El gobierno japonés se juega su futuro en el intento de privatizar el organismo de correos

La oposición dentro de su mismo partido pone a prueba la capacidad del primer ministro para cambiar el modo tradicional de hacer política

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Ashiya. El pasado 5 de julio la Cámara Baja de la Dieta japonesa aprobó, por un estrechísimo margen de 5 votos, el proyecto de ley, presentado por el gobierno, sobre privatización del servicio estatal de correos, que es a la vez el mayor banco del mundo. La propuesta se debate desde el 13 de julio en la Cámara Alta, donde el resultado es incierto, debido a la persistente oposición por parte incluso de miembros del partido gobernante, el LDP (Partido Democrático Liberal). En la Cámara Baja, 51 miembros del LDP se rebelaron contra el primer ministro Junichiro Koizumi, que es también el presidente del partido. En la Cámara Alta la oposición necesita sólo 18 desertores para echar abajo el proyecto.

Koizumi ha apostado fuerte en su intento de privatizar el correo. Antes del debate en la Cámara Baja, amenazó con disolver el Parlamento y convocar elecciones si el proyecto era rechazado. El interés del gobierno por esta reforma proviene de la convicción de que el presente sistema impide que grandes sumas de dinero circulen libremente en la economía nacional. El servicio de correos japonés, que incluye una caja de ahorros y una compañía de seguros, controla cantidades ingentes de dinero (ver Aceprensa 107/02). La mayor parte de ese capital se invierte automáticamente en obligaciones del Estado, de modo que cientos de billones de yenes no se emplean en actividades del sector privado.

Por otra parte, tanto los ahorros como los seguros postales están respaldados por el gobierno y libres de impuestos, lo que les da una ventaja injusta frente a los bancos y aseguradoras privados. En la actualidad sólo los depósitos de la caja postal de ahorros superan los 230 billones de yenes (2 billones de dólares), lo que equivale a prácticamente la mitad de los depósitos de Japón. Los ahorros postales han crecido un 73% desde principios de los noventa, cuando se desinfló la burbuja económica; mientras que el total de ahorros en cuentas bancarias ha disminuido un 15% durante los años de recesión.

El plan del gobierno incluye la privatización de las distintas operaciones postales, en distintas fases, entre 2001 y 2017. En primer lugar, el monopolio se dividirá en cuatro entidades: un servicio de correos, una caja de ahorros, una compañía de seguros y una empresa de servicios. Más adelante el gobierno creará un "holding" para supervisar las cuatro entidades.

La separación parece, por otra parte, necesaria para evitar que el déficit del servicio de reparto de correo afecte a las otras entidades. En la actualidad, el pasivo de la distribución postal asciende a más de 550.000 millones de yenes, que se cubren con el activo de los ahorros y las pólizas de seguros.

Los intereses creados

Al proyecto se oponen políticos influyentes del LDP, que temen perder apoyos decisivos por parte de los sindicatos, los jefes de las oficinas postales (unas 25.000) y los 270.000 empleados fijos del monopolio y los cien mil temporales o a tiempo parcial, que podrían perder su trabajo a resultas de la privatización. Esta red de intereses creados es el principal obstáculo a la privatización.

Hay, sin embargo, otras razones de tipo político que han exacerbado las luchas internas en el partido del gobierno. En los cuatro años que Koizumi lleva de primer ministro, la toma de decisiones políticas ha experimentado grandes cambios. Antes, el partido del gobierno tenía un papel principal, otorgándose el derecho de revisar los borradores de las nuevas leyes. Ahora, el primer ministro y su gabinete toman la iniciativa. En el centro de este sistema está un consejo consultivo para asuntos económicos y fiscales. El nuevo estilo "presidencial" de decisiones verticales ha producido fricciones con miembros del LDP.

Hasta la llegada de Koizumi, el Consejo Ejecutivo del LDP se reservaba la facultad de tomar la decisión final, después de que los distintos comités hubieran revisado los proyectos de ley. Por otra parte, según las normas establecidas por el propio partido, las decisiones del Consejo Ejecutivo deben aprobarse por mayoría, pero en realidad -de acuerdo con la costumbre ancestral japonesa para fortalecer la armonía- se adoptaban por consenso, y el gobierno remitía lo acordado a la Dieta. Con este procedimiento, todos los miembros del partido quedan obligados a apoyar la legislación. De ahí las frecuentes críticas de que los debates en la Dieta eran pura formalidad.

Con Koizumi, todo ese proceso ha cambiado radicalmente. El consejo consultivo, formado por 11 personas, está presidido por el primer ministro e incluye cinco ministros clave, el gobernador del Banco de Japón, dos hombres de negocios y dos académicos. Los altercados a propósito de la privatización postal entre Koizumi y los parlamentarios del LDP con intereses especiales, son una muestra de los cambios acaecidos en la política japonesa.

En este caso, el plan de privatización del servicio postal fue elaborado por el consejo consultivo, y el gabinete lo adoptó en septiembre pasado. Tras una serie de negociaciones entre el gobierno y el LDP, se redactó el proyecto de ley, al que el primer ministro y su gabinete dieron el visto bueno, saltándose el sistema tradicional de obtener la venia previa del partido. Finalmente, el Consejo Ejecutivo del LDP fue forzado por primera vez a decidir por mayoría de votos en lugar de buscar el tradicional consenso.

La fuerza de Koizumi para impulsar la privatización pese a todos los contratiempos, se basa en que, después de cuatro años en el poder, su gobierno mantiene un índice de aprobación popular cercano al 50%. Y mientras tanto, el poder de los jefes de correos para amasar votos se ha debilitado notablemente. Pero en la Cámara Alta, la coalición LDP-Komeito tiene una mayoría corta. Si el proyecto es derrotado, el gobierno tendrá que andar por la cuerda floja en los próximos meses.

Antonio Mélich

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