¿Se puede confiar a los tribunales la gestión de la historia? El debate sobre si un Estado debe intervenir contra quienes niegan la tragedia del Holocausto judío ocupó un primer plano en Italia durante las últimas semanas. El motivo fue el anuncio, por parte del ministro de Justicia, de un proyecto de ley que convertía en delito la negación de la Shoah.
La propuesta nacía con ocasión del «Día de la memoria», que se celebra en Italia cada 27 de enero, en recuerdo del aniversario de la liberación de los presos de Auschwitz (donde fueron deportados casi nueve mil judíos italianos).
Las reacciones contra el proyecto no se hicieron esperar. Entre ellas figuraba un manifiesto de ciento cincuenta historiadores, de diversas tendencias culturales y sensibilidades políticas, entre ellos algunos judíos, en el que se subraya que la historia no se establece por ley ni con las amenazas del derecho penal. Otros, sin embargo, apoyaron la iniciativa, atendiendo a los vientos de antisemitismo presentes en Europa y a la conexión entre negacionismo y antisemitismo.
El problema de fondo es cómo compaginar la libertad de expresión con la evidencia histórica y con la defensa de la memoria de las víctimas. Y también cómo distinguir la libertad de expresión de la «libertad de mentir», o la libertad de investigación científica de la ideología política (o incluso de la ideología de un régimen como el de Irán, que hace del negacionismo uno de sus principales ingredientes).
En el debate no faltaron tampoco aspectos más prácticos: ¿Es un juez capaz de cribar las cuestiones históricas? ¿Cabría extender esta misma protección a otras realidades históricas y dar lugar así a una «historia oficial»? Los historiadores recordaban, como ejemplos negativos, que en Turquía era «verdad de Estado» la negación del genocidio armenio, y en China la inexistencia de la matanza de Tiananmen.
Otra razón contra la posible penalización aducida por los historiadores es que «se acentúa la idea, ya muy discutida entre los historiadores, del carácter único del Holocausto, no como evento singular, sino como acontecimiento inconmensurable y no comparable con ningún otro hecho histórico, colocándolo de hecho fuera de la historia o en la cumbre de una presunta clasificación de los males absolutos del mundo contemporáneo».
Judíos a favor y en contra
El punto de vista dentro de la comunidad hebrea italiana aparecía matizado. Para el antiguo rabino jefe de Roma, Elio Toaff, «negar el Holocausto es negar la evidencia. No firmaría esa ley, no creo que estos sistemas den resultado». Otros descendientes de víctimas de Auschwitz, como Nando Tagliacozzo, sostienen que «el negacionismo no se refiere al reato de opinión, sino que entra dentro del ámbito de la difusión de noticias falsas hasta llegar a la difamación, y para eso la legislación italiana ya tiene respuestas».
Un punto de vista diferente lo expresó el actual rabino jefe de Roma, Riccardo di Segni: «quien promueve el negacionismo no lo hace como puro ejercicio académico, sino más bien porque pretende sembrar el odio». De la misma opinión es el antiguo presidente de las comunidades judías italianas, Amos Luzzato, según el cual «una ley así serviría para impedir que el negacionismo se convierta en una bandera capaz de aunar asociaciones, grupos y personas» inspiradas en el racismo y antisemitismo.
Sin embargo, ese mismo razonamiento es usado por otros observadores como argumento contra la ley. «Una ley contra la negación de la Shoah ofrecería a los antisemitas un estatus político y cultural del que ahora carecen», dice Robert Hughes, periodista y crítico de arte, buen conocedor de la realidad italiana. «Ese tipo de medidas daría ‘sustancia’ a esos grupúsculos. Además, una ley nacional no impediría que se publicaran noticias negacionistas procedentes de otros países como Irán».
Críticas de los historiadores
Por lo que se refiere a los expertos, los puntos de vista publicados por la prensa fueron en su mayoría críticos con el proyecto de ley. Gabriele Ranzato, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Pisa, afirma que con ese tipo de medidas se corre el riesgo de crear víctimas y otorgar a esos personajes una resonancia internacional como héroes de la libertad de expresión. Y recuerda el caso del más conocido negacionista de nuestros días, David Irving, condenado en Austria: «¿Quién le conocía antes de que lo enviaran a la cárcel?». Además, el negacionismo es difícilmente perseguible: «¿Qué hago si alguien empieza a sostener que Napoleón tenía tres piernas? ¿Lo mando a la cárcel?». Otra cosa, añade, es cuando el negacionismo forma parte de una teoría racista o antisemita. «En este caso sí hay delito y se puede y se debe perseguir».
Este último punto es uno de los argumentos de quienes ven con favor una ley de este tipo. «El negacionismo es una forma de antisemitismo», afirma Brunello Mantelli, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Turín. «Lo que discute no es el ‘porqué’ ni el ‘cómo’, el ‘dónde’, el ‘cuándo’ y ni tan siquiera el ‘cuánto», a propósito de la destrucción de los judíos en Europa. Lo que se niega es simple y llanamente que el hecho haya ocurrido. Desde mi punto de vista, es oportuno sancionar esa negación aquí en Europa, donde la destrucción se llevó a cabo, y en particular en aquellos Estados que fueron agentes activos».
Como consecuencia del debate, el texto definitivo del decreto ley aprobado por el gobierno italiano no hace mención expresa de la negación de la Shoah, sino que establece un endurecimiento de las penas contra quien difunde ideas sobre la superioridad de una raza, y contra quien comete o incita a cometer actos de discriminación racial, étnica o religiosa. Se consideró que la batalla de las ideas se gana con las ideas, en el ámbito cultural y político.
El debate en Italia puede influir en la iniciativa de Angela Merkel, presidenta de turno de la UE, que ha lanzado la idea de un proyecto de legislación europea para considerar delito la negación del Holocausto y la incitación al odio racial.
ACEPRENSA