La crisis entre el gobierno irlandés y el Vaticano –con las fuertes acusaciones del primer ministro dirigidas a Roma y la consecuente llamada a consultas del nuncio en Dublín– solo se puede entender con el creciente clima de indignación que ha rodeado la publicación, en los últimos tres años, de cuatro informes sobre abusos de menores cometidos por miembros del clero irlandés.
A diferencia de los anteriores, los ecos del informe sobre la situación en la diócesis de Cloyne, publicado el pasado 13 de julio, han apuntado directamente contra el Vaticano. El 20 de julio, el primer ministro irlandés, Enda Kenny, dirigió ante el parlamento de su país varias acusaciones contra Roma que demuestran que la justa indignación ante el crimen ha dejado paso a una cierta crispación de tono populista.
El informe ofrece las acusaciones contra 19 sacerdotes de esa diócesis presentadas entre el 1 de enero de 1996 y el 1 de febrero de 2009. Muchos de los hechos imputados se refieren a décadas anteriores. El informe no pretende aclarar si hubo o no abusos, sino dilucidar cómo se gestionaron las denuncias en ese periodo en el que existían reglas establecidas por la conferencia episcopal (que el informe alaba por considerarlas mejores que las fijadas por el Estado). Y ahí la figura del obispo local John Magee (dimitido) y de su vicario salen malparadas, si bien no se les acusa de encubrimientos sino de negligencia y de ignorar los procedimientos aprobados.
Pero lo que centró la atención hacia el Vaticano fue una carta reservada escrita el 31 de enero de 1997 por el entonces nuncio en Dublín a los obispos irlandeses, que algunos han presentado como la prueba de que la Santa Sede ha colaborado en la cobertura de los abusos. Esa fue la interpretación que se dio cuando el documento fue publicado en enero de este año por algunos diarios, como el New York Times, y la que prevalece hoy. Según esos medios, la Santa Sede “advierte” o “instruye” a los obispos para que no denuncien los casos de abusos a la autoridad civil.
En realidad, lo que el nuncio transmite son algunas “reservas” canónicas y morales de la Congregación del Clero sobre la “denuncia obligatoria” contenidas en el reglamento que estaba trabajando el episcopado irlandés. No dice que no haya que informar a la autoridad civil, sino que invita a la prudencia: afirma que es preciso seguir las normas del derecho canónico para evitar que las decisiones puedan ser impugnadas; y también un criterio moral, para evitar acusaciones precipitadas y respetar la privacidad de las víctimas. El documento no establece ni ordena, sino que presenta unas consideraciones.
Con los ojos de hoy, se podría calificar a la carta de demasiado “garantista”, o de definir al documento del episcopado irlandés como un borrador, mientras que era un reglamento ya vigente (posiblemente no había sido aprobado aún por la Santa Sede). En todo caso, el tono de la carta no justifica la acusación lanzada por el primer ministro de que la Santa Sede ha tratado de “bloquear una investigación emprendida por un Estado democrático”. El llamamiento a Roma del actual nuncio en Dublín –una medida que la Santa Sede cumple en contadas ocasiones– ayudará sin duda a aclarar las cosas y a evitar instrumentalizaciones de unos hechos ya de por sí suficientemente dolorosos.