Las diferencias sobre las cuestiones reproductivas son las que han provocado más reservas en el documento final

Acuerdos y discrepancias en la Conferencia Mundial sobre la Mujer

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Las diferencias sobre las cuestiones reproductivas son las que han provocado más reservas en el documento final

Pekín. El documento final de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, aprobado tras dos semanas de debates, muestra un amplio consenso sobre los derechos y la promoción de la mujer, y no pocas discrepancias en asuntos relativos a la sexualidad y la procreación. Estos puntos conflictivos motivaron que, a pesar de la intensa negociación, al final 40 países expresaran sus reservas a la Plataforma de Acción. Las objeciones, más amplias de lo que se esperaba, reflejan las diferencias sobre las prioridades y el modo de entender lo que supone un avance para la mujer.

El acuerdo preliminar de no modificar el denominado "lenguaje de El Cairo" ha sido de especial importancia a la hora de determinar el contenido de nociones que inicialmente se presentaban de un modo ambiguo, como las referidas a familia o género. Tras los debates, las modificaciones no afectan a la esencia del documento inicial -las doce esferas de preocupación sobre la mujer siguen siendo las mismas (cfr. servicio 104/95)-, pero los matices introducidos en el texto y las reservas de los países a algunos puntos permiten descubrir un cambio sustancial en la orientación y en el alcance práctico de algunas cuestiones que parecían inamovibles.

El representante de Benín, un experimentado diplomático que se convirtió en el portavoz de los Estados africanos, valoraba con cierta ironía la situación creada tras cerrarse el capítulo de salud: "Con veinticuatro reservas de países como Venezuela, Honduras, Ecuador, Jordania, Irak, Indonesia, Bangladesh, Túnez, la Santa Sede y muchos otros... estos acuerdos claramente no van a tener el mismo peso para los Estados que los de conferencias anteriores".

Los cuarenta países que plantearon reservas en la votación final, la mayoría de los islámicos y algunos católicos, consiguieron que se incluyera al comienzo del documento una frase aclaratoria, por la que se asegura la primacía del derecho soberano de cada país en la aplicación de las medidas y se pide "el pleno respeto a los diversos valores religiosos y éticos y al trasfondo cultural de su población y en conformidad con los derechos humanos internacionalmente reconocidos". Con esta apreciación se pretendía salvar las diferencias que se pusieron de manifiesto en los temas más polémicos.

Derechos humanos

Se aprobó una serie de medidas dirigidas a "aplicar y hacer cumplir la legislación y las normas internacionales, para promover y salvaguardar el pleno disfrute por parte de la mujer de todos sus derechos humanos". Como en la mayoría de los puntos de fricción, el debate se agudizó en torno a la terminología y, en este caso, sobre la propuesta de supresión de la palabra "universal" en todas las referencias a los derechos humanos.

La eliminación, a simple vista indiferente, fue activamente defendida por la Unión Europea, que también planteó suprimir las referencias a la "dignidad" humana. Al aprobarse las dos propuestas europeas, los derechos quedan prácticamente al arbitrio de la legislación de cada país y, según criticaba la Santa Sede, se abre la puerta al empobrecimiento del contenido de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Mary Ann Glendon, jefa de la delegación vaticana, ha declarado que en la Conferencia "no se trataba de minimizar tales derechos humanos universales ni tampoco de añadir otros". Por esta razón, decía, "nos hubiera gustado ver la palabra 'universal', para evitar confusiones y para que ningún país alegara luego que un derecho que ha sido reconocido en su país pasa automáticamente a formar parte del cuerpo de los derechos humanos universales".

Familia

El texto asegura que "la familia es el núcleo básico de la sociedad y como tal debe ser fortalecida". Se reconoce también que "la familia tiene derecho a recibir protección y apoyo amplios" y que en los distintos sistemas culturales, políticos y sociales "existen diversas formas de familia". El acuerdo sobre esta última afirmación, que parece trivial, se consiguió tras una esforzada negociación entre los que estaban a favor de introducir "familias" -lo que suponía dar carta de naturaleza a otros modelos de familia distintos de los derivados del matrimonio de un hombre y una mujer- y los que defendían el modelo matrimonial.

