El Tribunal Constitucional italiano aceptó parcialmente algunos recursos contra la ley que regula la fecundación artificial, conocida como Ley 40, presentados por dos tribunales regionales. La sentencia, cuya motivación jurídica tardará varias semanas en hacerse pública, afecta a una de las medidas de protección del embrión establecidas por la ley: el principio de que en cada ciclo de fecundación se haya de transferir un máximo de tres embriones en el útero de la mujer (cfr. Aceprensa 17-12-03).
Al fijar en tres el número de embriones, el parlamento italiano siguió el criterio de la experiencia clínica: implantando menos embriones disminuyen las probabilidades, mientras que implantar un número superior supone incrementar los problemas para la madre.
Con esa medida se pretendía, además, frenar los efectos nocivos de las terapias hormonales sobre las mujeres. De hecho, en los países donde está autorizado transferir mayor número de embriones son más frecuentes las enfermedades relacionadas con la hiperestimulación ovárica. Al establecer que todos los embriones -hasta un máximo de tres- deban ser implantados, la ley evitaba el recurso a la congelación de embriones y los riesgos de prácticas eugenésicas (selección previa de embriones, “reducción” embrionaria).
Otros países han ido restringiendo el número de embriones transferibles para evitar los embarazos múltiples. En el Reino Unido solo se permite implantar dos embriones por ciclo, y en Suecia solo uno (cfr. Aceprensa 23-05-07).
La decisión del tribunal constitucional supone una mutilación que altera la coherencia de la ley. De ahí que haya suscitado dudas interpretativas y planteado algunos problemas sobre su aplicación: si se autoriza la producción de un número mayor de embriones, como hace la sentencia, parece difícil evitar el recurso a la congelación y a la selección de embriones, dos prácticas que la ley prohíbe expresamente y que el mismo tribunal ha ratificado (rechazando recursos que pretendían eliminar esa prohibición).
La ley 40, considerada como una de las más equilibradas del mundo en el campo de la fecundación artificial, ha sido tema de debate político desde que fue aprobada en 2004 por una mayoría transversal del parlamento italiano. La ley salió indemne un año después de un referéndum que pretendía derogarla, promovido por socialistas y radicales (cfr. Aceprensa 16-06-05).