Cuando la disforia de género “cuela” (y la anorexia no)

Página 1

Un grupo de nueve antiguos transexuales ha enviado al Tribunal Supremo de EE.UU. un amicus brief, o alegato a favor de una de las partes de un pleito, en relación con uno del que se celebrará la vista en octubre. Es el caso de la empresa Harris Funeral Homes, de Michigan, contra la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) y un exempleado del tanatorio.

El pleito tiene su origen en 2013, cuando el trabajador, que llevaba seis años en Harris, decidió someterse a una operación de cambio de sexo y ser reconocido en adelante como Aimee Stephens. Semanas después de la intervención, acudió a su puesto laboral vestido de mujer, lo que motivó que el dueño de la empresa lo despidiera, no sin antes ofrecerle una generosa indemnización que Stephens rechazó.

En 2016, la empresa fue absuelta, al determinarse que el Título VII de la Ley de Derechos Civiles no ampara a las personas en razón de su “identidad de género”

Stephens presentó una queja ante la EEOC, que entonces formuló una demanda contra Harris. Un tribunal del estado, en 2016, absolvió a la empresa funeraria por dos razones: una, que el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 (CRA) –que protege a los trabajadores de cualquier discriminación basada en el color de la piel, el grupo étnico, la religión, el sexo, etc.–, no ampara a las personas en razón de su “identidad de género”. Y dos, que la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa le confería al empleador, que dirige su empresa según un modelo ajustado a sus creencias cristianas, despedir a Stephens si no estaba de acuerdo en respetar las normas (en este caso, la de usar ropa acorde con su sexo biológico).

La apelación del empleado ante otro tribunal le fue favorable, y un recurso posterior, esta vez de parte de la empresa, acabó colocando el caso en manos de los jueces del Supremo, que se ha visto inundado de amicus briefs, tanto de expertos como de personas corrientes, preocupados por la repercusión que una sentencia contraria puede acarrear para los pequeños negocios familiares. Y también, desde luego, de otros interesados en que se sancione a la empresa.

La disforia, en la superficie

Entre las alegaciones a favor del derecho de la casa funeraria a despedir a Stephens, se incluye la del grupo de nueve antiguos transexuales. Han hecho el camino de vuelta después de ver que la “transición al sexo sentido”, lejos de resolver sus conflictos de identidad, los agravó, al velar sus verdaderos trastornos psicológicos subyacentes.

Las historias de varios de los firmantes han aparecido en los medios de comunicación más de una vez. Una de ellas es la del septuagenario Walt Heyer, a quien su abuela empezó a vestir como una niña desde que tenía cuatro años para afirmarlo en su deseo de ser tal. En 1984, con 42 años, casado y con dos hijos, decidió dar el paso para que el que ya se estaba preparando mediante un tratamiento hormonal: adoptar quirúrgicamente el sexo femenino y renombrarse Laura Jensen. La experiencia le duró ocho años, cuando se sometió a nuevas operaciones para intentar recuperar sus rasgos masculinos.

En caso de Heyer, bajo su “disforia de género” subyacía un trastorno disociativo no diagnosticado ni tratado

Antes de esta última decisión, un equipo de psiquiatras había examinado a Heyer para determinar la causa de su “disforia de género” y había encontrado, no una mujer “atrapada en el cuerpo de un hombre”, sino un trastorno disociativo, mecanismo de respuesta que suele aflorar frente a episodios de abuso sexual, traumas emocionales, la pérdida de seres queridos, el abandono, el maltrato físico, etc. “Es un modo de sobrevivir –apunta el amicus brief–. La persona intenta disociarse de quien realmente es y convertirse en alguien que no es. […] En el caso de Heyer, Laura era una parte de su identidad, pero había otras: Andrea, Crystal y Nicole, que eran mujeres; y JJ y Jimmy, hombres. Para sanar, necesitó un tratamiento psicológico que reintegrara las identidades fragmentadas”.

