El gobierno escocés ha publicado recientemente cuatro documentos marco que servirán para elaborar los programas de educación sexual en las escuelas. Las guías obligan a las escuelas a consultar los contenidos con los padres y fomentan el valor de las relaciones familiares estables, incluyendo las responsabilidades derivadas de la paternidad y el matrimonio.
El gobierno dice en las guías que los profesores promoverán las «relaciones estables» o el valor del matrimonio, si el colegio está de acuerdo. Se insistirá en la responsabilidad derivada de la paternidad y en el valor del compromiso en las relaciones (incluido el compromiso matrimonial). Los padres serán consultados individualmente sobre los contenidos de las clases y tendrán derecho a que sus hijos no asistan a las lecciones que consideren inapropiadas. Se explicará la sexualidad humana en el contexto de las relaciones basadas en el amor y el respeto, y se advertirá del riesgo de la sexualidad sin compromiso. La selección de materiales se hará teniendo en cuenta la edad, las circunstancias familiares y las creencias de los alumnos.
La reforma es consecuencia del largo debate que se produjo el año pasado en todo el país. El gobierno británico intentó, sin éxito, anular en Inglaterra y Gales la «Cláusula 28», una disposición que prohíbe favorecer en las escuelas la homosexualidad. La contrapartida que ofrecía el gobierno era enseñar a los escolares el valor del matrimonio y las relaciones estables en las clases de educación sexual. Pero se encontró con una fuerte oposición social y la resistencia de la Cámara de los Lores, que incluso en la tercera y última votación -a pesar del nombramiento por parte del gobierno de 30 nuevos lores-, votaron en contra de anular la prohibición. Según los lores, poner al mismo nivel el matrimonio y las relaciones estables podría ser una puerta falsa para promover la homosexualidad en los colegios (cfr. servicio 47/00).
La historia fue muy parecida en Escocia, con la diferencia de que allí sí se anuló la prohibición, a pesar del rechazo social, y se reemplazó con una cláusula en la Ethical Standards Bill, que promovería en las clases de educación sexual la «vida familiar estable». Las guías recientemente publicadas por el gobierno escocés se han escrito con arreglo a estas pautas.
No resulta fácil valorar qué solución es mejor. En Inglaterra y Gales la Cláusula sigue en pie y, además, el gobierno exige ahora por ley que los profesores subrayen en las clases la importancia del matrimonio. En Escocia, en cambio, además de haberse anulado la Cláusula, los padres no pueden exigir a los colegios que favorezcan el matrimonio si la dirección del colegio no está de acuerdo, teniéndose que conformar con el genérico «relaciones estables».
No obstante, ya el año pasado los obispos anglicanos de Inglaterra y Gales afirmaron que había que centrar los esfuerzos en mejorar la alternativa legislativa del gobierno porque esto era mucho mejor que mantener la Cláusula. Esta mejora sí se ha producido en Escocia.
El gobierno escocés era consciente de que había revocado la Cláusula en contra del sentir mayoritario. Los partidarios de la prohibición llegaron incluso a celebrar un referéndum privado en el que más de un millón de escoceses votaron a favor de mantenerla. Por eso el gobierno inició una serie de reuniones con líderes religiosos, entre los que se contaba el cardenal Thomas Winning, arzobispo católico de Glasgow, para llegar a un acuerdo en relación con los principios y objetivos de las guías sobre educación sexual.
Las familias y los líderes religiosos están satisfechos con la reforma, aunque lamentan que no exista el imperativo legal de promover el matrimonio. Además, las guías ofrecen referencias bibliográficas a diversos documentos que explican la sexualidad desde la perspectiva de los creyentes.
La educación en Escocia está muy descentralizada y no existe un programa único de educación sexual. De manera que las guías son forzosamente genéricas: dicen qué hay que explicar, pero no cómo. En cualquier caso, el gobierno insiste tanto en las consultas a los padres y en que se involucren en la planificación de los programas, que si hay algún caso crítico quizás sea por dejadez o porque no han hecho uso del derecho a que sus hijos no asistan a las clases.