El debate sobre la inmigración en la UE (y II)

Diversos países europeos aprueban nuevas leyes de inmigración

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El debate sobre la inmigración en la UE (y II)

Ante la sensación popular de que la inmigración no está siendo controlada, diversos países europeos han revisado sus políticas de inmigración. Los cambios legales van en la línea de reforzar la lucha contra la inmigración ilegal; establecer contingentes de inmigrantes según las necesidades económicas del país; endurecer el derecho de asilo y el reagrupamiento familiar; y presionar a los recién llegados para que aprendan la lengua y la cultura del país de acogida.Austria: aprenda alemán, si quiere quedarse

Viena. Austria, centro antaño de un imperio multinacional, va a dictar una nueva ley de extranjería que impone a los inmigrantes un "contrato de integración", que les obliga a aprender la lengua. La propuesta de ley aprobada por el gobierno el 4 de junio establece que, para vivir y trabajar en Austria, los extranjeros que hayan entrado en el país a partir de 1998 deberán aprobar previamente unos cursos de alemán: al menos 100 horas, que deberá pagar el interesado, a diferencia de otros países (Alemania, donde son 300 horas, Holanda, donde son 600, o Suecia, donde son 525). Además, los trabajadores extranjeros deberán esperar 5 años para traer a sus familias a Austria, frente a los dos años hasta ahora. Quedan excluidos de estas normas los ciudadanos de la Unión Europea (UE) -que tienen derecho a la libre circulación-, los de otros países que han suscrito acuerdos particulares, así como los profesionales de alta cualificación que no vayan a pasar en Austria más de dos años. La medida, que tiene como fin evitar la entrada de "mano de obra barata", ha sido criticada por la oposición de socialdemócratas y verdes.

Además de por esta ley, la inmigración viene regulada con una cuota anual que establece el gobierno, y que para 2002 es de 8.280 nuevos trabajadores. En cambio, aumenta la cifra de "inmigrantes cualificados", que es de 2.400. El número de familiares de trabajadores extranjeros que adquieren permiso para residir en Austria es también regulado por el gobierno, y para 2002 se ha fijado en 5.490 personas. La cifra de trabajadores temporeros se ha reducido de 15.000 en 2001 a 8.000. Esto es consecuencia del aumento del número de parados en Austria, que superó los 200.000 en mayo pasado, un 20% más que un año antes.

Con todo, hay una diferencia esencial entre Austria y Alemania, y es que mientras ésta trata de atraer a "inmigrantes cualificados", Austria se resiste a aceptar que de hecho "es" un país de inmigración: sobre 8,1 millones de habitantes, el 9,1% no tiene nacionalidad austriaca, y los extracomunitarios son el 7,7%. En Viena, los extranjeros son el 16% de la población. La cifra de extranjeros ha aumentado un 41% en los últimos 10 años. El 45% procede de países de la ex Yugoslavia, el 18% son turcos y el 15% ciudadanos de la UE (dos tercios de ellos, alemanes). Si, además, se contara el número de ciudadanos que no tienen el alemán como lengua materna (procedentes de la emigración desde los antiguos países del imperio Austro-Húngaro y desde Turquía en los últimos decenios), el mosaico que compone la sociedad austriaca quedaría aún más claro. Pero el gobierno democristiano-liberal no quiere ver nada positivo en la emigración, y pone su esperanza en relanzar la natalidad con el "Kindergeld" o subsidio mensual de 450 euros que pueden recibir los padres (siempre y cuando no sean extranjeros) durante 3 años por cada nuevo hijo…

En cuento a la inmigración ilegal, casi 49.000 extranjeros fueron detenidos en 2001 por entrar clandestinamente en Austria, procedentes en su mayoría de Rumania, Afganistán, Ucrania, Yugoslavia e Irak.

Santiago MataItalia: entrada solo con contrato de trabajo

Roma. El Parlamento italiano ha aprobado una reforma de la ley que regula el ingreso de inmigrantes procedentes de países no pertenecientes a la UE. La novedad fundamental con respecto a la ley vigente es que limita la concesión del permiso de residencia (por dos años, renovable) a aquellos extranjeros que tienen ya contrato de trabajo. Con este fin, las embajadas y consulados italianos cubrirán algunas funciones de "oficina de empleo". Al mismo tiempo, se endurecen las sanciones a los empresarios que contratan mano de obra extranjera sin permiso de residencia.

La ley, de la que se espera su aprobación por el Senado en el mes de julio, tal vez con ligeras modificaciones, ha recibido duros reproches de la oposición de centro-izquierda. Uno de los puntos más criticados ha sido la disposición de que a partir de ahora se tomarán las huellas dactilares de los inmigrantes, lo que se considera una discriminación ya que -a diferencia de otros países- esa medida no se aplica a los italianos. Al final, el gobierno acordó que la medida se extenderá a todos.

