Entre las diversas posibilidades para privatizar el gigantesco e ineficiente sector estatal, problema común a todos los países de la Europa ex comunista, Alemania escogió el método más drástico. Concluida oficialmente la operación el 31 de diciem-bre, en menos de cuatro años se han vendido o liquidado más de 12.000 empresas públicas de la antigua República Democrática Alemana. El balance, que incluye un elevado costo en dinero y en empleos, está sujeto a diversas valoraciones.
La Treuhandanstalt, la sociedad fiduciaria encargada de las privatizaciones, se ha distinguido por actuar con rapidez y con amplia autonomía. La independencia le ha permitido aplicar curas dolorosas sin tener que ceder a presiones políticas.
Cuando comenzó su actividad, en 1990, tenía 12.370 empresas a su cargo. Ahora sólo quedan 60 en manos del Estado; 3.700 han sido liquidadas por inviables y las demás se han vendido. Las enajenadas se han repartido entre 20.000 compradores -alemanes en el 90% de los casos-, que se han comprometido por contrato a invertir en las empresas más de 125.000 millones de dólares en total. El resultado, según la versión optimista, es positivo: la vuelta al mercado ha permitido un crecimiento económico del 9% en 1994 en Alemania oriental, que ahora cuenta con inversiones frescas y miles de compañías con posibilidades de sobrevivir; se han salvado 1,5 millones de empleos, y se han creado varios miles más en los 20.000 comercios vendidos a particulares.
Pero eso es ver la botella medio llena. El número de puestos de trabajo «salvados» supone que han ido al paro el 60% de los 4 millones de empleados que tenían las empresas privatizadas o disueltas. En cuanto al coste económico, la Treuhand preveía obtener de las ventas 370.000 millones de dólares; pero sólo ha logrado la décima parte de esa suma y ha dejado al Estado una deuda de 166.500 millones de dólares.
Los críticos sostienen que la privatización por la vía rápida ha sacrificado empleos y empresas que se podrían haber salvado. Las prisas han hecho que se vendiera a precios bajos, lo que ha supuesto traspasar una grave carga al Estado. La privatización, en fin, debería haberse hecho con más calma, después de sanear las empresas, no sacándolas al mercado antes de que pudieran ser competitivas.
Tales argumentos, alegan otros en defensa de la Treuhand, sobrevaloran las posibilidades de supervivencia de las empresas heredadas de la RDA, que estaban sostenidas artificialmente y mal gestionadas. Por otra parte, si no se han vendido a precios más altos, se debe en buena medida no a las prisas de la Treuhand, sino a las de la unificación monetaria. Al adoptar el marco occidental de la noche a la mañana, el Este vio revaluada su moneda en un 300%. El valor de sus empresas quedó así reducido, y bajó aún más cuando se perdieron los mercados de la antigua URSS al disolverse ésta. Además, la Treuhand, para desprenderse de las empresas, ha tenido que compensar a los inversores, cargando con deudas antiguas. Y no ha vendido tan mal como dicen los críticos: ha exigido a los compradores que no cierren los negocios, que conserven un número de empleos y que hagan más inversiones. Todo esto ha bajado inevitablemente los precios de venta.
Toda cura rápida tiene costos inmediatos altos; pero la suavidad acarrea el peligro de mayores males a largo plazo. ¿Dónde estaba el equilibrio ideal en este caso? El balance definitivo de la privatización alemana no se puede hacer hasta que se compruebe cómo van las empresas afectadas. Entonces se verá si el proceso ha permitido la reactivación económica suficiente para recuperar el dinero y los empleos perdidos.