oleadas en los distintos continentes, desde los 80 y sobre todo a partir de 2000. Que en alguna jurisdicción no consten casos públicamente ya no es garantía de que no hayan sucedido. Hasta la última diócesis debe estar sensibilizada y preparada.

Desde Benedicto XVI, escuchar a las víctimas se ha ido imponiendo como una necesidad, tanto por justicia como para que los pastores lleguen a ser conscientes de las consecuencias de los abusos

Algunas de las lecciones de estos años son extensibles a la Iglesia universal. El P. Lombardi pone de ejemplo, en otro artículo, el caso de Canadá. Los obispos canadienses fueron los primeros del mundo que se enfrentaron públicamente a los casos de abusos, tras un informe de 1984; desarrollaron las primeras normas diocesanas en 1987 y, como conferencia episcopal, en 1992. Su último documento es el más actualizado, fruto de la experiencia de décadas.

Diferentes contextos

A la vez, como explica Zollner en una entrevista para Crux, no se puede caer en el café para todos: “Hay idiomas que no traducen ciertos conceptos, los sistemas legales son totalmente distintos, las situaciones políticas y sociales son muy variadas”. Existen enclaves sin apenas conexión a Internet, culturas donde es tabú hablar de temas sexuales, poblados en que la familia entera duerme en una habitación, diócesis sin expertos ni recursos... No todo es Norteamérica, Europa o Australia. Lombardi cita los obispos de países pobres, en guerra, y con una comunidad católica pequeña.

Todos son Pueblo de Dios

La percepción de que históricamente los obispos y superiores han protegido a sus sacerdotes, diáconos y religiosos crea una sensación de desamparo en los fieles laicos, que se consideran tan Iglesia como ellos. En Estados Unidos o Chile, el desconcierto y la angustia de los fieles corrientes ha sido palpable estos últimos meses. Uno de los casos que más inquietud han causado es el del antiguo arzobispo de Washington, el excardenal Theodore McCarrick, que finalmente ha sido procesado por la Santa Sede y acaba de ser excluido del estado clerical.

Una niña que va a catequesis, un adolescente escolarizado en un centro católico o un chico que ayuda en misa son tan responsabilidad del obispo como sus presbíteros y diáconos, que están para servirles. El Padre Lombardi lo subraya en su primer artículo citado: “Los participantes invitados al encuentro están llamados en cuanto responsables del entero pueblo de Dios que peregrina, no solamente como los representantes o responsables del clero o de los religiosos y religiosas”.

Las víctimas, en el centro

Desde Benedicto XVI, escuchar a las víctimas se ha ido imponiendo como una necesidad, no solamente por justicia y como vía de curación, sino también para que los pastores lleguen a ser conscientes de las consecuencias de esos actos y se comprometan a perseguirlos y prevenirlos. Mons. Charles Scicluna, que en su trabajo en la Congregación para la Doctrina de la Fe investigó casos como Marciel y Karadima, afirma: “Debemos encontrar a las víctimas para escucharlas, y entender que se trata de una herida en el cuerpo de la Iglesia y de Jesús”.

El documento de los obispos canadienses detalla nueve puntos: el encuentro personal con las víctimas; la comprensión adecuada del abuso sexual; la respuesta efectiva ante las denuncias; el modo de tratar a los culpables; la mejora de la formación y las prácticas preventivas; la gestión de la vergüenza y la desconfianza que sufren los sacerdotes que no tienen ninguna relación con los abusos; la mejora de la formación inicial y continua; el conocimiento adecuado de los procedimientos legales; y la autenticidad.

También profundiza en el significado de la sanación. Además de reconocer el dolor de las víctimas, requiere curación psicológica y espiritual. Pero las víctimas directas no son las únicas. Los abusos afectan a las familias, las parroquias, las diócesis e instituciones varias (escuelas, hospitales o centros juveniles).

Malas prácticas

En la carta a los católicos de Irlanda tras el Informe Murphy de 2009, Benedicto XVI se dirigía así a los obispos: “No se puede negar que algunos de vosotros y de vuestros predecesores habéis fallado, a veces gravemente, a la hora de aplicar las normas, codificadas desde hace largo tiempo, del derecho canónico sobre los delitos de abusos de niños”.

Las conferencias episcopales han buscado modos para acoger a las víctimas, facilitar las denuncias, gestionar las reparaciones y formar a personal especializado

Durante décadas los obispos no aplicaron estas medidas y primaron los cambios de destino, los tiempos de aislamiento y reflexión y la terapia, con resultados claramente insuficientes (1). El Código de Derecho Canónico y las normas de la Santa Sede no eran las únicas herramientas. En Estados Unidos, donde desde los años 80 la Conferencia Episcopal había dado pautas, muchos obispos no gobernaron de forma adecuada y permitieron verdaderos depredadores sexuales (2).

Leyes penales

La percepción de los abusos como un delito, no solamente un pecado, ha llevado a que además de la investigación y el juicio en el ámbito canónico, se acuda a la justicia civil.

Benedicto XVI impulsó esta cooperación con las autoridades civiles y endureció las “Normas sobre los delicta graviora”. Davide Cito, profesor de Derecho Penal, explica el cambio comunicativo a favor de la transparencia que rodeó la presentación de las nuevas Normas y cómo, aun con sus puntos conflictivos, obedeció a una “emergencia jurídico-penal”.

