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Controversia en Alemania sobre la reforma de la cogestión en la empresa

publicado
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El proyecto para actualizar el régimen de cogestión en las empresas de Alemania ha dado lugar a serias tensiones en el seno del gobierno de socialdemócratas y «verdes» antes de ser aprobado. Ahora se enfrentará a las críticas de la oposición política y de los medios empresariales, durante el debate que tendrá lugar antes del verano. El proyecto facilita la formación de comités de empresa y amplía su influencia en algunos campos.

Piedra angular del capitalismo a la alemana, el sistema de cogestión permite a los representantes del personal influir en las grandes decisiones empresariales. A esta posibilidad de diálogo y negociación se atribuye la mayor paz laboral que tradicionalmente ha habido en las empresas del país, a pesar de procesos de reconversión difíciles como el que hubo en la industria del automóvil. En las grandes empresas, junto a la Dirección, está el Consejo de Vigilancia, que supervisa la gestión de la empresa y nombra y revoca a la Dirección. Según el sistema de cogestión, vigente desde los años setenta, en las empresas de más de 2.000 trabajadores el Consejo de Vigilancia está compuesto por el mismo número de representantes de los accionistas y de los asalariados.

En los últimos tiempos la participación de los trabajadores en el control de la empresa ha ido perdiendo fuerza al mismo tiempo que retrocedían los sindicatos. De 1996 a 2000, el número de afiliados a la Federación de Sindicatos alemanes ha descendido en 750.000, para situarse en 8,22 millones. Y cada vez menos asalariados disponen de un comité de empresa en su compañía.

De ahí que los sindicatos y el gobierno socialdemócrata quieran dar un impulso al sistema de cogestión, adaptándolo a la realidad económica actual. Pero las propuestas más ambiciosas del ministro de Trabajo y ex sindicalista Walther Riester tropezaron con la resistencia del ministro de Economía Werner Müller, independiente y más sensible a las posturas de los empresarios. Y finalmente el canciller Schröder tuvo que buscar un compromiso, que supone recortar las ambiciones de los sindicatos.

Aun con los recortes, el proyecto ampliará la influencia de los comités de empresa a temas como la protección del medio ambiente, la formación profesional, la igualdad de géneros y la integración de los extranjeros.

También facilitará la constitución de comités en las pequeñas y medianas empresas. Según datos del gobierno, solo el 4% de las empresas de cinco a veinte asalariados tienen establecido un comité. Con las nuevas reglas, se simplificará el modo de constituir un comité de empresa, si está de acuerdo una buena parte de la plantilla, y podrán participar también los empleados a tiempo parcial y los teletrabajadores. En las empresas de más de 200 empleados, al menos uno de los trabajadores que forman parte del comité quedará liberado de sus tareas laborales.

El sector empresarial ha criticado fuertemente el proyecto del gobierno, al que acusan de que hará aumentar los gastos y las cargas burocráticas de las pequeñas y medianas empresas. Los portavoces empresariales afirman que, en vez ampliar el sistema de cogestión, habría que aligerarlo para que las empresas alemanas no encuentren más trabas que sus competidoras extranjeras.

Los sindicatos replican que la cogestión permite resolver los conflictos recurriendo lo menos posible a la huelga. Un representante sindical que se responsabiliza de controlar la gestión de la empresa se interesará más por su buena marcha en vez de adoptar posturas de confrontación sistemática.

Los ministros de Trabajo de la Unión Europea (UE) aprobaron a finales del año pasado, tras la cumbre de Niza, el llamado estatuto social europeo, para unificar las reglas que rigen la constitución de las sociedades anónimas en los diferentes países comunitarios. A la hora de elaborar el borrador que entrará en vigor en los próximos tres años, Alemania exigió que se contemplara el derecho de cogestión de los trabajadores. Por ello, los comités de empresa tendrán la posibilidad de decidir sobre las fusiones cuando se trate de crear una «sociedad anónima europea». Esta regla no se aplicará, sin embargo, en España, principal opositora a la medida, que constituirá una excepción en la UE.

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