El gobierno australiano puso en marcha el llamado National School Chaplaincy Program (NSCP) en 2007, con el fin de fomentar la asistencia espiritual en las escuelas públicas y privadas del país. En un principio, el gobierno aseguró financiación hasta 2011. Pero Julia Gillard, que accedió al poder el año pasado con el partido laborista, se comprometió nada más asumir el cargo a ampliar el programa y dotarlo con más fondos para que un mayor número de escuelas puedan beneficiarse. Así que el NSCP seguirá al menos hasta el 2014, con un presupuesto de 222 millones de dólares australianos, como informa Christianity Today.
A través de este programa, las escuelas reciben ayudas públicas de hasta 20.000 dólares australianos para sufragar los gastos de capellanía. Hasta el momento son ya 2.700 los colegios, públicos y privados, que se han beneficiado del programa, y el gobierno espera llegar a otros mil más.
Se trata, como se afirma en la guía informativa, de un “servicio voluntario” que ha de ser solicitado por la comunidad escolar -directivos, profesores y padres- de cada colegio. La comunidad escolar debe concretar tanto la confesión u organización religiosa que se hará cargo de la asistencia espiritual como los servicios que desee ofrecer. De hecho, es quien elige a la persona que se hace carga de la capellanía y la que garantiza que cumple todos los requisitos establecidos en el programa para recibir los fondos.
El gobierno fue muy cuidadoso al regular la figura del capellán. Ha de ser una persona con experiencia en el trato con adolescentes y, si perteneciera a alguna confesión -algo que no es obligatorio-, tiene que estar reconocido oficialmente por ella. Entre sus funciones está no sólo ofrecer atención personal y dirigir los oficios religiosos, sino también orientar a los alumnos en sus problemas espirituales, sociales y emocionales.
A lo largo de estos años, algunos medios de comunicación australianos se han hecho eco de la ayuda que prestan los capellanes a los adolescentes: muchachos, en ocasiones con problemas graves, que han dejado el camino de la droga y otras adicciones o han superado problemas familiares, por ejemplo.
Pese a que en general la experiencia es positiva, la oposición y algunos sectores docentes han criticado la ampliación propuesta por el nuevo gobierno. La primera alega que el contexto de crisis económica exige ajustar el presupuesto estatal. Los otros temen que la proliferación de capellanes haga innecesario el gabinete de psicología y el trabajo desempeñado por los tutores; pero, tal y como indicó un portavoz del Ministerio de Educación, la labor de los capellanes es complementaria a la que realizan estos profesionales, a los que ha de servir de apoyo. La APS (Asociación Australiana de Psicología) ha solicitado al gobierno que introduzca algunos cambios en el programa de capellanía, entre ellos la exigencia de que los alumnos con problemas de salud mental puedan ser atendidos siempre bajo la supervisión del psicólogo.
También el programa de capellanía ha llegado a los tribunales. Un padre, por ejemplo, ha recurrido la constitucionalidad del programa ante el Tribunal Supremo de Australia, sosteniendo que la financiación pública de la asistencia religiosa es contraria a la aconfesionalidad del Estado. El caso se encuentra aún en fase de alegaciones, y la sentencia tardará en llegar.