La nueva ley establece que cada año el primer ministro tendrá la facultad de fijar, mediante decretos, el cupo de inmigrantes que admite el país. Quedan sometidos a regulación especial los deportistas y el personal sanitario (del que hay déficit en Italia). Se facilita el ingreso de los hijos a cargo de quien tiene ya trabajo, así como de los padres, en caso de que superen los 65 años y no sean autosuficientes. También está previsto regularizar la situación de las empleadas domésticas (no más de una por familia) y de las personas que cuidan a ancianos y enfermos (es posible, según las circunstancias, contar con más de una por familia).

Aparte de las críticas motivadas por la lucha política, lo cierto es que la ley presenta algunos interrogantes. Por ejemplo, establece que quien se queda sin trabajo dispone de seis meses para encontrar otro; de lo contrario no se le renovará el permiso de residencia. Se trata de una medida que puede dar lugar a abusos y, en todo caso, es contraria a la tendencia -también patrocinada por el gobierno italiano de centro derecha- de fomentar la flexibilidad laboral ante la mentalidad de "puesto fijo vitalicio".

En el telón de fondo de las motivaciones de la ley está la lucha contra la inmigración clandestina, las mafias que la alimentan y la criminalidad de la que está acompañada. Se trata de un problema ante el que la opinión pública está cada vez más sensibilizada y que ha sido una de las batallas electorales de la Liga Norte, uno de los partidos que integra la coalición de gobierno. El texto final de la ley ha sido fruto del acuerdo con los otros partidos, que defendían posturas menos radicales. La ley, de todas formas, establece la expulsión de los inmigrantes en situación irregular y la condena para los que vuelvan a entrar una vez expulsados.

Diego ContrerasEn Holanda no hay problema de empleo

Amsterdam. Pau, catalán, estudia holandés en una escuela nocturna de Amsterdam. Trabaja desde hace dos años en una fábrica que produce lingotes de oro y de plata, pero busca otro puesto donde ganar más. "Encontré en Internet una agencia de trabajo que ofrecía empleo en Holanda: te arreglaban todo, te buscaban piso. Ahora me he enterado de que con el diploma que tengo puedo ganar más. Me gusta el país, tengo 25 años, de momento me quedo".

Pau es uno de los 110.000 inmigrantes que vinieron en 2000. La mitad son como él, de un país de la UE, atraídos por la coyuntura creada por el "modelo pólder". La otra mitad, peticionarios de asilo. Estos son estudiados caso por caso y, si se demuestra que en su país son perseguidos por motivos políticos, religiosos o por ser de un grupo determinado, reciben el status de refugiado político. El proceso suele ser un laberinto burocrático. La parte de la población más abierta a los inmigrantes protesta porque en estas esperas se malogra mano de obra capacitada de la que tan necesitada están las empresas. En cambio, la parte más reacia se resiste a que haya en sus alrededores un centro de acogida para grupos de afganos o ghaneses.

La población ha crecido en un cuarto de siglo tres millones de habitantes a causa de la emigración. Hace algunos decenios hubo una política activa de inmigración. La mayoría de los españoles, italianos, marroquíes o turcos que llegaron a trabajar en los años 60, no aprendieron el neerlandés. Atraídos por la necesidad de mano de obra no cualificada, trabajaron y se beneficiaron del Estado providencia holandés hasta que comenzó la recesión. Entonces muchos volvieron a sus países por medio de acuerdos intergubernamentales. Los musulmanes que se quedaron, si en su época laboral no necesitaron conocer el idioma y la cultura, ahora menos. Las TV vía satélite y la abundancia de mezquitas les ofrecen su ambiente de origen.

En general, se advierte que los inmigrantes de ahora se integran con más dificultad. Muchos vienen de países no europeos y de religión musulmana, con lo que las diferencias culturales son mayores que las de los que llegaron en los años 60, o de los que procedían de antiguas colonias holandesas. Otra cosa son sus hijos y nietos de inmigrantes que ya se sienten holandeses y están integrados.

Actualmente existe una política activa de integración para las llamadas minorías étnicas, que forman el 10% de la población de 16 millones de habitantes. Existe un curso de neerlandés y orientación social también para los extranjeros que vienen a trabajar o peticionarios de asilo con el status ya concedido. Se prevé que los criterios van a ser más severos con el nuevo gobierno de democristianos, populistas y liberales. Se habla de limitar el reagrupamiento familiar y de que los inmigrantes paguen parte de los 3.000 euros que cuesta el curso. Para conseguir la nacionalidad es necesario además llevar cinco años en Holanda. También ha habido proyectos para animar a las empresas a contratar marroquíes y turcos, grupos que sufren más el paro.

