Campaña federal contra la marihuana terapéutica en California

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En 1996, California aprobó por referéndum una ley que autoriza el cultivo, venta y consumo de marihuana con fines terapéuticos. Pero la ley federal no admite tal excepción, de modo que la práctica quedó en una especie de limbo jurídico, en la duda de cuál de las dos normas prevalecía en este caso. Las autoridades federales optaron por inhibirse, sin perseguir más que el contrabando de cannabis a otros estados.

Sin embargo, cuenta el New York Times, el mes pasado cuatro fiscales federales anunciaron que iban a actuar contra los numerosos cultivadores y dispensadores de marihuana con fines terapéuticos que, según dicen, violan no solo la ley federal, sino incluso la de California. Desde entonces, agentes federales han destruido plantaciones y han denunciado a establecimientos que venden marihuana.

Para Kamala Harris, fiscal general de California, es una actuación unilateral que crea incertidumbre. A la vez, reconoce que la regulación sobre la marihuana es vaga y que está estudiando, en colaboración con un parlamentario demócrata, la manera de hacerla más coherente.

Los fiscales federales sospechan fraude en la justificación terapéutica del cannabis, pues más de 750.000 californianos tienen autorización médica para consumir marihuana por toda clase de motivos, desde síntomas de cáncer a molestias leves. El dispensario más grande, ubicado en Oackland, tiene 120 empleados y dispensa marihuana a unos 95.000 pacientes. Su director ejecutivo, Seteve DeAngelo, calcula que unas 600 personas al día acuden para comprar su dosis semanal, hasta 2 onzas (57 gramos), que es el máximo permitido por la ley. “Tenemos claro que estamos incumpliendo la ley federal todos los días, pero también que cumplimos fielmente las de California y Oakland”, dice.

Benjamin Wagner, fiscal federal de un distrito californiano, añade que muchos vendedores de marihuana que se declaran sin ánimo de lucro, en realidad obtienen grandes beneficios. El cannabis legal mueve alrededor de mil millones de dólares al año, de los que un 10% van al estado en forma de impuestos.


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