Es difícil encontrar a alguien que no esté a favor de la familia, al menos de la propia. A los cientos de miles de ciudadanos que se reunieron en la plaza de Colón en Madrid el pasado día 30 les unía el deseo de defender la familia frente a leyes que la desnaturalizan. En su indignada respuesta, el partido socialista destaca las políticas sociales que el gobierno ha desarrollado en esta legislatura para favorecer la vida de las familias. Y ambos tienen su parte de razón. Lo que hay que ver es si bastan las ayudas materiales para que prospere la familia, cuando las leyes relativizan sus propiedades esenciales.
El gobierno recuerda que a lo largo de estos años ha establecido medidas para promover la natalidad, para conciliar la vida laboral y familiar, para favorecer a las familias de los jubilados con pensiones más bajas, para apoyar a las familias con personas dependientes, para que los hijos de familias con menos recursos dispongan de más becas… Y es verdad. Probablemente son estas las leyes que han contado con más respaldo político en esta legislatura, también a veces de la oposición. No ha habido apenas críticas contra ellas. Tampoco de la Iglesia.
Lo que se le reprocha al gobierno es la incoherencia en su política familiar, pues no pocas veces los cambios en el derecho de familia tienen unos costes sociales que después se intenta paliar con prestaciones económicas.
Se crea el subsidio de 2.500 euros por nacimiento de un hijo, mientras que una aplicación laxa y fraudulenta de la ley del aborto hace que uno de cada seis embarazos en España no llegue a término, lo que no favorece ni el respeto a la vida ni la natalidad.
El divorcio exprés permite divorciarse a los tres meses del matrimonio sin separación previa, incluso por imposición unilateral de uno de los cónyuges, lo que se ha traducido en un aumento del 74% en el número de divorcios en un año. Son bien conocidos los efectos de esta inestabilidad familiar, que a menudo tiene secuelas de precariedad económica de las familias a cargo de un solo cónyuge, problemas psicológicos y de fracaso escolar de los hijos, y dificultades para el pago de las pensiones. Pero a la vez el gobierno predica la necesidad de la conciliación de vida laboral y familiar, para que ambos padres atiendan a los hijos; lamenta que tantos padres hayan abdicado de sus responsabilidades educativas y explica buena parte del fracaso escolar por las carencias de las “familias desestructuradas”.
De una parte, aprueba una ley que puede suponer una importante ayuda a los familiares que tienen a su cargo personas discapacitadas dependientes; de otra, la filosofía y la práctica que inspira el divorcio fácil es que no hay compromiso permanente, por lo que cabe preguntarse si en el futuro muchos mayores dependientes van a encontrar familiares que se ocupen de ellos.
Por un lado, se aprueba una ley para favorecer una presencia equilibrada de ambos sexos en la vida pública y profesional, con la idea de que así se integra mejor los enfoques masculino y femenino al abordar los problemas; en cambio, ya no hace falta que un niño tenga padre y madre, pues puede ser fruto de la inseminación artificial de la mujer sola o ser adoptado por una pareja del mismo sexo, lo que se supone que no implica ninguna carencia en su educación.
Extremismo legislativo
En fin, no cabe olvidar que este gobierno, que califica de fundamentalistas y ultraconservadores a los críticos, y se presenta como símbolo de la moderación, empezó su andadura con una actitud realmente extremista en el derecho de familia. Entre las diversas posibilidades de regular las uniones homosexuales, optó por abrirles el camino del matrimonio, solución que solo había sido adoptada por escasos países (Holanda, Bélgica y Canadá).
En la reforma de la ley del divorcio, el gobierno hizo caso omiso del dictamen del Consejo de Estado, que no es ninguna dependencia de la Conferencia Episcopal, y que advirtió que ese modelo de divorcio “no es lo que rige en nuestro entorno jurídico y cultural”. El divorcio unilateral sin causa, decía el dictamen, “es realmente excepcional, y aceptado, siempre con plazos, en dos países nórdicos (Finlandia y Suecia), más alejados de nuestra tradición jurídica”.
Vistos los resultados, no parece exagerado el cardenal Rouco cuando señala la formación de un clima cultural y social que “relativiza radicalmente la idea misma del matrimonio y de la familia”, y que fomenta un tipo de relaciones entre varón y mujer “opuestas al valor del amor indisoluble y al respeto incondicional a la vida desde el momento de la concepción a la muerte natural, realidad social posibilitada y favorecida jurídicamente por las leyes vigentes”.
Voces de la sociedad civil
El gobierno lanza una cortina de humo cuando presenta la postura de los críticos como si pretendieran la imposición de una convicción religiosa, mientras que la del gobierno estaría abierta a todas las ideologías. En realidad, la aprobación de una ley supone siempre el espaldarazo a un tipo de convicciones frente a las contrarias. Y el que una ley se apruebe por mayoría parlamentaria no la hace inmune a las críticas, no solo de la oposición política, sino también de la sociedad civil. Y una de las voces más representativas de esa sociedad civil es la de la Iglesia católica.
Pero el PSOE está todavía anclado en una idea de la laicidad que le lleva a denunciar como injerencia política cualquier pronunciamiento de la Iglesia católica sobre leyes civiles. Políticos más modernos, como el presidente francés Nicolas Sarkozy, demuestran una idea mucho más abierta de lo que califican como “laicidad positiva”.
En su reciente y comentado discurso en Roma, Sarkozy ha reconocido que “la República tiene interés en que exista también una reflexión moral inspirada en convicciones religiosas”. “En la República laica -siguió diciendo-, un político como yo no decide en función de consideraciones religiosas. Pero importa que su reflexión y su conciencia sean iluminadas especialmente por consejos y reflexiones libres de las contingencias inmediatas. Todas las inteligencias, todas las espiritualidades que existen en nuestro país deben tomar parte en ello” (cfr. Aceprensa en Internet, 24-12-2007).
A dos meses de las elecciones es difícil que el gobierno valore las críticas al margen de las contingencias políticas inmediatas. Resulta más sencillo decir que los obispos hacen política. Es cierto que esa reflexión moral inspirada en convicciones religiosas tiene más posibilidades de ser acogida si se hace con palabras y gestos que no se vean como una bofetada moral. Pero, en cualquier caso, el gobierno no tiene un problema con unos obispos, sino con esa multitud de ciudadanos que, en un ejercicio de participación democrática, manifiestan su opinión sobre unas leyes del gobierno.