Ante el riesgo de que se vulnere su libertad religiosa, un juez federal de Michigan ha concedido a un empresario una medida cautelar contra la norma del Ministerio de Sanidad de EE.UU. que obliga a todos los empleadores –incluidas instituciones de inspiración religiosa– a financiar anticonceptivos, la píldora del día siguiente y la esterilización en el seguro sanitario.
A finales de mayo, 43 instituciones católicas (universidades, hospitales, asociaciones benéficas, diócesis…) presentaron 12 demandas ante tribunales federales contra el llamado “mandato anticonceptivo”. Las demandas coincidían en que el precepto vulnera la libertad religiosa y, a la vez, revelan un conflicto que afecta a las relaciones Iglesia-Estado y a la libertad de conciencia (cfr. Aceprensa, 29-05-2012).
En octubre, el número de demandantes alcanzó los 100. A esta cifra redonda se habían ido sumando instituciones protestantes (sobre todo, universidades), pero también dueños de empresas y aseguradoras que veían cómo el mandato les obligaba a suministrar unos servicios en contra de sus convicciones éticas o religiosas.
Hasta la fecha, unas pocas demandas han sido desestimadas. En esos casos, los jueces alegaron que los demandantes no probaban suficientemente la amenaza de un daño inminente. Pero ya ha habido dos casos en que los tribunales han concedido medidas cautelares para garantizar que el precepto del Ministerio de Sanidad no vulnera la libertad religiosa de los demandantes.
La primera victoria llegó el pasado mes de julio. Fue a favor de la familia propietaria de Hercules Industries, una empresa fabricante de aparatos de calefacción y refrigeración con sede en Denver que emplea a cerca de 300 trabajadores. A los Newland les tocaba renovar el seguro médico de sus empleados el 1 de noviembre: de ahí que necesitaran la medida cautelar si querían evitar las multas (100 dólares al día por cada empleado) por no incluir los servicios que les plantean objeciones morales.
La segunda medida cautelar la acaba de conceder el 31 de octubre el juez de distrito Robert Cleland. El demandante principal es el dueño de Weingartz Supply Company, una empresa de maquinaria, al que se ha unido una organización sin ánimo de lucro que reúne a empresarios católicos.
En ambos casos, los jueces han argumentado que los demandantes deberían poder desempeñar sus negocios de acuerdo con sus convicciones.