Chile: la revuelta estudiantil acaba en comité

Un abigarrado consejo asesor discutirá cómo reformar la educación

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Santiago. La protesta estudiantil desatada en Chile entre el 26 de abril y el 9 de junio se inició como una demanda circunscrita a la gratuidad del transporte público y de la prueba de selección universitaria. Pero a medida que adquirió dimensiones nacionales, se transformó en un cuestionamiento a la calidad de la enseñanza y en una exigencia de hacer reformas a la Ley Orgánica Constitucional de la Enseñanza y a la misma Constitución.

Durante el curso de los acontecimientos hubo marchas, destrucción de la propiedad pública y privada, saqueos, barricadas, uso de bombas incendiarias, violentos enfrentamientos entre la policía y los escolares, ocupación de liceos y colegios en diferentes ciudades, cientos de detenidos, aunque casi ninguno ha sido sometido a proceso.

Al principio, 90 liceos y escuelas municipales de Santiago estaban en pie de guerra. Con el pasar de los días, y a medida que se sumaban más establecimientos y recibían el apoyo de otros sectores sociales, la protesta puso en jaque al gobierno socialista de Michelle Bachelet, antes de que cumpliese tres meses en el poder.

Centralismo en la educación

El movimiento fue impulsado por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, que tiene una directiva compuesta por socialistas, comunistas y una minoría de derecha. Desde inicios de la revuelta, el Colegio de Profesores, entidad conducida por comunistas, dio su respaldo a la Asamblea. Y fue evidente la influencia de ese sector político cuando los estudiantes pasaron de reivindicaciones económicas a la necesidad de reformas legislativas, las que persiguen que liceos y colegios municipales vuelvan a depender del Estado, bandera de lucha del Partido Comunista.

Desde 1990, en que se inician los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia -la alianza demócrata cristiana y socialista actualmente en el poder-, se comenzó a desarrollar gradualmente la llamada Reforma Educacional. Impulsada centralmente por el Estado, no sólo establece los contenidos de los programas, sino que incluso indica cómo los maestros deben dictar las materias. Se reglamenta los textos en que se debe estudiar -que tienen sesgo político ideológico-.

El control estatal en los colegios y liceos públicos es asfixiante. Las municipalidades se limitan a pagar los sueldos de los profesores, y tampoco pueden evaluarlos ni removerlos.

El manejo de la crisis mostró un gobierno débil, que no aquilató el problema en su real dimensión y reaccionó tarde. Luego fue errático. Titubeó, cambió de estrategias y de voceros. Envió señales equívocas a los estudiantes, nunca hubo claridad en sus propuestas.

Por su parte, la presidenta Bachelet, que hizo bien en un comienzo al no asumir en primer plano la gestión del conflicto, cuando intervino desautorizó a su ministro de Educación, no marcó un rumbo definido a la estrategia gubernamental, y su condena pública a la acción policial fue determinante en su debilitamiento.

Peor aún: convocó a sus ministros, subsecretarios y jefes de servicios para leerles un decálogo de cómo se deben enfrentar los problemas. Con ese discurso reconoció y aceptó indirectamente los errores y las críticas sufridas por el gobierno en este episodio. El reprenderlos públicamente sin hacer distinciones, produjo también molestias en el equipo ministerial.

También, la presidenta, los ministros y la clase política cayeron en el juego de lo "políticamente correcto": el elogio al movimiento estudiantil y sus dirigentes. Fue un error decir que las demandas de los estudiantes eran "legítimas y justas", cuando se estaba negociando con ellos. Nunca se les hizo notar las consecuencias que trajeron sus movilizaciones y la responsabilidad que tenían en el vandalismo generado. Tampoco se les precisó que muchas de sus afirmaciones partían de bases equivocadas y que algunas respondían a prejuicios ideológicos.

Falla la calidad de enseñanza

Frente a la crisis producida por las movilizaciones estudiantiles y sus demandas, los partidos políticos fueron los grandes ausentes. La Concertación recurrió a frases hechas para defender lo indefendible, incluso inculpando a Pinochet. No apoyaron su gobierno, ni propusieron vías de solución.

En cuanto a la oposición, no supo aprovechar la oportunidad de cuestionar lo hecho en educación por los cuatro gobiernos de la Concertación y a su vez liderar una propuesta conforme a sus principios, que permita mejorar la calidad de la educación.

No es verdad, contra lo que se ha dicho, que la educación es un tema que han puesto en la agenda los estudiantes. El tema educacional ha estado presente como prioritario en todos los mensajes presidenciales. Hay coincidencia en que de él depende el futuro. Ha habido un constante cuestionamiento a su calidad. Encuestas y pruebas nacionales muestran la débil calidad de la enseñanza en colegios y liceos públicos, salvo honrosas excepciones.

Queda en evidencia que los miembros de los partidos políticos no se han detenido a reflexionar en este tema trascendente, ni a elaborar propuestas realistas y concretas para perfeccionar la educación.

La presidenta, para salir del paso, creó un Consejo Asesor de Educación, que por el número de sus integrantes -setenta y seis- y las discrepancias de sus opiniones será ineficaz. Sobre todo si quien lo preside y algunos de sus miembros son parte de la historia de la propia Reforma Educacional "concertacionista".

En el Consejo se encuentran posiciones antagónicas entre los que creen en la libertad de enseñanza y su descentralización y aquellos que pretenden reforzar el Estado docente y sus normas limitantes de la libre iniciativa.

Joaquín Villarino

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