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Código de conducta para multinacionales con fábricas en el Tercer Mundo

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Un acuerdo contra la explotación de trabajadores del Tercer Mundo en fábricas que producen para multinacionales norteamericanas ha sido firmado en Washington la semana pasada. Es fruto de una iniciativa del gobierno de Clinton, que convocó a negociar a empresas, sindicatos y organizaciones humanitarias (ver servicio 25/97, pág. 2). Sólo diez empresas han suscrito el pacto; pero entre ellas están las que -como Nike o Reebok- han recibido más acusaciones de abusar de la mano de obra barata disponible en los países en desarrollo (por ejemplo, el 75% de la producción de Nike sale de fábricas de Indonesia, China y Vietnam).

Las campañas contra las prácticas abusivas denunciaban sobre todo largas jornadas sin descanso semanal, condiciones de trabajo insalubres, ausencia de derechos sindicales y empleo de mano de obra infantil. Los puntos más discutidos en las negociaciones fueron la duración de la jornada y la edad laboral mínima. Sindicatos y grupos en pro de los derechos humanos reclamaban un máximo de 48 horas semanales y que se prohibiera trabajar a menores de 15 años. Al final, se acordó que la semana laboral no pasará, en principio, de 48 horas -con un día de descanso-, pero podrá ser hasta de 60 si los trabajadores consienten libremente; y que no se empleará a menores de 15 años, salvo en los países donde la ley permite trabajar desde los 14.

También había discrepancia sobre la retribución: sindicatos y organizaciones querían fijar el tope inferior en el «salario de subsistencia», pues el salario mínimo legal no alcanza, en algunos países -por ejemplo, Haití o Vietnam-, para mantener a una familia. Pero esta propuesta no ha prosperado.

Se creará un organismo para vigilar el cumplimiento de los acuerdos. Las empresas que los respeten podrán exhibir en las etiquetas de sus productos y en sus mensajes publicitarios un certificado de buena conducta. Pero no ha habido acuerdo sobre quiénes compondrán el organismo. Las empresas quieren encargarse por sí mismas de inspeccionar los centros de trabajo, a lo que se oponen las otras partes. Esta cuestión se decidirá dentro de unos meses, tras nuevas conversaciones.

Este convenio no se notará mucho en el Tercer Mundo, mientras no lo suscriban más empresas. Sin embargo, las organizaciones que han intervenido lo consideran un primer paso importante.

En el fondo, late una cuestión planteada por la «globalización» de la economía: ¿se puede seguir siendo competitivo respetando en el Tercer Mundo los derechos laborales considerados irrenunciables en Occidente? La pregunta afecta tanto a los países no desarrollados, que necesitan atraer inversiones extranjeras y apenas disponen de más cebo que los bajos costos laborales, como a las multinacionales de Occidente, que se sienten amenazadas por competidores del Tercer Mundo que producen con mano de obra mucho más barata. El presidente de Nike, Philip Knight, exponía así el problema en una carta al New York Times: «Si no aseguramos nuestra producción en los mismos países de baja renta que nos hacen la competencia, tendremos que cerrar, y nuestros diez mil empleados de Estados Unidos irán al paro». El aserto refleja también la preocupación de muchos trabajadores de naciones desarrolladas, poco partidarios de la «globalización», porque temen ver emigrar sus empleos al Tercer Mundo.

Contra esta idea, un reciente informe de la OCDE (ver servicio 139/96) no ve que conculcar los derechos laborales suponga una ventaja competitiva decisiva. Y predice que los países en desarrollo que permiten la explotación de sus trabajadores para favorecer la exportación, acabarán pagándolo en forma de productividad baja o conflictos laborales.

En segundo lugar, se plantea qué se puede exigir, con realismo, al Tercer Mundo en materia de condiciones laborales. Como señalan muchos conocedores de la situación en esos países, la prohibición absoluta del trabajo infantil, por ejemplo, sería contraproducente para los propios niños y sus familias, que lo necesitan para mantenerse. Así señalaron representantes y defensores de los niños en la Conferencia mundial sobre trabajo infantil celebrada en Amsterdam el pasado mes de febrero (ver servicio 36/97). Parece que no se pueden trasladar sin más al Tercer Mundo los mínimos exigidos en el Primero; más bien, el progreso en las condiciones de trabajo ha de ir paralelo al de la economía, como de hecho sucedió en los actuales países desarrollados.

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