China prohíbe la actividad religiosa de origen extranjero

Dos decretos impiden a los extranjeros dirigir centros religiosos, crear escuelas e introducir material

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El gobierno chino ha publicado dos decretos que prohíben a los extranjeros "establecer organizaciones de carácter religioso, abrir escuelas o centros religiosos, reclutar fieles y nombrar profesores de religión" en el país. También se quiere impedir la entrada de "material religioso con contenido que hiera los intereses públicos y sociales de China", por lo que los objetos religiosos que no sean de uso privado deberán mostrarse en la aduana.

Estas medidas legales, que han entrado en vigor el pasado 6 de febrero, no suponen un gran cambio. Más bien reafirman la tradicional política religiosa del gobierno chino. De hecho, la creación de la "Iglesia Patriótica" en 1957 fue un intento del gobierno de lograr una iglesia independiente de Roma y sometida al régimen comunista. También la Constitución de 1982 prohibía que una organización religiosa pudiese ser dirigida desde el extranjero.

Las autoridades chinas saben que los lugares de culto de las iglesias "clandestinas" cuentan cada vez con más asistentes y que en los últimos cinco años el número de biblias en el país se ha triplicado, como ha informado el diario oficial China Daily. Aunque los cristianos son una muy pequeña minoría, en Pekín no se ha olvidado el papel que jugaron los creyentes en el desbancamiento del comunismo en Europa del Este, y no quieren que se repita el caso.

Hace dos años el gobierno llegó a limitar incluso algunas actividades de la propia "Iglesia Patriótica", que también es frecuentada por católicos de la Iglesia clandestina leales al Papa.

El año pasado hubo una aparente mejora de las relaciones entre el gobierno chino y la jerarquía católica: se produjo la liberación de unos veinte católicos detenidos -algunos obispos, sacerdotes y laicos- y en septiembre el cardenal Etchegaray visitó el país, en cuyo gobierno advirtió "voluntad de diálogo".

Tanto vaivén da la impresión de que el gobierno abre la mano a la práctica religiosa sólo por estrategia política. Pero todavía sigue vigente un documento del Partido que alentaba en 1991 a la eliminación de las Iglesias clandestinas -principalmente la católica, fiel al Papa- a las que consideraba instrumentos de fuerzas hostiles extranjeras.


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