Campañas de ONG contra las armas que más matan

Se intensifica la movilización para reducir el comercio de armas ligeras

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Cuando se habla del control de armamento, se suele pensar en misiles con cabezas nucleares. Pero las armas que más muertes causan son otras. En las guerras actuales, más de la mitad de las víctimas son civiles muertos o heridos por armas ligeras (pistolas, fusiles, granadas de mano...), según el Comité Internacional de la Cruz Roja. Las minas contra personas, diseminadas en decenas de países, africanos sobre todo, el año pasado mataron o mutilaron a más de mil víctimas solo en Angola. Las campañas internacionales contra unas y otras armas tratan de detener la matanza, con notable éxito en el último caso.

Hace casi tres años, un grupo de ONG, la mayoría de inspiración cristiana, constituyó el Colectivo Armas Ligeras (CAL), una movilización para que se controle el comercio de tales armas (ver servicio 8/98). El problema no es solo el contrabando, contra el que se precisan medidas más eficaces. El mismo comercio legal, denuncia CAL, es opaco. Las exportaciones de armas ligeras están sujetas a controles bastante más laxos que las de armamento pesado. Aunque ha habido algunos progresos en los años recientes -registro de la ONU sobre venta de armas, código de conducta sobre la materia adoptado por la Unión Europea-, todavía no se dispone de datos completos y seguros sobre el comercio de armas ligeras. Por tanto, se tienen "pocos medios para juzgar la política de los Estados al respecto", lamenta Bruno Barillot, del Observatoire des Transferts d'Armements (La Croix, 23-VIII-2000).

El primer objetivo es, pues, la transparencia, y para ello CAL ha intensificado su campaña en los últimos meses. Un punto destacado de su plan de acción es la conferencia internacional que ha convocado para el 22 de septiembre en París, en la sede del Senado. El principal tema de la jornada será cómo se aplica el código de conducta de la Unión Europea.

Progresos en la supresión de las minas contra personas

Más avances ha habido en la supresión de las minas contra personas, proscritas por el tratado de Ottawa (1997), que fue fruto de los esfuerzos de otra ONG, la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres (ICBL). Así se pudo comprobar en la segunda reunión anual para la revisión del tratado (Ginebra, 11-15 de septiembre). El tratado entró en vigor el 1 de marzo de 1999, y hasta hoy ha sido firmado por 138 países y ratificado por 101. Pero siguen sin adherirse varias de las mayores potencias militares: Estados Unidos, China, Rusia, India y Pakistán.

El informe presentado por ICBL en Ginebra registra importantes progresos prácticos. Se han reducido de modo significativo la fabricación y el uso de minas, y las exportaciones casi han desaparecido. Unos 55 países signatarios han procedido, en cumplimiento del tratado, a la eliminación sistemática de sus existencias: en total, han destruido más de 20 millones de minas. Se ha seguido limpiando zonas minadas en pasadas guerras, de modo que ha disminuido el número de víctimas en varios países, sobre todo Afganistán y Camboya. Existen programas humanitarios para desenterrar minas o ayudar a las víctimas en 41 países.

Sin embargo, el informe trae también algunas malas noticias. Registra en total 88 países con campos minados, más que en el anterior recuento. Desde la entrada en vigor del tratado han seguido empleando minas al menos 11 ejércitos regulares y 30 grupos armados. Entre los primeros, denuncia ICBL, se encuentran los de tres países signatarios: Angola, Burundi y Sudán. ICBL sigue, pues, reclamando la eliminación total de las minas, que seguirán causando estragos mientras existan, aun mucho después de que acaben los conflictos que llevaron a sembrarlas. Un ejemplo reciente: tras la retirada israelí del sur del Líbano, hubo 17 heridos por minas en el transcurso de una sola semana.


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