Alain Touraine, director del Instituto de Estudios Superiores de París, comenta en un artículo publicado en El País (Madrid, 6-VII-96) el giro que debería dar una política de izquierdas para conciliar la modernización económica y una sólida protección social.
(…) Quedan tres terrenos de gastos en los que debe llevarse a cabo una acción decidida de reducción si se quiere conservar el modelo social europeo: (…) las subvenciones económicas a las empresas, las subvenciones sociales y los regímenes sociales de ciertas categorías de trabajadores del sector público.
Las subvenciones económicas y sociales están constituidas en una parte muy importante por el denominado tratamiento social del desempleo. Algunas medidas tienen efectos económicos y sociales muy positivos. (…) En cambio, numerosas ayudas otorgadas a las empresas, en particular para la contratación de jóvenes, sólo conducen -según la expresión de Michel Rocard- a cambiar el orden de la cola sin disminuir la longitud de la misma. (…) Igual que sería absurdo y criminal reducir la ayuda a los parados sin una contrapartida, es indispensable sustituir la ayuda a los parados por la ayuda al empleo, al menos en una cierta proporción. Por último, en el sector público hay categorías importantes que disponen de ciertas ventajas, en particular en cuestiones de jubilación, que ya no están justificadas. (…)
Ante tales observaciones, muchos votantes de izquierdas protestan diciendo que se está intentando reducir los derechos adquiridos y agravar la situación de los trabajadores cuando es en la cima de la sociedad y de la riqueza donde hay que aumentar la recaudación. Hay que responder a esa reacción, porque está en juego la propia naturaleza de una política de izquierdas. La mayor parte de las subvenciones estatales sirven para proteger, e incluso reforzar, la vasta clase media que se ha formado a lo largo de las tres o cuatro últimas décadas. Pero esta política, cuyas razones pueden comprenderse fácilmente porque defiende los intereses de lo que todavía es una mayoría, es incompatible con los dos objetivos que casi todos reconocen como prioritarios: la lucha contra la pobreza y la marginación, y la competitividad internacional.
Igual que es inaceptable reducir la Seguridad Social, el seguro de enfermedad o la ayuda directa a los parados, sobre todo los de larga duración, hay que disminuir las subvenciones a las empresas que no crean empleo, reducir las ventajas relativas de determinadas categorías cuando no correspondan a trabajos especialmente penosos o peligrosos y dar al mayor número de gente la posibilidad de trabajar en lugar de recibir asistencia. La política de asistencia no ayuda a los más débiles o a los más pobres: ayuda a empresas o categorías sociales amenazadas o relativamente debilitadas. La izquierda tiende a defender a las categorías a las que ayudó a entrar en la clase media: categorías que, si bien no puede decirse de ellas que se hayan aburguesado, ya no son, desde luego, las más pobres ni las más amenazadas, sobre todo en el caso de los trabajadores del sector público, principal base de apoyo de la izquierda. Tengamos en cuenta que, en Francia, el primer partido obrero no es ni el partido comunista ni el partido socialista, sino, con gran diferencia, el Frente Nacional, al que vota el 30% de los obreros. Ayudando a los trabajadores bien protegidos del sector público no se evita que los obreros poco cualificados de sectores económicos en declive emitan un voto de protesta, de sufrimiento y de desesperación.
(…) Debemos retirar recursos del centro para llevarlos hacia las alas, por un lado hacia la innovación económica y científica y por otro hacia la lucha contra la marginación. Mientras la izquierda no realice esta auténtica conversión, estará condenada a dejar gobernar a la derecha.