Carmen MontónSuecia: un país abierto, pero también hay prejuicios

Estocolmo. Como en otros países europeos, la entrada de inmigrantes en Suecia ha pasado de una inmigración laboral a otra en la que predominan los peticionarios de asilo. En las décadas de los 50 y 60, la rápida expansión industrial y la consiguiente demanda de mano de obra condujeron a un pronunciado incremento de la inmigración por motivos laborales, en especial de Finlandia y de otros países nórdicos, aunque también de la Europa del sur.

A comienzos de los años 70, las condiciones económicas cambiaron, al igual que en el resto de Europa, y desapareció la demanda de mano de obra extranjera. La inmigración quedó restringida y, desde entonces, la inmensa mayoría de los inmigrantes han sido refugiados políticos y sus familias.

Al principio, el número de refugiados y sus familiares directos que solicitaron asilo fue relativamente bajo. Sin embargo, a finales de la década pasada y principios de la actual, el número de refugiados llegados a Suecia se ha multiplicado considerablemente.

Actualmente, una de cada 20 personas en Suecia es ciudadano extranjero, y una de cada 10 ha nacido fuera del país. El mayor grupo de inmigrantes es el de finlandeses, de los que hay unos 103.000. El segundo grupo en importancia es el de Bosnia-Herzegovina, con 55.000 personas, seguido de 37.000 yugoslavos, 32.000 noruegos, 27.000 iraníes, 26.000 daneses, 23.000 iraquíes y 19.000 turcos.

En 2001 entraron el Suecia más de 43.000 inmigrantes, de los cuales el mayor contingente (34%) correspondió a asiáticos. En cuanto a los motivos de ingreso, la reagrupación familiar es el más importante (56% de los permisos), seguido por la concesión de asilo (17%).

Suecia es uno de los países que cada año ofrece plazas a Naciones Unidas para recibir a refugiados. El año pasado hubo 23.515 peticiones de asilo, procedentes sobre todo de Irak y Yugoslavia.

La integración de los extranjeros en el mercado laboral es una cuestión aún no bien resuelta. Mientras que en 2001 la tasa de paro entre los suecos fue del 3%, la desocupación entre los extranjeros ascendió al 13%. Aunque en Suecia es un tabú parecer racista, los prejuicios influyen. En realidad los suecos quieren, sinceramente, que todos tengan las mismas posibilidades y condiciones de trabajo. Pero, al mismo tiempo, utilizan frases con los inmigrantes como: "ustedes no han llegado tan lejos como nosotros" o "les vamos a enseñar".

Esta situación ha sido favorecida, se piensa, por la forma que tienen los medios de información de referirse a los extranjeros, pues hace que se juzgue a una persona por su cultura y tradiciones más que por lo que es en sí misma. La consecuencia inmediata es que el empleador ya sabe o cree saber cómo es una persona que tiene antecedentes extranjeros.

El conocimiento del idioma no parece ser tan decisivo, pues muchos que dominan el sueco no consiguen trabajo. Son varios los estudiosos del tema que coinciden en que el fracaso de la integración en los puestos de trabajo se debe a la forma de recibir a los inmigrantes. Ya que las clases del idioma engloban a grupos muy heterogéneos, entre los que se encuentran ingenieros, abogados y gente que no sabe leer ni escribir.

Alejandra LemmoAlemania: bienvenidos los trabajadores cualificados

El presidente alemán Johannes Rau acaba de ratificar la nueva ley de inmigración, que vincula la entrada de trabajadores -sobre todo cualificados- a las necesidades de la economía, y trata de asimilar mejor a los ya están en el país. La ley estuvo frenada por la disputa sobre su mecanismo de aprobación, y se ha convertido en un tema de primera línea en el debate político cara a las elecciones parlamentarias del próximo 22 de septiembre.

En un país en el que viven 7,3 millones de extranjeros (9% de la población total), de los cuales las tres cuartas partes no son originarios de la UE, la novedad de esta ley es regular la inmigración con relación a las necesidades del mercado de trabajo. Aunque en Alemania hay casi cuatro millones de parados, los representantes de la industria dicen que son necesarios trabajadores extranjeros cualificados (ingenieros, informáticos, investigadores, etc.). Para estos, habrá facilidades y el permiso de residencia será ilimitado.

En el caso de otros trabajadores, el número y su cualificación serán determinados cada año según las necesidades de la economía. Los candidatos serán escogidos según un sistema de puntos, que valorará la edad, la cualificación, el conocimiento del idioma, la vinculación de su país de origen con Alemania, etc.

