Bogotá. La desarticulación de los carteles de la droga de Medellín y Cali en los años 90 parecía el fin del narcotráfico, pero todo fue una ilusión. Hoy los narcotraficantes son más fuertes, y tienen negocios tanto con los grupos guerrilleros como con los paramilitares. El Plan Colombia es la nueva estrategia diseñada para combatirlos. Un plan cuyo éxito interesa también a Estados Unidos y Europa, mercados de la droga producida en Colombia.
El gobierno de Colombia ha diseñado, de acuerdo con Estados Unidos, el Plan Colombia, una estrategia integrada para afrontar los desafíos más apremiantes que se plantean al país: combatir la industria del narcotráfico, promover el proceso de paz con las guerrillas, revivir la economía local y fortalecer la democracia. Pero no es un problema solo colombiano. En los últimos diez años, el espectacular incremento de la demanda de cocaína en Europa, donde tiene un precio superior al de Estados Unidos, ha hecho que los narcotraficantes colombianos expandan sus redes de comercialización europeas.
Ayuda social y militar
Es un ambicioso plan de 7.500 millones de dólares, de los cuales el presidente Andrés Pastrana ha comprometido 4.000 millones de recursos colombianos, el Congreso de Estados Unidos aprobó 1.600 millones y el resto se espera conseguir en países de Europa (ver recuadro página 2). La parte correspondiente a Colombia está prevista en el plan de desarrollo del gobierno actual; pero el desembolso efectivo depende de que se apliquen reformas tributarias aún pendientes. El dinero estadounidense será en gran parte para apoyo militar a la lucha contra el narcotráfico, e incluye 300 millones de dólares para los países vecinos de Colombia, a fin de que afronten problemas de desplazados y de seguridad en las fronteras.
Por último, el gobierno colombiano promovió en Europa la llamada Mesa de donantes para el Plan Colombia, que se reunió hace tres meses en Madrid y consiguió 100 millones de dólares de España y otros 40 millones de Noruega. Los otros países europeos no se han decidido a contribuir: al parecer, dudan de la efectividad del Plan, por la prioridad que concede al componente militar. Por su parte, el presidente Pastrana afirma que el dinero destinado al Plan «ayudará a Colombia a combatir el comercio ilícito de drogas, fortalecer la justicia, proteger los derechos humanos e impulsar el desarrollo económico».
La esperanza en la eficacia del plan es muy alta: hasta el presidente Bill Clinton vino a Colombia en la última semana de agosto a dar la que para algunos es la primera entrega de una nueva estrategia contra las drogas. Parte del Plan es erradicar las plantaciones de coca y amapola -de donde procede la heroína-, así como el desarrollo de una estrategia que fomente esquemas agropecuarios y otras actividades económicas rentables para el millón de campesinos y sus familias que trabajan directamente en los cultivos ilícitos.
Énfasis en la represión
Pero el principal capítulo del Plan es el dirigido contra la producción de materia prima para drogas. Desde 1995, los cultivos de coca han disminuido en Bolivia un 22% y un 55% en Perú, mientras que en Colombia han aumentado un 56%. Actualmente, el área que ocupan esos cultivos es de 120.000 hectáreas, según información del satélite de la CIA.
Por esta razón, el Plan destinará 4.800 millones de dólares a la erradicación de cultivos. El paquete de ayuda de Estados Unidos incluye 30 helicópteros Blackhawk y 33 helicópteros Huey. Además, propone el desembolso de 600 millones de dólares en el transcurso de los dos próximos años para entrenar y equipar dos nuevos batallones antinarcóticos y proteger a la policía en el desarrollo de sus misiones de combate contra la droga en el sur del país, zona de alta producción de coca y dominada por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Estas cifras y el enfoque del Plan han despertado controversia y preocupación en sectores de opinión de Colombia y países del área andina. Incluso las FARC han perdido voluntad de negociar la paz con el presidente Pastrana tras la aprobación del plan por el Congreso estadounidense. Algunos especialistas consideran que el componente militar es muy alto y creen equivocado erradicar los cultivos sin previas soluciones sociales. Mons. Belarmino Correa, obispo de la Diócesis de San José del Guaviare, población cocalera por excelencia, asegura que «la violencia será peor. Si un perro tiene un hueso en la boca, usted no puede quitárselo sin antes ofrecerle un buen pedazo de carne. Creo que el Plan Colombia tiene que ofrecer soluciones sociales y trabajos dignos para los campesinos. Esto tiene que ser una solución integral, no simplemente represiva».
Otros creen que el plan es incompleto, pues solo pretende combatir el eslabón de la producción y para nada toca a las mafias de las drogas que participan de la distribución. «El centro de gravedad del narcotráfico se encuentra en aquellas personas que dirigen el negocio y tienen la capacidad de comercializar la droga para obtener utilidades multimillonarias que son lavadas en los circuitos financieros internacionales. Y es en las acciones encaminadas a combatir y neutralizar a las mafias donde se encuentra el vacío fundamental del Plan Colombia», explica Carlos Alfonso Velásquez, coronel retirado del Ejército y profesor universitario.
