Panama Papers

Capital sin fronteras

Página 1

Los Panama Papers son un bocado suculento para el periodismo de investigación. Poder airear los nombres y sacar los colores a la cara de prominentes políticos, millonarios, estrellas del espectáculo que abrigan o esconden su fortuna en este “Istmo del tesoro” es un buen servicio a la opinión pública. Pero eso no implica necesariamente que sean unos piratas.

(Actualizado el 8-04-2016)

No conviene olvidar que la aparición del nombre de una persona en esos millones de documentos no implica que haya hecho algo ilegal; puede revelar una actitud oportunista, pero no necesariamente fraudulenta. Lo llamativo y relevante es que las maniobras de un despacho como Mossack Fonseca puedan ser perfectamente legales. Y estos matices se pierden en los titulares que llegan a la opinión pública.

Tener dinero en el extranjero –en Panamá o en otro sitio– no es un delito. Lo será si se oculta para evadir impuestos debidos o porque procede de actividades ilícitas. Pero, en un tiempo de globalización económica, obstaculizar la libre circulación de capitales chocaría con la liberalización del comercio mundial que propugnan la mayoría de empresas, gobiernos y organismos internacionales. Y nadie quiere eso.

Sin embargo, tener el dinero en un paraíso fiscal es, en principio, más sospechoso. Los paraísos fiscales se caracterizan no solo por su baja fiscalidad sino también por su opacidad. La política tributaria favorable atrae a los inversores extranjeros, pero lo más decisivo puede ser que los datos de propietarios y accionistas no figuren en registros públicos; que existan normas estrictas de secreto bancario; y que no se firmen tratados con otros países que conlleven intercambio de información fiscal o bancaria.

Tener dinero en el extranjero no es un delito, si no se oculta para evadir impuestos debidos o porque procede de actividades ilícitas

Pero la opacidad de los paraísos fiscales puede servir también a intereses legítimos, como la protección del patrimonio frente a extorsiones mafiosas o atropellos de dictadores, o la participación de una empresa en otra de manera confidencial. Puede ser perfectamente comprensible que un opositor a Maduro se proteja frente al “¡exprópiese!” teniendo su dinero en Panamá.

Por eso, la valoración de los documentos de Panamá exigiría ir más allá en el periodismo de investigación, para sopesar si los nombres citados han hecho algo ilegal o no.

Empresas pantalla

Los paraísos fiscales son también el nido acogedor de las empresas llamadas offshore, que utilizan el país únicamente como domicilio legal de la sociedad, sin realizar allí ninguna actividad económica. Estas compañías están controladas por empresas o ciudadanos extranjeros, que hacen sus negocios en otras partes del mundo, pero se benefician de las laxas regulaciones legales y fiscales del paraíso. A menudo sirven también de pantalla para que sus propietarios eludan o reduzcan los impuestos sobre la renta de personas físicas.

Pero con las sociedades offshore se puede buscar también una operatividad empresarial más rápida y flexible. La constitución de sociedades en los paraísos fiscales es simple y barata, no suele haber limitaciones en cuanto a la nacionalidad de los accionistas y directores, se puede llevar la contabilidad del modo que se estime más oportuno, la inversión no está sujeta a las restricciones que en otros países impiden la participación en determinados negocios o valores, etc. Estas u otras razones pueden explicar que, según un informe del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, 32 de las empresas del IBEX 35 contaban en 2013 con 540 sociedades en paraísos fiscales, 73 filiales más que el año anterior y 103 más que en 2011. Y para esto no necesitaban recurrir a las Islas Caimán, donde solo tenían 19, sino que sus preferencias se inclinaban por el estado norteamericano de Delaware (222 sociedades).

Las empresas “offshore” pueden ser una pantalla para actividades ilícitas o un medio para tener una operatividad empresarial más flexible

Todos estos matices hay que tenerlos en cuenta a la hora de valorar la presencia de los diferentes personajes que aparecen en los Panama Papers. Que entre los 140 políticos y altos funcionarios citados en los Panama Papers haya dictadores de países donde la corrupción es endémica no es nada extraño. Sin duda, es embarazoso para Xi Jinping y su campaña anticorrupción que estén los nombres de familiares de altos dirigentes chinos, que aprovechan así las ventajas del más puro y duro capitalismo para sacar lustre a su fortuna. También es molesto para Putin que aparezcan los nombres de algunos de sus amigos, aunque puede consolarse con el hecho de que también está el de su enemigo, el presidente de Ucrania Petró Poroshenko.

Al primer ministro de Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson, su asociación con el despacho panameño Mossack Fonseca le ha costado el puesto y quizá su carrera, aunque el informe no aporta pruebas de que haya hecho nada ilegal. Pues el recurso a sociedades offshore no tiene por qué estar ligado a actividades ilícitas, aunque puede ser una mancha política.

Pero también hay que evitar una “condena por parentesco”. Que el difunto padre de David Cameron –conocido broker de la City– fuera propietario de una offshore en las islas Bahamas no hace del político conservador un hipócrita. Él asegura que vendió sus acciones heredadas en enero de 2010 antes de ganar las elecciones y que siempre ha cumplido sus obligaciones fiscales.

Conmigo pagarás menos

Pero no cabe duda de que los paraísos fiscales ofrecen esa confidencialidad que siempre busca el dinero. Por eso, desde hace tiempo, están en el punto de mira del G-20 y de la OCDE, que tiene su propia lista negra de estos territorios. A medida que firman acuerdos de intercambio de información, son sacados de la lista. Pero todos los indicios sugieren que el volumen de las inversiones a través de paraísos fiscales no ha hecho más que aumentar con la crisis.

La frontera entre paraíso fiscal y territorio de baja tributación es a veces muy difusa

Por otra parte, la frontera entre paraíso fiscal y territorio de baja tributación es a veces muy difusa. Aunque menos vilipendiada que la evasión fiscal mediante sociedades offshore, no es menos significativa la que se produce de modo perfectamente legal en territorios de baja tributación, como puede ser Irlanda en comparación con otros países europeos respecto al impuesto de sociedades. Grandes empresas multinacionales como Amazon, Apple o Google han aprovechado esta disparidad fiscal para tributar en el país más favorable de la UE, aunque las ventas se hayan producido en otros países. Pero, ante la presión de los gobiernos, estas prácticas de ingeniería fiscal están empezando a cambiar y algunas de estas empresas ya han anunciado que tributarán por las ventas en cada país.

También es bien sabido que para muchos oligarcas el “paraíso fiscal” por excelencia es Londres. La compra de inmuebles en la capital británica se ha convertido en uno de sus métodos favoritos para blanquear dinero sospechoso y evitar impuestos. Y como centro financiero, la City presta amplio servicio a todo el sistema global offshore. Así que es improbable que Cameron se decida a luchar a fondo contra estas prácticas cuya desaparición podría herir la economía británica. Pero lo mismo podrían alegar los paraísos fiscales de pequeños países cuya viabilidad económica ha dependido en gran parte de estas actividades.

En último término, lo más importante es que las revelaciones sirvan para avanzar hacia una legislación internacional que frene las prácticas fraudulentas desde los paraísos fiscales.


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