En un artículo publicado en el New York Times, dos expertos en teoría política sostienen que utilizar las clases en la enseñanza pública para adoctrinar a los alumnos en una determinada ideología sexual constituye una grave vulneración de los derechos de los padres.
Con motivo de una controvertida asignatura de educación sexual propuesta para los colegios públicos de primaria de la ciudad de Nueva York, Robert P. George y Melissa Moschella –profesores de teoría política en la Universidad de Princeton, New Jersey– se preguntan si los contenidos de esta materia pueden llegar a vulnerar los derechos de los padres.
Entre otras cosas, el programa propuesto por Dennis M. Walcott, responsable de los colegios públicos de la ciudad de Nueva York, les dice a los chavales de 10 y 11 años que se olviden de lo que han aprendido hasta ahora sobre el sexo (lo que incluye las lecciones paternas) para “reaprenderlo” de boca de sus profesores, o se les informa con diversos materiales sobre conductas que seguramente sonrojan a los propios padres.
Como expertos en teoría política, los profesores George y Moschella van al núcleo del asunto: es cierto que el Estado tiene una legítima preocupación respecto a la salud pública de sus ciudadanos, pero ¿hasta qué punto puede tomar partido por una visión controvertida de la sexualidad? Porque “el efecto de tales lecciones tiene más que ver con promover cierta ideología sexual entre los jóvenes que con proteger su salud”.
“¿Debería el gobierno forzar a los padres –al menos, a aquellos que no pueden pagar un colegio privado– a enviar a sus hijos a clases que pueden contradecir sus convicciones morales y religiosas en cuestiones que afectan a su intimidad y su conducta personal?”.
A juicio de estos profesores, la respuesta es que “tanto los progresistas como los conservadores deberían responder que no. Semejantes medidas vulneran los derechos de los padres. Y eso tanto si eres musulmán, judío, cristiano, hindú, budista, o si careces por completo de religión”.
El sagrado territorio de la conciencia
Para explicar su postura, George y Moschella se fijan en la profunda relación que une a padres e hijos; esa relación “crea unos deberes, que los derechos paternos sirven y protegen”.
Precisamente porque los hijos llegan al mundo en un estado de necesidad absoluta, los padres tienen la obligación de ayudarles a alcanzar la madurez; lo que supone atender a sus necesidades físicas y emocionales, pero también a su desarrollo intelectual y moral.
Dado que los asuntos relativos a la moral y a la religión son particularmente delicados, en último término es responsabilidad de los padres –aunque pidan ayuda– formar a sus hijos en estas materias.
Esta responsabilidad de los padres (y la libertad para educar a sus hijos en las convicciones morales que estimen oportunas) es algo tan íntimo y sagrado como el derecho a practicar una religión. Por eso, a juicio de estos autores, adoctrinar a los niños en cuestiones de conciencia y contra las convicciones de sus padres es algo tan grave como obligar a unos padres musulmanes a que sus hijos participen en una misa católica.
George y Moschella admiten que “el Estado tiene un interés legítimo en reducir los embarazos adolescentes y la expansión de las enfermedades de transmisión sexual”. Pero eso no convierte en incorrecto ni en irracional el empeño de los padres por preservar la conciencia de sus hijos preadolescentes ni por “limitar el control del Estado sobre lo que sus hijos aprenden y piensan en materias morales delicadas. Al revés: eso es exactamente lo que se espera de unos padres que quieren cumplir de lleno con sus deberes y ejercer sus legítimos derechos”.
Y concluyen: “Transformar una clase en una lección obligatoria de catecismo al servicio de una ideología polémica es una grave vulneración de los derechos de los padres. Los ciudadanos de cualquier tendencia ideológica deberían plantarse y oponerse a esto”.