El Observatorio

EE.UU.: Una nación armada

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La poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA) ha celebrado la decisión de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia (D.C.)en el caso D.C. vs. Heller: el tribunal ha dado luz verde a la posibilidad legal de que un individuo registre más de una pistola por mes, y ha derogado la obligación de que cada tres años vuelva a registrar las armas de su propiedad. Además, para ello, a partir de ahora no tiene que llevarlas físicamente a la comisaría.

Así, las nuevas facilidades con que cuentan los amantes de las armas en el distrito capital, en un país el que cada año se registran 30.000 muertes por disparos, han sido criticadas en un editorial de Los Angeles Times, en el que se apunta que, en 2008, la Corte Suprema de EE.UU. sentenció que, si bien la segunda enmienda constitucional “confería un derecho individual a tener y portar armas”, dicha prerrogativa no era “ilimitada” y podía estar sujeta a restricciones.

La rigurosa ley capitalina de control en la materia fue elaborada en respuesta a la persistente violencia armada imperante en el distrito, que a pesar de las medidas de control ostentaba, en 2010, el récord nacional de muertes por arma de fuego: 16,5 por cada 100.000 habitantes, índice muy superior a las 7,7 del estado que ocupa el segundo lugar: Luisiana.

El caso de 2008 centró la atención en la exigencia de que los poseedores de armas las mantuvieran inoperables mientras las tuvieran en casa. Pero la Corte de Apelaciones ha determinado que la ley era muy restrictiva y ha establecido el derecho individual a tener en casa un arma para “autoprotección”.

“La decisión de la Corte de Apelaciones tiene algunos aspectos positivos –señala Los Angeles Times–, y aunque no obliga a otros tribunales fuera de la capital de la nación, sí que puede influir en ellos: se reconoce que el gobierno puede requerir a los dueños de armas que aporten una fotografía y sus huellas digitales para registrar un arma de mano, debido a que existe un interés público en que lo hagan. Además, se afirma que el gobierno tiene la autoridad para reclamar que se registren las armas largas –escopetas y rifles–. Ambas previsiones pueden ayudar a mantener las armas lejos de delincuentes, maltratadores domésticos, enfermos mentales y otras personas a las que la ley les prohíbe tenerlas”.

Según los editores, la Corte Suprema erró en 2008 al trastocar la interpretación de la 2da. Enmienda constitucional, de 1791, que había sido aceptada por más de medio siglo, a saber, que la referencia a una “milicia bien regulada” reservaba únicamente a unidades militares organizadas, como la Guardia Nacional, el derecho de tener y portar armas. A este respecto, en la actualidad un breve comentario en la web oficial de la Carta Magna hace notar que el derecho personal a armarse está protegido por la mencionada enmienda, con independencia de que el individuo sirva o no en una milicia.

El diario californiano señala, no obstante, que “aunque su decisión (la del alto tribunal) es ley , también lo es el derecho del gobierno a regular la posesión de armas. Mientras los tribunales continúan definiendo lo que esto significa, deben (…) colocar la seguridad pública por delante de equívocas nociones de una nación armada”.


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