Religión

La referencia a la religión se enmarca dentro del capítulo inicial destinado a explicar el contexto mundial en el que se celebra la Conferencia. "La religión, la espiritualidad y las creencias desempeñan una función fundamental en las vidas de millones de mujeres y hombres", asegura el documento. "El derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión es inalienable y debe ser disfrutado universalmente".

Junto al reconocimiento de la incidencia de la religión en el desarrollo de la sociedad, también se apunta el riesgo del extremismo, "que puede tener una repercusión negativa en las mujeres y puede conducir a la violencia y a la discriminación".

Aborto

Uno de los puntos más conflictivos -que concentró la mayoría de reservas finales de países de tradición musulmana o católica- es el que se refiere a "considerar la posibilidad de revisar las leyes que prevén medidas punitivas contra las mujeres que han tenido abortos ilegales". Es decir, por esta medida se pretende eximir a la mujer, pero no a los centros y al personal sanitarios, de las penas correspondientes.

Algunos Estados exigieron que, para evitar malentendidos posteriores o un uso extensivo de esa recomendación, se recogieran inmediatamente antes de ese párrafo los acuerdos alcanzados sobre la materia en El Cairo, en los que se afirma que "en ningún caso se debe promover el aborto como método de planificación familiar".

Salud

El capítulo que más reservas acumula es, sin duda, el referido a la salud, que recoge punto por punto todo lo ya aprobado en El Cairo. Se define la salud reproductiva como un "estado de bienestar físico, mental y social (...), y entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia". Según esta última condición, se considera implícito "el derecho a obtener información sobre los métodos de planificación familiar que cada cual prefiera" y a contar con "servicios adecuados de salud que permitan los embarazos y partos sin riesgos".

La salud sexual tiene una acepción más amplia, ya que abarca la vida y las relaciones personales. Las principales objeciones a este capítulo hacen hincapié en el excesivo peso dado a la salud reproductiva en relación con otras necesidades sanitarias de primer orden, aún no cubiertas en el Tercer Mundo y a las que no se ha dedicado apenas ningún espacio en el documento.

Derechos sexuales

La categoría de derecho que el texto pretende conceder a la salud sexual y reproductiva fue uno de los puntos más discutidos. Este particular derecho se recoge en el apartado de salud: "Los derechos humanos de la mujer incluyen su derecho a tener control sobre las cuestiones relativas a su sexualidad". Y también, como resultado de la insistencia de la Unión Europea, se cita en la declaración inicial, a través de una laboriosa referencia, con lo que se intenta una equiparación práctica con los derechos humanos. Hacia estos derechos se dirige precisamente la coletilla explicativa que pide el respeto a la soberanía nacional y a los valores religiosos y culturales.

Orientación sexual

El término "orientación sexual", que figuraba entre corchetes desde la reunión preparatoria de Nueva York y que fue defendido con firmeza por la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos, fue el blanco de la más prolongada controversia. La frase de la discordia, que proponía el respeto a la orientación sexual y la garantía de que ésta no fuese causa de discriminación -es decir, suponía un reconocimiento práctico de la homosexualidad-, se mantuvo entre corchetes hasta la misma víspera de la clausura, con la fuerte oposición de 22 Estados que argumentaban que los términos eran contrarios a sus valores religiosos, culturales y éticos. Esta vez fue el representante de Sudán, en nombre de los países musulmanes, el que tuvo un papel activo frente a los Estados occidentales. Ante la necesidad de zanjar la discusión, prolongada hasta la madrugada, se decidió suprimir la expresión "orientación sexual" de todo el documento.

Responsabilidad de los padres

Algunos aspectos de los programas educativos fueron muy debatidos, con el fin de delimitar bien los derechos y la responsabilidad de los padres. Esto tenía una importancia crucial en el caso de las campañas de información sexual dirigidas a jóvenes y provocó una auténtica movilización de las organizaciones no gubernamentales (ONG) defensoras de la familia, que por primera vez en la historia de las Conferencias de la ONU constituyeron su propia liga.

