Una sentencia que se calificó de “histórica” fue anulada ayer por el Tribunal Superior de Pensilvania. El recién absuelto es Mons. William Lynn, vicario para el clero en la archidiócesis de Filadelfia de 1992 a 2004, el primer responsable eclesiástico condenado no por abusos de menores, sino por no haber vigilado y apartado a un abusador. En junio de 2012 se le impuso una pena de tres a seis años, y está en la cárcel desde entonces.
La condena a Lynn se basó en el caso de un sacerdote, Edward Avery, acusado de abusos contra un monaguillo de 10 años en el curso 1998-99. En 2009, la víctima denunció a Edward Avery, que fue procesado en 2012, poco antes que Lynn. Avery se declaró culpable e incriminó a Lynn como cómplice por encubrimiento.
Durante el juicio contra Lynn, la acusación alegó, con testimonios y documentos, que el vicario había tratado de que no salieran a la luz pública varios casos de abusos de menores en la archidiócesis. En el caso de Avery, sostuvo que Lynn, en vez de someterlo a investigación, lo había trasladado a otra iglesia sin advertir de nada al párroco.
El Tribunal Superior no niega eso, pero dictamina que para condenar a Lynn se le aplicó retroactivamente una norma penal que no estaba vigente cuando sucedieron los hechos. La ley de protección de menores de Pensilvania, promulgada en 1972, castiga a los “padres, tutores o supervisores de un niño” si lo ponen en peligro por “omisión del deber de cuidar, proteger o asistir”. En 2005, el anterior fiscal del distrito y un gran jurado (comisión que estudia si existe base para imputar a alguien) concluyeron que Lynn no entraba en ese caso, pues ni tenía a su cuidado ni conocía al monaguillo. Por eso se enmendó la ley, para incluir, junto con los padres y tutores, a quienes los tuvieran empleados o los supervisaran; la reforma entró en vigor en 2007.
Sin embargo, en 2011 un nuevo fiscal acusó a Lynn con una interpretación expansiva de la ley de 1972, a la luz de la versión posterior. El jurado y el juez admitieron el argumento, cosa que el Tribunal Superior califica de “completamente equivocada”. El abogado de Lynn, que en el juicio sostuvo lo mismo, explica el error por el ambiente de indignación general por las revelaciones de abusos y encubrimientos, que llevó a retorcer la ley con tal de hallar un culpable (cfr. The New York Times, 26-12-2013).
En este caso hay algunos puntos oscuros, que señaló Ralph Cipriano en National Catholic Reporter con ocasión del posterior juicio a otros acusados. Resulta extraño que a Lynn se impusiera una pena mayor que al mismo autor de los abusos (dos años y medio a cinco). La explicación es que Avery llegó a un acuerdo con el fiscal, para recibir la condena más leve posible a cambio de declararse culpable e implicar a Lynn.
Sin embargo, en el juicio contra los otros, a principios de este año, llamado como testigo, dijo que no había cometido los abusos, pero aceptó la oferta del fiscal porque no veía posibilidad de ser absuelto, al tener en contra la denuncia del antiguo monaguillo.
Por otra parte, Cipriano considera poco creíble el testimonio de la víctima, que en distintas ocasiones ha dado versiones diversas de los hechos.
Pese a la anulación de la condena, Lynn no ha sido automáticamente puesto en libertad, pues el Tribunal Superior tendrá que oír primero el recurso del fiscal. Pero, basado en la sentencia, puede solicitar la libertad condicional.