Al cumplirse diez años de la aprobación definitiva de la ley de suicidio con cooperación médica en el estado de Oregón, el doctor Kenneth R. Stevens Jr., Vicepresidente de la Fundación Physicians for Compassionate Care Education, hace un balance de sus resultados en un artículo publicado en la publicación digital MercatorNet.
En los primeros nueve años de vigencia de la ley (1998-2006), 292 pacientes se acogieron a ella, decidiendo suicidarse con la ayuda de un médico. Aunque los promotores de la ley afirmaban que la razón principal para aprobarla era evitar el dolor, el movimiento por el suicidio asistido ha reconocido que no es así. Los pacientes que han muerto con esta ley son descritos por sus médicos como gente muy independiente y controladora, que teme sobre todo la dependencia que implica la etapa terminal. Control y elección son las palabras clave usadas ahora para promover el suicidio asistido.
Después de cuatro años de suicidio asistido, el estudio de una facultad de medicina de Oregón señalaba que había casi dos veces más pacientes terminales con angustia o dolor moderado o severo que antes de la ley.
El análisis de Stevens critica el suicidio asistido por ser una excusa para dosificar los cuidados y ahorrar medios. Explica, por ejemplo, que la sanidad pública de Oregón cubre el coste del suicidio asistido, pero no el del tratamiento para pacientes con cáncer que tienen menos de un 5% de posibilidades de vivir cinco años, incluso cuando el tratamiento pueda prolongar los años de vida independiente. En 2003 la sanidad pública dejó de pagar medicinas para 10.000 ciudadanos de Oregón pobres, cifra que incluye enfermos de SIDA, dementes mentales o afectados por apoplejía. En 2004 y la primera mitad de 2005, se eliminó del presupuesto sanitario a otros 75.000.
En los últimos años, solo el 5% de los que han muerto a través del suicidio legalizado tuvieron una consulta médica de salud mental. En 2006, solo 2 de los 46 pacientes así fallecidos fueron enviados a una evaluación psiquiátrica, aunque la depresión es la causa más común de los pensamientos suicidas. Estos datos chocan con una de las salvaguardas legales para el suicidio asistido: ser mentalmente capaz.
Es llamativo, también, que la ley no haya reducido el resto de suicidios, y que solo en 29 de las 121 muertes legales producidas en los últimos tres años el médico que prescribió la dosis mortal estuviese presente cuando el paciente la tomó.
Fuente: MercatorNet