La ley endurece las condiciones que permiten obtener el asilo, invocado por muchos peticionarios que buscan más mejorar su situación económica que huir de la persecución por sus ideas (en 2000 hubo 80.000 peticiones de asilo). También se reduce de 16 a 12 años la edad máxima de los hijos que pueden entrar en el país para reunirse con sus padres. Al mismo tiempo, presiona más a los inmigrantes para que aprendan alemán y la cultura del país.

Dinamarca será menos acogedora

La tradicionalmente acogedora Dinamarca lo será menos con la nueva ley de inmigración que entra en vigor el 1 de julio y que se fija en tres puntos esenciales: hace más difícil la reagrupación familiar, la obtención de la nacionalidad danesa y del estatus de refugiado político.

En este país de 5,5 millones de habitantes, hay bastante malestar con el aumento de refugiados políticos, y las medidas aprobadas prevén reservar este status a los refugiados que reúnan los requisitos previstos en las convenciones internacionales.

La reagrupación familiar solo se concederá a las personas que acrediten que pueden subvenir a las necesidades del recién llegado y dispongan de una vivienda suficiente. La ley fija en 24 años -también para los daneses- la edad mínima para el matrimonio con un extranjero que desee venir a instalarse en el país.

El plazo para obtener el permiso de residencia permanente se amplía de tres a siete años, y será preciso pasar un examen sobre la lengua, la historia y la cultura del reino.

Gran Bretaña endurece el asilo político

Las fotografías de inmigrantes ilegales que intentan subirse como polizones en el tren que atraviesa el Eurotúnel y los titulares de los tabloides que denuncian la "invasión", alimentan la preocupación popular en Gran Bretaña. A esta inquietud ha salido al paso el gobierno de Tony Blair con la ley de Nacionalidad, Inmigración y Asilo que debate el Parlamento británico.

En primer término, se pretende frenar la entrada de quienes se presentan como refugiados políticos (88.000 peticiones de asilo el año pasado) cuando en gran parte son inmigrantes económicos.

El proyecto de ley propone deportar de manera automática a los demandantes de asilo cuya petición se considere "manifiestamente infundada". Podrán apelar, pero ya no se les permitirá quedarse en el país mientras se resuelve su recurso.

El gobierno está también decidido a crear centros de acogida en los que se agrupará a los peticionarios de asilo, sin permitirles como hasta ahora que se muevan por el país. El año pasado solo el 11% de los demandantes de asilo lo obtuvieron, pero no todos los rechazados fueron expulsados del país.

Por otra parte, las autoridades podrán duplicar el número de permisos de trabajo para inmigrantes temporeros, que ahora es de 60.000 anuales.

España: no más regularizaciones extraordinarias

España se convirtió en un país de inmigración sin programar unos flujos regulares, y ha procedido a regularizar a los inmigrantes a golpe de sucesivas amnistías, siempre "la última". El gobierno reformó la Ley de Extranjería en diciembre de 2000, pero planea hacerle nuevos retoques. De producirse, sería la tercera reforma bajo el gobierno del Partido Popular (la primera fue en enero de 2000).

La ley actual prevé tres situaciones. La de estancia, no superior a noventa días, prorrogable a otros noventa. La de residencia temporal, entre noventa días y cinco años, que se concede a los extranjeros que acrediten disponer de medios de vida, tengan una oferta de empleo o derecho a la reagrupación. También se concede a quienes acrediten una permanencia continuada en España, sin permiso de residencia, durante al menos cinco años.

Este caso, conocido como "regularización por arraigo", es el que algunos han interpretado, con ocasión de unas declaraciones de Enrique Fernández-Miranda, Delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, que la nueva ley va a eliminar.

La tercera situación es la de residencia permanente, que se concede a quienes hayan tenido residencia temporal durante cinco años.

Según el gobierno, el ideal es sustituir la entrada de inmigrantes para buscar empleo in situ (el 83% entró así) por la selección de trabajadores en el exterior. Con este fin, el Consejo de Ministros aprobó en diciembre de 2001 un contingente de 10.884 trabajadores de carácter estable y 21.195 de temporada. El plazo para hacer nuevas contrataciones finaliza el 30 de septiembre. Entonces, habrá que analizar si es un buen sistema, o si es demasiado pedir a los empresarios que pongan los contratos encima de la mesa y esperen, pues aún no es un procedimiento ágil.

La inmigración está planteando también roces de convivencia entre comunidades de distintas culturas en un país poco acostumbrado a la diversidad étnica. La proporción de población extranjera es todavía inferior a la de la mayoría de los países europeos. De 1,1 millones de residentes legales extranjeros, 659.000 son extracomunitarios, y de ellos el 35% proceden del Magreb, mientras que en torno a un 25% son latinoamericanos.


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