Con el cambio de milenio y el relevo en la dirección, Amnistía Internacional (AI) ha anunciado un nuevo planteamiento de sus acciones en favor de los derechos humanos. Tras su Consejo Internacional, celebrado a puerta cerrada entre el 16 y el 23 de agosto en Senegal, esta ONG desea promover también los denominados derechos económicos, sociales y culturales. De este modo, como dice su secretaria general, la bengalí Irene Khan, AI -además de continuar en sus denuncias contra la tortura y la pena de muerte- «promoverá el derecho de todas las personas a todos los derechos humanos, como el derecho a la educación o a la salud».
Desde su nacimiento en los años sesenta, AI ha ido ampliando sus denuncias de la violación de derechos; ya no solo se encara ante ciertos gobiernos, sino que pone en igual rango las acciones de grupos terroristas. Ahora, añade la pobreza o el analfabetismo a las violaciones de derechos humanos. Con este paso, no solo pretenderá que un gobierno deje de conculcar los derechos elementales del individuo; además inspeccionará su política de desarrollo económico e igualdad social y cultural, situaciones difíciles de cuantificar en muchos casos, y no siempre al alcance de la mano gubernamental. Por otra parte, cabe preguntarse qué amplitud se pedirá a los servicios sociales de un país (según qué criterio se use, se podría igualar EE.UU. con una nación subdesarrollada) o qué modelo de Estado se persigue.
Cuando se redactaron las cartas de derechos humanos en diferentes conferencias, se estableció una separación entre los «civiles y políticos» -más defendidos por las democracias liberales- y los «económicos, sociales y culturales» -en los que insistían los regímenes comunistas-. Para algunos analistas, la equiparación de esas dos «generaciones» de derechos puede suponer una rebaja de la radicalidad de los primeros y una inflación de los segundos, más problemáticos de exigir (ver servicio 178/97). Muchos Estados llegan a contemplar esta «segunda generación» de derechos en sus constituciones (en la española, todo un capítulo se reserva a «los principios rectores de la política social y económica»), pero está claro que solo pueden servir como inspiración de la actuación legal. Si bien muchas organizaciones humanitarias llevan tiempo desarrollando acciones positivas para la promoción económica y cultural, «en un mundo en el que la globalización convierte la pobreza en una de las cuestiones prioritarias en derechos humanos -dice Pierre Sané, anterior dirigente de AI-, el reto de Amnistía (…) es proteger no solo los derechos civiles, sino todos los derechos humanos».