“Como el Dr. Walker [el cirujano] solo enfocó su atención y su diagnóstico en la disforia de género, pasó por alto el siguiente paso: explorar la incidencia de trastornos coexistentes que pudieran estar causándole a Heyer esa disociación, un trastorno en ocasiones ignorado y que no se diagnostica”. Nadie lo vio, quizás con las prisas por empezar a suministrarle hormonas de sexo cruzado y, cuando antes, darle luz verde al bisturí.

Trastornos semejantes, tratamientos diferentes

Uno de los argumentos más interesantes que presentan los signatarios del amicus brief para ilustrar a los jueces sobre el fenómeno de la transexualidad y por qué no cae bajo el amparo del Título VII, es un paralelo entre aquella y la anorexia, y la inexplicable diferencia que advierten en el tratamiento de una y de otra.

La anorexia es un trastorno asociado con la alimentación. La persona que lo padece se muestra insatisfecha con el peso adecuado para su estatura y edad, por lo que se priva de las cantidades y variedades de alimentos necesarias para mantenerse saludable, pues, en su propia percepción, le provocan obesidad. Es únicamente ese falso convencimiento acerca de su imagen el que la induce a poner en práctica métodos peligrosos con tal de bajar de peso.

“Así como a una persona que sufre de anorexia no se le ayuda a largo plazo limitándole la comida, no se ayuda con un ‘cambio de género’ a la persona que se identifica como transexual”

Bien que se llame a la anorexia trastorno, y disforia al trastorno de identidad sexual, algo tienen en común ambas tendencias –por usar una palabra neutral–: el individuo está disconforme con su apariencia exterior. Pero, en el primer caso, ningún especialista acompaña al paciente en sus deseos de seguir adelgazando más y más, ni le recomienda dietas bajas en calorías, ni fármacos para adecuar su físico a cómo lo percibe su mente. En el segundo, en cambio, sí que con bastante frecuencia se le sigue la corriente al afectado y se le aplican con gran agilidad las terapias encaminadas a “reasignarle” el sexo contrario.

Preguntado por Aceprensa sobre todo esto, Heyer afirma: “Así como a una persona que sufre de anorexia no se le ayuda a largo plazo limitándole la comida, tampoco se ayuda con un ‘cambio de género’ a la persona que se identifica como transexual. En ambos casos, son los problemas no resueltos y sin tratamiento los que necesitan una psicoterapia prolongada”.

“Quiero –añade– que los jueces entiendan que las personas que se identifican como transgénero están sufriendo una comorbilidad emocional, psicológica, sexual, etc., sin diagnóstico ni tratamiento”, y que organizaciones muy conocidas por su activismo en la causa trans, han estado “tan enfocadas en la defensa [de la transexualidad] que han perdido el rumbo en cuanto al bienestar y el cuidado a largo plazo de la población transgénero”.

“Esto es un abuso”

Los firmantes del documento advierten, por otra parte, que las “transiciones” se hacen sin reparar en datos objetivos que muestran, por ejemplo, un índice de ingreso psiquiátrico para los “reasignados” tres veces mayor que el del grupo de control; unas tasas de mortalidad y de incidencia delictiva también mayores, y asimismo, un incremento de los intentos de suicidio de personas ya operadas (se multiplican por cinco respecto a los no operadas).

“Forzar a los empleadores a afirmar la negación de la realidad, no es lo que exige el Título VII”

También preocupa, subrayan los autores del amicus brief, que los doctores prescriban y realicen estas intervenciones sin saber con certeza si la disforia de género puede mantenerse a largo plazo. “Aun así, avalan los cambios de identidad de género […] en jóvenes y adultos. Esto es un abuso”.

Para Walt y los otros extransexuales, lo que está en discusión es si se puede exigir a los empleadores que reconozcan la disforia como una realidad irrebatible, y que traten a las personas con trastornos de identidad de género como si fueran realmente de un sexo distinto al biológico, con lo que el caso incurriría en el supuesto de discriminación por razón de sexo. Solo que, advierten, “forzar a los empleadores a afirmar la negación de la realidad, no es lo que exige el Título VII, y es probable que ocasione más mal que bien”.

El 8 de octubre, el caso quedará visto para sentencia.


Nuestra web utiliza cookies para facilitar el servicio. Si continúa navegando entendemos que las autoriza.