El índice de homicidios en el Caribe -30 por cada 100.000 habitantes al año- es mayor que el de cualquier otra región del mundo. Los altos índices de delitos y violencia afectan a los negocios y constituyen un obstáculo para las inversiones, lo que repercute en menor desarrollo. Según cálculos incluidos en un informe que acaba de publicar el Banco Mundial, si el Caribe redujera en una tercera parte el índice de homicidios, algunos países podrían duplicar su tasa de crecimiento económico.
El informe del Banco mundial sostiene que la delincuencia y la violencia reinantes en la región socavan el crecimiento e impiden el desarrollo social. En varios países, la delincuencia ocasiona un aumento en el gasto en medidas de seguridad, mayor dificultad en el acceso a la financiación y un descenso en la productividad laboral.
El principal factor que explica los índices tan altos de agresiones y homicidios en la región es el tráfico de drogas. El narcotráfico obliga a desviar recursos de otras actividades hacia la justicia penal, provoca delitos contra la propiedad relacionados con la adicción, contribuye a la amplia circulación de armas de fuego y corrompe las instituciones sociales.
El informe recuerda que los países del Caribe son lugares de tránsito y no productores de cocaína. Por lo tanto la interceptación del tráfico debe complementarse con otras estrategias fuera de la región, que incluyen la reducción de la demanda en los países consumidores y la erradicación en los países productores.
La posesión de armas es producto del tráfico de drogas y, en algunos países, de la actividad política. Aunque es muy difícil luchar contra la circulación de armas, pueden ayudar algunas medidas como contar con mejores registros y la interceptación de armas en los puertos.
En cuanto a las medidas para combatir la delincuencia, el informe indica que en la región se ha utilizado sobre todo la justicia penal, descuidando enfoques complementarios que podrían ser efectivos a la hora de reducir cierto tipo de delitos. Por ejemplo, los enfoques integrados de seguridad ciudadana han tenido cierto éxito en la República Dominicana. Estos programas combinan métodos de vigilancia con intervenciones de prevención a través de ONG y agencias del gobierno.
En algunos casos el enfoque más prometedor puede ser un programa que mejore el entorno de los barrios; en otros, un enfoque de salud pública centrada en los factores de riesgo del comportamiento agresivo.
Para combatir la violencia juvenil, problema especialmente grave en la región, hay que desarrollar programas que han demostrado ya su utilidad: programas de mentores que orientan a los jóvenes; intervenciones para que no abandonen la formación escolar los jóvenes que tienen mayor riesgo; apertura de las escuelas fuera de las horas lectivas y durante los fines de semana para ofrecer actividades alternativas a los jóvenes.
Pero el problema de la violencia en Latinoamérica no es solo del Caribe. También América Central y del Sur están entre las regiones más violentas del mundo, con más de 22 homicidios por 100.000 habitantes. Los expertos consideran que la razón es la gran disponibilidad de armas de fuego en manos de la población civil. Aunque la tenencia de armas suele estar regulada por ley, la gran mayoría de la población civil se abastece en el mercado negro.
La población civil suele recurrir a la posesión de armas de fuego creyendo que así garantiza mejor su seguridad, sobre todo cuando percibe que ha aumentado la delincuencia. Sin embargo, en la mayoría de las muertes por arma de fuego hay alguna relación entre el agresor y la víctima -parientes, vecinos o conocidos- , y la muerte no está relacionada con la comisión de un delito como robo o asalto. Normalmente, el homicidio es consecuencia de discusiones o viejas rencillas que van subiendo de tono hasta que alguien recurre a las armas.