EE.UU.: la pena de muerte pierde apoyo

La posibilidad de estar matando inocentes provoca un cambio de opinión

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El apoyo popular a la pena de muerte en Estados Unidos ha bajado sensiblemente en los últimos meses. Según la cadena de televisión ABC, el 64% de la población está a favor, frente al 77% de 1996. La aceptación de la pena de muerte desciende aún más si se propone la posibilidad de sustituirla por la cadena perpetua sin remisión. A la vez, un Estado ha suspendido las ejecuciones y en otros, los Parlamentos han debatido propuestas de abolirla.

El mes pasado, el Parlamento de New Hampshire aprobó la abolición de la pena capital y su sustitución por cadena perpetua sin posibilidad de remisión. Pero la gobernadora del Estado ha vetado la decisión, y la mayoría parlamentaria abolicionista no es suficiente para anular el veto.

La relevancia de la votación parlamentaria en New Hampshire es grande, aunque más simbólica que práctica. New Hampshire, que restauró la pena de muerte en 1991, de hecho no ha ejecutado a ningún reo desde 1939, y presenta una de las tasas de asesinatos más bajas del país. Sin embargo, la iniciativa es sintomática de un cierto cambio en el clima de opinión, sobre todo teniendo en cuenta que el año pasado en los Parlamentos de otros once Estados se presentaron proyectos para abolir la pena capital, aunque ninguno de ellos fue aprobado.

En la práctica, es más importante la medida adoptada en febrero pasado por el gobernador de Illinois, George Ryan. Aunque favorable a la pena capital, Ryan decidió suspender indefinidamente las ejecuciones para revisar el sistema de justicia, al saber que 13 inocentes habían sido condenados a muerte, si bien no llegaron a ser ejecutados. También Maryland ha iniciado un estudio sobre la equidad de las sentencias de muerte, en este caso por la desproporción de condenados pertenecientes a minorías raciales. Virginia, el Estado que más rápido ejecuta a los condenados, ha reformado los procedimientos penales para facilitar a los presos la presentación de pruebas adicionales en su favor (cfr. International Herald Tribune, 19-V-2000).

La posibilidad de que se estén condenando a inocentes es la principal causa del cambio de opinión sobre la pena de muerte. Un reportaje publicado por el diario Chicago Tribune fue motivo de reflexión para el gobernador Ryan. El periódico analizó 300 casos. De ellos, 260 fueron recurridos. La mitad requirieron un nuevo juicio o una nueva vista oral. En muchos casos, la rectificación de declaraciones por parte de los testigos, la actuación irregular de los jueces o abusos por parte de la acusación hicieron revisar el veredicto. Además, Chicago Tribune descubrió que el 40% de los casos estaban corrompidos de algún modo, y que en 33 casos el acusado estuvo defendido por un abogado al que más tarde se retiró la licencia para ejercer.

En Estados Unidos, desde 1973, 87 presos previamente sentenciados han quedado en libertad al demostrarse su inocencia, a veces gracias a la prueba del ADN (ver servicio 158/99). Sin embargo, esta prueba no siempre se ha podido usar. Hasta ahora, en virtud de una medida aprobada por el Congreso en 1996, los Estados pueden limitar drásticamente el plazo para presentar apelaciones, y a veces no esperan a que lleguen los resultados de la prueba. Pero ahora varios Estados empiezan a dar más facilidades. Nueva York e Illinois ya han reconocido a los reos el derecho a la prueba del ADN. En los últimos años, las pruebas del ADN han librado de la cárcel a 72 presos, ocho de ellos en el corredor de la muerte. Esta semana, el Congreso debate si la obligatoriedad se extiende a todo el país. En la actualidad, 13 Estados exigen el aplazamiento de la ejecución hasta que se realice una reforma del sistema y los presos obtengan garantías judiciales.

Pese a estos cambios, las cifras de la pena de muerte siguen siendo elevadas. Según Amnistía Internacional, en 1999 hubo 98 ejecuciones en Estados Unidos, el número anual más alto desde que el Tribunal Supremo permitió restaurar la pena capital, en 1976. En cambio, el total mundial ha bajado de 2.358 ejecuciones (1998) a 1.813 (1999). China continúa siendo el país con más ejecuciones (1.077 conocidas), seguida de Congo (100) y Estados Unidos. Estos tres países, más Irán y Arabia Saudita, aglutinan el 85% de las ejecuciones registradas en 1999. En Estados Unidos hay unos 3.600 presos condenados a muerte.


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