Un problema multinacional
En realidad, la producción y distribución de drogas ha seguido el molde histórico de las relaciones centro-periferia. En los polos se encuentran los distribuidores y vendedores, que se quedan con el grueso de los ingresos, más del 90% según estudios de expertos (ver recuadro pg. 3). En las zonas subdesarrolladas, campesinos pobres suministran materia prima por la que obtienen porciones ínfimas de los ingresos totales. A cambio, esas comunidades sufren consecuencias sociales devastadoras. En las zonas de mayor producción de coca en Colombia, el nivel educativo es mínimo y la prostitución, por ejemplo, es una de las actividades más comunes.
La política represiva promovida por Estados Unidos no ha logrado ahogar la producción, mientras deja al descubierto un problema que amenaza la seguridad de grandes naciones. El Plan Colombia no debe quedarse en Colombia: debe incluir la lucha decidida contra las mafias internacionales dedicadas al reciclado o blanqueo de narcodinero en grandes centros bancarios de Occidente. En efecto, los carteles de las drogas se han atomizado, y buena parte de su aparato económico se ha trasladado al exterior para evadir los controles de las autoridades colombianas.
Implicación de la guerrilla
Aunque el Plan Colombia tiene como objetivo combatir el tráfico ilícito de narcóticos, es seguro que terminará enfrentado con los intereses de los grupos insurgentes de derecha y de izquierda, es decir, con las FARC y los grupos paramilitares, ambos comprometidos en la recepción de dinero de los narcos. «La relación financiera entre los varios grupos armados y los narcotraficantes ha logrado intensificar el conflicto armado, y ha limitado la capacidad del Estado para cumplir con sus responsabilidades más importantes», asegura el gobierno.
Un estudio reciente de la ONU sobre el impacto del narcotráfico en la economía colombiana revela que los narcotraficantes tienen en la actualidad 4,4 millones de hectáreas de tierras -dedicadas a otros negocios, aparte de la droga-, que podrían valer 2.400 millones de dólares. En estas mismas tierras se libra la guerra entre las fuerzas del Estado, las guerrillas y los grupos paramilitares.
En este escenario es casi inevitable, al combatir el narcotráfico, chocar con los intereses de la guerrilla y de los paramilitares. El gobierno de Estados Unidos ha dicho que su ayuda al plan Colombia es para combatir a los narcos y no a la guerrilla, pero esa distinción es imposible. En el sur del país, la guerrilla de las FARC cobra un impuesto a los productores de droga y arrienda sus tierras para los cultivos ilícitos. «Los traficantes dependen de cultivos de coca y amapola en áreas remotas fuera del control del gobierno. Tanto el tráfico como el procesamiento se realiza en el sur del país, donde existe una presencia fuerte de la guerrilla», reconocen fuentes del gobierno.
Colombia intentará aplicar el Plan: buena parte de su futuro democrático dependerá de sus buenos resultados. El presidente actual confía en consolidar el proceso de paz con las FARC y hacer más fácil la erradicación de los cultivos; pero otra cosa piensan las mafias de la droga, que intentarán defender sus tierras y pagarán mejores dividendos a los subversivos para evitar la destrucción de sus riquezas.
Ante un enemigo tan poderoso, la estrategia debe buscar la colaboración de los demás países involucrados en algunos o todos los eslabones de la cadena: producción, distribución, comercialización, consumo, blanqueo de activos, de precursores y de otros insumos, y el tráfico de armas. Eso es necesario para combatir todos los componentes del ciclo de las drogas y para impedir el flujo de los productos de dicho tráfico, que alimenta la violencia de la guerrilla y otras organizaciones armadas.
César Mauricio Velásquez es periodista y Master en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid.
El presupuesto del Plan Colombia
Apoyo logístico para el proceso de negociación con la guerrilla: 54 millones de dólares.
Recuperación económica y social:
Pequeñas empresas: 900 millones de dólares.
Democratización y desarrollo social: 2.057 millones de dólares.
Lucha antinarcóticos (seguridad y justicia): 4.489 millones de dólares.
El presupuesto total del Plan es de 7.500 millones de dólares. De este dinero, el 60% se destinará al componente militar, es decir, para la lucha antinarcóticos.
Un negocio sin fronteras
Según datos de la Interpol, la producción de cocaína de Bolivia, Colombia y Perú aumentó por lo menos un 30% en 1999 y más de un 20% en los últimos años. Además, el año anterior la producción mundial alcanzó más de 1.000 toneladas y sólo fueron decomisadas 350.
Con 250 a 400 Kg de hojas de coca, obtenidos por 400 dólares en Bolivia o Perú, es fabricado 1 Kg de cocaína, que se vende al por mayor a 5.000 dólares en Colombia y al por menor en Miami por 200.000 dólares. Con 10 Kg de opio, vendidos a 1.000 dólares en el «Triángulo de Oro» del sudeste asiático, se obtiene 1 Kg de heroína, que se vende a 10.000 dólares en Tailandia y se revende a 500.000 dólares en Estados Unidos. Según la DEA -el organismo antidroga estadounidense-, de 100 dólares pagados por un consumidor estadounidense por cocaína, 93 quedan en Estados Unidos, 4 ó 5 van a manos del intermediario colombiano y 2 ó 3 quedan para el productor de hoja de coca.
Los productos químicos necesarios para la fabricación de la droga son comprados ilegalmente a empresas de países industrializados. ¿Quién los vende? ¿Cómo los vende? ¿Quién los transporta a Colombia? Se trata de mafias internacionales que deben ser combatidas en distintos países.