Conjugar la necesidad de actuar de forma estricta y proteger a posibles víctimas –tolerancia cero– con el respeto de las garantías procesales o la presunción de inocencia del acusado es uno de los puntos que los canonistas más debaten.

Por otro lado, acudir a los tribunales civiles no es el único camino. Puede haber prescrito el delito o haber fallecido el acusado. Pero hay otro factor: los procesos penales no bastan para sanar las heridas. A veces, testificar es traumático para la víctima, los procesos se eternizan o no hay pruebas suficientes. Además, por parte de la Iglesia, es difícil mantener un cuidado pastoral si no puede comunicarse con la víctima o el agresor. Por eso se proponen procesos de mediación, cuando sea posible, explica el episcopado canadiense, pues la injusticia se gestiona mediante la interacción personal, desde el diálogo y la buena voluntad, con un mediador y asesoramiento legal por ambas partes. En Bélgica también utilizan la “mediación reparadora”.

Otra consecuencia indirecta es el impacto de las indemnizaciones en los fieles de la diócesis, que lleva a desconfiar de sus pastores o de su gestión.

Organismos especializados

Las normas de la Santa Sede y las líneas-guía de las conferencias episcopales dan pautas, pero en los distintos países las Iglesias han buscado modos propios para acoger a las víctimas, facilitar las denuncias, gestionar las reparaciones y formar a personal especializado. Suelen ser organismos dirigidos por profesionales laicos, mujeres en no pocos casos.

En ocasiones se trata de organismos dentro de la estructura diocesana, como en Bérgamo. Francia ha optado por lanzar una web unida a la de la Conferencia Episcopal. En Irlanda, el episcopado y los responsables de los religiosos promueven y sostienen el National Board for Safeguarding Children, que tiene autoridad para auditar diócesis e instituciones religiosas y publica sus informes en abierto.

Pero en muchos países, hasta 2018 no había nada. Italia creó en noviembre el Servizio Nazionale per la tutela dei minori, dependiente de la Conferencia Episcopal. En México, cuna del escándalo Maciel, empezó a funcionar hace unos días el Equipo Nacional de Protección de Menores. Chile, con una situación que llevó a la renuncia en pleno del episcopado, creó hace un año el Consejo Nacional de prevención de abusos y acompañamiento a víctimas.

Un enfoque distinto es el de Australia. Allí, en colaboración con el gobierno, se ha creado una comisión independiente que gestiona la compensación a las víctimas, el National Redress Scheme. La valoración la realizan técnicos independientes y la Iglesia asume las indemnizaciones y los gastos de gestión. También en Bélgica se creó una comisión mixta de arbitraje para los casos prescritos.

Medidas de transparencia

Países como Australia, Irlanda, Bélgica o Estados Unidos se han sometido a la inspección de autoridades civiles, mediante comisiones de investigación externas de distinto formato. La publicación de los resultados ha favorecido la transparencia. Ahora, la publicación de sentencias civiles y canónicas, de las denuncias, de los sacerdotes investigados, etc., se va extendiendo.

El Card. O’Malley, que llegó a Boston con la experiencia acumulada en anteriores diócesis, suele decir que la reconciliación “siempre requiere un firme propósito de enmienda”. Fue de los primeros que abogó por dar nombres. No todo el mundo está de acuerdo: citar con nombre y apellidos a acusados no condenados viola la presunción de inocencia o puede ser difamación, advierten algunos.

En Irlanda, el National Board publica en su web los informes de cada diócesis y congregación religiosa, así como informes estadísticos anuales, además de velar por el cumplimiento de los estándares y formar a los responsables de los organismos eclesiales.

En Francia, la web dedicada por la Conferencia Episcopal a prevenir los abusos ha publicado su primer informe, del período 2017-2018. Además de los datos de denuncias y clero afectados, incluye los medios implantados por la conferencia episcopal y las diócesis. La Iglesia belga acaba de publicar también un informe de 400 páginas que abarca de 1998 a 2017. Por contraste, en Chile o México publican apenas un listado con nombres de los sacerdotes acusados.

El próximo encuentro es una oportunidad para poner en práctica lo que dice el Papa Francisco: “La esperanza en el mañana y la confianza en la Providencia nace y crece en asumir la fragilidad, los límites e incluso el pecado para ayudarnos a salir adelante. El ‘nunca más’ a la cultura del abuso, así como al sistema de encubrimiento que le permite perpetuarse, exige trabajar entre todos para generar una cultura del cuidado que impregne nuestras formas de relacionarnos, de rezar, de pensar, de vivir la autoridad”.

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(1) Para una revisión de las actuaciones de los obispos, cf. Jordi Bertomeu Farnós, “Las normas substanciales de los delitos reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe y la lucha contra los abusos sexuales de menores cometidos por clérigos”, en: Montserrat Gras-Aixendri (coord.), Nuevos desafíos del derecho canónico a cien años de la primera codificación (1917-2017), Tirant Lo Blanch, Valencia (2018), pp. 137-170.

(2) Para ver la evolución en Estados Unidos, cf. José Bernal, “Las Essential Norms de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos sobre abusos sexuales cometidos por clérigos. Intento de solución de una crisis”, Ius Canonicum XLVII, n. 94, 2007, pp. 685-723.


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