El «invierno demográfico» no va a perdonar al sistema francés de pensiones, que está abocado a un «choque financiero» dentro de diez años. Ha vuelto a advertirlo la comisión sobre el futuro de las pensiones nombrada por el primer ministro, Lionel Jospin (ver servicio 68/98). El estudio donde figura este aviso, presentado a los agentes sociales a principios de diciembre, no es todavía el definitivo, que ha de ser entregado antes del próximo 31 de marzo.
La caída de la natalidad es la espada de Damocles que cuelga sobre el sistema francés, basado -como casi todos- en el reparto. Por su causa, las variables de las que dependen las pensiones van a peor: aumenta el número de jubilados y disminuye el de cotizantes. De hoy al año 2040, los mayores de 60 años serán el único segmento de población que crecerá, concretamente en diez millones de personas, hasta alcanzar el 22% del total. Los franceses en edad de trabajar serán 1,1 millones menos, y seguirán sin ser relevados después del 2040, ya que para entonces los menores de 19 años habrán disminuido en 1,2 millones. Por tanto, la relación entre pensionistas y activos, que hoy es de 4 a 10, estará en 7 a 10 dentro de cuarenta años.
A falta de nacimientos, señala el informe, sólo hay una forma de evitar que baje la población activa a partir del 2006, cuando empiecen a jubilarse las generaciones del baby boom: la inmigración. Pero sería preciso admitir al menos 150.000 inmigrantes por año desde ese momento, o sea, el triple de la cuota actual. Y habrá que ver si los políticos y los votantes están dispuestos.
Si no se añaden cotizantes, el régimen actual de las pensiones es sencillamente insostenible. Con la actual edad media de jubilación (en torno a los 60 años), el retiro de un futuro pensionista durará un promedio de 23 años. Para que al jubilarse reciba una pensión comparable a las actuales, habría que multiplicar por 1,6 la tasa de cotización. O, si se pide a los jubilados que hagan el sacrificio, tendrían que aceptar que su nivel de vida se redujera a la mitad. La otra solución es retrasar cinco años la edad de jubilación, cosa que se puede hacer poco a poco, pero en todo caso, antes del 2020.
El estudio señala que un posible descenso del paro, un aumento de la tasa de actividad femenina o juvenil, un mayor crecimiento económico o un incremento de la inmigración pueden aliviar el problema, pero no lo solucionarán. «Nuestro sistema de pensiones sufrirá un choque financiero ineludible», lo que impone reformar el régimen vigente. En suma, los franceses se enfrentan a una alternativa: o trabajan más años o aceptan más inmigrantes, y eso, nada más que para no empeorar. Sólo un repunte de la natalidad podría evitar los futuros problemas, si bien no se notaría en el sistema de pensiones dentro del periodo considerado por el estudio.
Por eso decía hace mes y medio Henri Leridon, investigador del Instituto Nacional de Estudios Demográficos, que había llegado la hora de emprender una decidida política familiar y de población (cfr. Le Monde, 23-IX-98). La ocasión fue el anuncio, hecho la víspera por el gobierno, de que se crearía un fondo de reserva para garantizar las pensiones a partir del 2005. Ese fondo sólo compensará el gasto adicional debido a la jubilación de las primeras generaciones del baby boom durante no más de diez años. No servirá para cubrir todas las necesidades del sistema, sino sólo para limitar el alza de las cotizaciones.
Según Leridon, una «política demográfica progresista» exige un cambio de mentalidad por parte de quienes ven una intromisión del Estado en cualquier intento de fomentar la natalidad; hay que dejar de «agitar el fantasma del natalismo cada vez que se pronuncian las palabras familia o demografía». Hay que tener en cuenta que la tasa de fecundidad en Francia (1,7 hijos por mujer) es superior a las de países como Alemania (1,3), España (1,2) o Italia (1,2).