Según el informe anual del Death Penalty Information Center (DPIC), 2006 ha sido el año con menos ejecuciones de la última década en Estados Unidos. El número de sentencias de muerte también ha caído en picado y, por primera vez, hay mayoría partidaria de sustituir la pena capital por la cadena perpetua. La prensa norteamericana se ha hecho eco de estos datos, en un momento en el que la imagen del ahorcamiento de Sadam Husein da la vuelta al mundo.
«La pena de muerte se bate en retirada» fue la conclusión a la que llegó Richard Dieter, director del DPIC, a la vista de los últimos datos sobre las condenas a la pena capital y su aplicación en Estados Unidos. En 2006 fueron ejecutadas 53 personas, contra 60 en 2005, 59 en 2004, 65 en 2003 y 71 en 2002. También la cifra de sentencias de muerte dictadas por los tribunales es la más baja de los últimos 30 años.
Otro dato que pone de relieve el informe es que la aplicación de la pena de muerte se encuentra muy localizada. Este año 14 Estados han llevado a cabo ejecuciones, pero el 85% de ellas se realizaron en sólo 6 de ellos -Texas, Ohio, Carolina del Norte, Florida, Oklahoma y Virginia-. Sólo Texas, donde fueron ejecutadas 24 personas, acumula el 45%.
Cambio de sensibilidad
¿Por qué desciende el número de ejecuciones en Estados Unidos? Los analistas señalan tres factores. En primer lugar, las dudas sobre la justicia de las condenas. El recurso a la prueba del ADN ha permitido corregir errores judiciales: desde que en 1976 se volvió a ejecutar la pena capital, 137 condenados a muerte han sido declarados inocentes. El riesgo de incurrir en errores ha llevado a que cada vez más Estados hayan aprobado penas alternativas.
Un segundo factor es la polémica en torno al modo en que se aplican las condenas. La última ejecución de 2006, el pasado 13 de diciembre, puso en entredicho la inyección letal. Para provocar la muerte del condenado se necesitó una dosis extra y la agonía se prolongó durante 34 minutos. Por eso el gobernador de Florida, Jeb Bush, ha suspendido las ejecuciones pendientes hasta que una comisión presente un informe sobre este método.
California también ha tenido problemas con la inyección letal. El 18 de diciembre el gobernador del Estado, Arnold Schwarzenegger, hizo una declaración oficial en la que se comprometió a garantizar que las ejecuciones se llevarían a cabo de forma «constitucional» y a mejorar la preparación técnica del personal encargado de aplicarlas.
Pero quizá el factor que más ha influido en el descenso de las ejecuciones es que la opinión pública va volviéndose en contra. La semana pasada, una comisión de expertos presentó en New Jersey un informe con recomendaciones para abolir la pena de muerte: «Hay cada vez más indicios de que la pena capital contradice los criterios actuales de decencia», concluye.
A la creación de este nuevo clima de opinión ha contribuido la Conferencia Episcopal católica con sus llamamientos para promover una legislación a favor de la vida (ver Aceprensa 38/05), junto con otras comunidades cristianas. El resultado está a la vista: por primera vez, los que se manifiestan a favor de que se condene a cadena perpetua sin posibilidad de remisión, en vez de a muerte, a los culpables de asesinato en primer grado son más (el 48% de la población) que los de la postura contraria (47%), según la última encuesta de Gallup.
Europa, en contra
La ejecución de Sadam Husein provocó reacciones críticas en Europa. Aunque los líderes europeos reconocieron los gravísimos crímenes cometidos por el dictador iraquí, el rechazo al ahorcamiento fue prácticamente unánime. Algunas de las críticas más contundentes vinieron del Vaticano; su portavoz, Federico Lombardi, declaró que «matar a un culpable no es el camino para reconstruir la justicia y reconciliar a la sociedad».
Italia fue quien llevó el asunto más lejos. Tres días después de la ejecución, lanzó una iniciativa ante las Naciones Unidas con el objeto de promover una moratoria mundial a la pena de muerte. A la propuesta italiana ya se ha sumado Francia. La próxima reunión de Directores Políticos de la UE, que tendrá lugar del 11 al 12 de enero en Dresde (Alemania), será una buena ocasión para debatir esta iniciativa.
Juan Meseguer Velasco