Las guerras no terminan cuando cesan los disparos. El desmovilizado siempre se lleva a casa un poco del conflicto, que puede seguir marcándole las rutinas ya en la vida civil. Si, además, el que regresa con un fusil al hombro es un adolescente, la reinserción es complicada, por lo que lo mejor sería prevenir. Lograr que “Mambrú” no pusiera un pie en el campo de batalla…
(Actualizado el 18-05-2016)
En Colombia, muchos menores de edad han sido secuestrados por los grupos insurgentes de izquierda o los paramilitares de ultraderecha, y obligados a servir como combatientes. La práctica ha sido bastante común a lo largo de casi 60 años, pero no ha desaparecido, según muestra un reciente reportaje del New York Times con la historia de Mélida, una chica de 20 años.
El proceso de reinserción que desarrolla la ACR dura más de 6 años y ofrece múltiples apoyos a los desmovilizados
Según el diario, Mélida –hoy en un centro de rehabilitación para menores exguerrilleros– tenía apenas 9 años cuando en su poblado apareció un comando de las FARC, que la secuestró y la obligó a entrenarse como guerrillera. La chica se especializó en colocar minas antipersonas, las “quiebrapatas”, que más que matar al soldado enemigo, lo mutilaban irremediablemente. Los adolescentes reclutados no tienen “deberes” más edificantes. Así, su amigo Fabio, de 19 años, también desmovilizado, tenía la misión de introducirse furtivamente en los campamentos del ejército y degollar a los soldados mientras dormían.
Con esas memorias en mente, con la desazón de no saber cómo desenvolverse en otro ambiente que no sea el del conflicto, y con la desconfianza que pueden suscitar en el resto de la sociedad, los jóvenes exreclutas tienen difícil adaptarse. Y Mélida, que un día escapó a la vigilancia de sus jefes, se ha visto tentada de regresar a la selva. En el centro le han enseñado cómo hacer las tareas de la vida diaria, pero todo el tiempo la atormenta un sentimiento de ira. Dice aburrirse y no estar a gusto. Quizás las mismas tensiones que experimentó una joven prima suya, igualmente exguerrillera, que se suicidó poco tiempo atrás.
Las FARC, primer reclutador
Las cifras de niños forzados a empuñar las armas a lo largo de estos años de conflicto interno pueden ser, por razones obvias, bastante inexactas. Distintos informes tratan de cerrar números en algunos períodos, a partir de las estadísticas de desmovilizados o de los que se reportan como secuestrados de su hogar.
Según el informe ¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad, del Grupo de Memoria Histórica (GMH), reeditado en 2014, algunos analistas cifraban en ese momento en 18.000 los niños vinculados a los grupos armados irregulares, mientras que la Defensoría del Pueblo calculaba unos 6.000, y Human Rights Watch, unos 11.000.
Desde el inicio de las conversaciones de paz en 2013, los grupos armados han sumado a otros 11.000 menores a sus filas
Además, con la información aportada por unos 5.000 niños y adolescentes desmovilizados entre 1999 y 2013, el GMH los segmentó según sus reclutadores, y halló que el Ejército de Liberación Nacional –en estos momentos, en diálogo exploratorio con el gobierno– había incorporado a 766 menores; y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, organización paramilitar desmovilizada en 2005), a 1.054. Las FARC, por su parte, se ubicaban en un deplorable primer lugar, con 3.060 reclutados.
Una práctica que no cesa
Es con este último grupo insurgente –el más importante en estas décadas de conflicto– con el que el gobierno de Juan Manuel Santos está en negociaciones desde 2013, y con el que aspira a firmar la paz definitiva dentro de dos meses. Pretende hacerlo a pesar de las fuertes contradicciones entre quienes advierten la necesidad de lograr la paz posible, no la “perfecta”, y quienes ven el proceso como una claudicación del Estado de Derecho ante una organización terrorista.
De las FARC, sin embargo, no se pueden esperar certezas absolutas. En toda organización armada irregular siempre hay quienes se acogen a la línea de pacificación dictada por sus líderes, y quienes entienden que hay que seguir sobre las armas y con las viejas prácticas (caso típico, el del IRA y sus grupos disidentes en Irlanda del Norte).