A pesar de todo, la redacción final no resulta muy esclarecedora: especifica que las campañas deberán hacerse "teniendo en cuenta los derechos del niño al acceso a la información, privacidad, confidencialidad, respeto y consentimiento informado, así como los derechos, deberes y responsabilidades de los padres". La orientación se facilitará según la capacidad del niño y lo reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño.

Violencia

Entre las medidas que se proponen en este capítulo se encuentran la acciones necesarias por parte de los gobiernos para prevenir, investigar y castigar todas las actuaciones que supongan agresión física, psicológica y sexual contra la mujer, ya sea en el hogar o provocada por la sociedad o desde el Estado.

También se incluyen aquí las imágenes denigrantes que aparecen en los medios de difusión, las mutilaciones genitales, la selección prenatal en función del sexo, el infanticidio y los actos de violencia ligados a la dote. Los Estados acordaron, además, dar la categoría de crimen de guerra a la violación de mujeres durante los conflictos armados.

Trabajo no remunerado

Uno de los acuerdos más novedosos, reclamado por las ONG desde que acabó la anterior Conferencia de Nairobi en 1985, es el de medir y cuantificar económicamente el trabajo no remunerado que realizan las mujeres en el hogar, en las explotaciones familiares de subsistencia o en las comunidades locales. Con el fin de determinar mejor cuál es la contribución de las mujeres al desarrollo de la sociedad, se propone fortalecer los sistemas estadísticos, con desglose por sexos, y calcular el valor global de ese trabajo no pagado en cuentas especiales o incluso en la contabilidad nacional.

Recursos

El capítulo de recursos financieros fue uno de los últimos en cerrarse, ya que encarnó con gran claridad el enfrentamiento entre los intereses del Norte y los del Sur, y puso en evidencia que en la burocracia de la ONU el dominio de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea es todavía un hecho.

Los países del llamado Grupo 77 -la mayoría de los asiáticos, africanos y sudamericanos- presionaron para conseguir un compromiso "en la movilización de los recursos", como garantía para el éxito de la Plataforma. El acuerdo -que en ningún caso ofrece cifras- prevé que se destinen "nuevos y adicionales recursos", incluidos los de los gobiernos y también los que tengan su origen en acuerdos multilaterales, bilaterales y privados.

El control de la aplicación real de este compromiso no quedó, según los países del Tercer Mundo, suficientemente garantizado. Su disgusto se plasmó en la única manifestación de ONG en los edificios de la Conferencia, que invadió pacíficamente el vestíbulo principal y bloqueó las escaleras mecánicas durante casi diez minutos, ante la mirada atónita de los servicios de seguridad de Naciones Unidas.

Sin discusiones

Al margen de los temas polémicos, las delegaciones oficiales consiguieron acuerdos de gran trascendencia en otros capítulos. En educación, los Estados se comprometieron a extender los programas de alfabetización y a rebajar a la mitad la tasa de analfabetismo femenino de aquí al año 2000. En esta área también se consideran objetivos estratégicos la mejora del acceso a la formación profesional y a la educación permanente, siempre con la idea de fondo de buscar la igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer.

Con respecto a la pobreza, capítulo que fue definido como "el principal problema", los Estados dieron luz verde a las propuestas de la Plataforma de Acción encaminadas a adoptar y aplicar políticas macroeconómicas y planes de desarrollo acordes con las necesidades de las mujeres. Según explicaba Florence Chitauro, ministra de Asuntos Nacionales y Empleo de Zimbabue, "la pobreza, la educación y el paro forman un círculo vicioso, difícil de romper en muchos países africanos; pero hay que empezar a actuar".

Otros acuerdos de interés fueron los logrados en el ámbito laboral, en el que todavía se detectan muchos elementos de discriminación de la mujer, según el diagnóstico de la Plataforma. Como era de esperar, hubo acuerdo en pedir a los gobiernos medidas para facilitar la igualdad en el acceso a los recursos, al empleo y a los intercambios comerciales, y procurar la eliminación de las diferencias salariales en función del sexo.

M. Ángeles Burguera

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