Así, aunque UNICEF-Colombia celebró en febrero pasado el anuncio de las FARC de que no volvería a reclutar a menores de 18 años, el autor del citado reportaje del New York Times asegura que, durante una reciente visita del diario a un campamento rebelde, constató la presencia allí de seis niñas menores de 15 años, en plan guerrillero.
La noticia no es en modo alguno sorprendente, pues la propia UNICEF informó en marzo pasado que, desde el inicio de las conversaciones de paz en 2013, los grupos irregulares (no solo las FARC) habían continuado reclutando a menores de edad. Al menos, a unos mil. Como si hubiera guerra para rato.
El tema, sin embargo, podría comenzar a dar un giro positivo. El pasado 15 de mayo, el gobierno colombiano y las FARC alcanzaron un acuerdo sobre la salida de los menores de 15 años de los campamentos guerrilleros. Las partes se comprometieron a brindarles protección integral y a elaborar un plan transitorio de acogida, que contemplará previsiones en materia de salud y educación, así como garantías de inclusión de sus familias en proyectos de vivienda digna y empleo. La UNICEF y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) acompañarán el proceso.
El peligro de volverse atrás
La adecuada reinserción de aquellos que vuelven de la experiencia bélica no es, de ninguna manera, una opción aplazable. “Si unos programas de reintegración pobres o fallidos no les brindan oportunidades a estos niños excombatientes, los poderosos paramilitares colombianos y los grupos de traficantes pueden ofrecerles una alternativa tentadora”, explica al Times Adam Isacson, analista de la ONG Washington Office on Latin America, especializada en temas de derechos humanos.
Es este temor el que, precisamente, ha recogido el trabajo de campo de la colombiana Fundación Ideas para la Paz. En su informe Capacidades locales para la paz, la ONG colectó opiniones de la población en cuatro regiones (Antioquia y Chocó, Cauca, Norte de Santander y Huila y Caquetá) y halló una preocupación por la potencial aparición de nuevos grupos armados que ocupen el vacío que dejen las FARC, y que hagan caja protegiendo actividades como la minería ilegal. Sin una fuerte presencia del Estado, que incentive el desarrollo económico de esas zonas y oportunidades para los desmovilizados en la vida civil, el curso de esa “paz” puede ser peligroso y terminar arrastrando a los chicos a otras modalidades de violencia.
En 2014, algunos analistas cifraban en 18.000 los niños vinculados a los grupos armados irregulares
De momento, algunas instituciones, como la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), trabajan para evitar que los desmovilizados terminen desbarrancándose. Su programa, auspiciado por el gobierno, brinda a los excombatientes educación, formación laboral, apoyo psicológico y económico. Les instruye además en competencias ciudadanas y desarrolla iniciativas a favor de la reconciliación, como la realización de servicios a la comunidad. Todo el proceso dura 6 años y medio, y desde 2003 a 2015, más de 57.000 desmovilizados se han acogido a él.
Para los menores, entretanto, la línea esencial de la ACR es la prevención. “Mambrú no va a la guerra. Este es otro cuento”, es el título de su estrategia, que pasa por ofrecerles información a los chicos sobre sus derechos: a la vida, a no ser separados de sus familias, a ser protegidos contra el secuestro, contra la explotación, etc. Y les recuerda: “Nadie podrá obligarte a pertenecer a grupos armados ilegales ni a bandas criminales. Tu deber es decir: ¡No voy a la guerra!”.
Algo que, en este mismo instante, cientos de niños colombianos no pueden decir.
¿Quién paga la cuenta de la paz?En febrero de este año, la ONU y Colombia anunciaron la creación del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Posconflicto, que apoyará el retorno a la normalidad de la sociedad colombiana, la reinserción de los excombatientes y el desarrollo de las zonas más afectadas por el conflicto. Ya cuenta con 8 millones de dólares. Por su parte, el gobierno de EE.UU. adelantó que pediría al Congreso la asignación de 450 millones de dólares, en el presupuesto de 2017, destinados a facilitar la reintegración social de los exguerrilleros, a atender las necesidades de las víctimas y a fortalecer la economía de las áreas rurales. Según BBC, Washington dedicará una partida adicional a los proyectos de desminado. Asimismo, la Comisión Europea ha aprobado la creación de un fondo fiduciario, dotado con 70 millones de euros, que comenzará a desembolsar sus recursos poco después de la firma del acuerdo definitivo entre Bogotá y las FARC. |